La preocupación por el aumento de los suicidios se dispara en las zonas de reclutamiento forzado

La alerta que se encendió hace al menos dos años por una epidemia de suicidio entre jóvenes indígenas en el Chocó, en el Pacífico colombiano, se está extendiendo a la región amazónica, a cientos de kilómetros y tres cordilleras de distancia. Los reportes de Medicina Legal dan cuenta de 38 suicidios en esa zona del país entre enero y abril de este año, 19 de ellos en Putumayo y 12 en Caquetá, dos de los departamentos con más reportes de reclutamiento forzado ante la Defensoría del Pueblo. Ocho eran menores de edad. También se presentaron cuatro suicidios en Guaviare y tres más en Vaupés, donde la mayor parte de la población es indígena.

Aunque las estadísticas no precisan cuántos de esos suicidios corresponden a habitantes de pueblos nativos, la Defensoría advierte que el temor al reclutamiento forzado que ejercen grupos ilegales con el fin de aumentar su capacidad militar es una de las principales amenazas asociadas al suicidio de jóvenes pertenecientes a estas comunidades.

El vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, sostiene que los adolescentes indígenas son los que más corren el riesgo de ser reclutados. “Esa mayor probabilidad se da fundamentalmente porque para los grupos armados estos jóvenes tienen mayor resistencia a las enfermedades, cuentan con mayor fuerza física y pueden dominar los caminos que hay en la selva. Esa adaptación al ambiente selvático y hostil de los lugares por donde se mueven estos grupos los hace más buscados”, denuncia Fajardo en diálogo con EL PAÍS.

El pasado mes de mayo, cuatro jóvenes indígenas del Putumayo fueron asesinados en límites entre Caquetá y Amazonas mientras intentaban huir del frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central, una disidencia de las extintas FARC que los había reclutado. El crimen no solo impulsó al presidente de la República, Gustavo Petro, a suspender el cese al fuego bilateral con esa agrupación en la retaguardia que tiene este grupo en cuatro departamentos amazónicos, sino que puso en evidencia los problemas de seguridad que todavía golpean a esa zona.

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) comparte la preocupación de la Defensoría y reclama la atención urgente del Estado. “Los jóvenes enfrentan una situación en la que no encuentran salida. Por un lado, los grupos armados ilegales los persiguen; por otro lado, acuden a las instituciones y no obtienen respuesta. Eso lleva a condiciones difíciles de frustración, de no poder hacer realidad sus proyectos y a casos de suicidio”, lamenta Óscar Daza, coordinador de Derechos Humanos de la organización indígena.

Amazonas y Vaupés fueron los departamentos con índices más altos de mortalidad por suicidio en 2020 con tasas cercanas a 20 casos por cada 100.000 habitantes frente a una nacional de 5,96, de acuerdo con el panorama de eventos en salud pública que publicó el Instituto Nacional de Salud (INS) en noviembre de 2022.

Paradójicamente, esos departamentos presentan una menor carga de enfermedades que otros por trastornos mentales como ansiedad y depresión. Eso sugiere que, o bien otros problemas inciden en el suicidio, o hay barreras estructurales, geográficas o económicas, que impiden intervenciones oportunas en esas condiciones de salud mental. Esto se traduce en desenlaces fatales y evitables, según el informe.

La tasa de mortalidad por suicidio en Amazonas se ha incrementado desde 2018 hasta llegar a ser la más alta de todos los departamentos, mientras en Vaupés ha bajado levemente. Astrid Arrieta, psiquiatra del hospital San Antonio de Mitú, atribuye esa reducción al fortalecimiento de programas de atención en salud mental en zonas rurales. Además del conflicto, otros factores como el desarraigo cultural pueden afectar a los jóvenes cuando se trasladan hacia zonas urbanas en busca de una mejor vida, lejos de la violencia.

“Puedes tener jóvenes indígenas lejos de su familia con trastornos depresivos, que hacen que sean más impulsivos por una confrontación con la realidad. La pobreza también influye. La forma de comunicarse de ellos es diferente, de expresar su tristeza o depresión, pero no significa que no sientan”, afirma Arrieta, expresidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

El suicidio en regiones afectadas por el reclutamiento forzado con comunidades indígenas se empezó a manifestar en Chocó. En 2021, artículos periodísticos de medios como El Espectador y Cerosetenta daban cuenta de por lo menos 22 suicidios en pueblos emberá durante el primer semestre de ese año. Los casos estaban presuntamente relacionados con la presencia de grupos armados y las constantes violaciones a los Derechos Humanos.

Dos años después, el panorama en esa región del Pacífico no ha cambiado. En lo corrido de 2023, la Mesa de los Pueblos Indígenas del Chocó ha reportado 22 casos de suicidio entre su población. “Hemos visto casos en que en una familia se han suicidado dos personas, dos hermanos, o la mamá y el hijo”, revela Irma Cabrera, representante de Gobierno ancestral, una de las organizaciones que conforman esa mesa regional.

Parte del problema, dice la líder indígena, es la falta de una respuesta diferencial que reconozca sus costumbres y creencias. “Es necesario que podamos coordinar con las instituciones una sanación territorial en los resguardos indígenas para que los sabios y mayores se encarguen de armonizar y sanar el territorio de modo que esta situación no se siga presentando”, expresa Cabrera.

La población étnica ha estado históricamente en el centro del conflicto armado en Colombia. En su informe final, la Comisión de la Verdad indicó que el uso de comunidades indígenas como escudos, el reclutamiento, el desplazamiento o el confinamiento forzados se han expresado no solo en las estadísticas, sino en cambios culturales. “Los suicidios, especialmente entre los jóvenes en distintos grupos étnicos, son expresión de sufrimiento social y no solo problemas o reacciones individuales”, indica el informe.

El suicidio se convirtió en una conducta asociada a la sensación de desesperanza, según relatos que recoge el documento. “Vimos que una parte era la depresión, la tristeza, el no poder andar libre, el no poder salir a pescar, cazar, no estar en fiesta, la alegría... no tener recursos, porque no tenían cómo salir a vender su producto para generar ingresos. Con eso tenía que ver que anduvieran deprimidos, porque los emberá siempre hemos sido muy libres, nos gusta caminar mucho, nos gusta ir de un río a otro, nos gusta ir a visitar a nuestra familia, la convivencia, y eso no se permitía”, detalla el testimonio de un líder Emberá Dobidá.

En la Amazonía era común que los padres y madres enviaran a sus hijos e hijas a ciudades capitales o a países fronterizos para protegerlos del reclutamiento. En oportunidades, terminaban enfrentando otros tipos de violencia como discriminación, o explotación sexual o laboral.

En otro relato, un excombatiente indígena de las FARC en el Vaupés narró a la Comisión que los jóvenes reclutados eran enviados a diferentes frentes y asignados a operaciones en las que muchos fallecieron. Los grupos armados les hacían medir uniformes y botas, los entrenaban y luego los distribuían en unidades de combate. La mayoría eran niños y niñas entre los 12 y los 15 años.

Otro de los hallazgos de la Comisión fue la existencia de 17 corredores del conflicto en macroterritorios étnicos donde se han concentrado confrontaciones de grupos armados en disputa por zonas estratégicas para el desarrollo de economías ilícitas como el narcotráfico. Uno de ellos es el corredor sur, interconectado por los ríos Caquetá, Putumayo y Amazonas, el cual facilita la conexión con Ecuador, Perú y Brasil, países fronterizos.

“Este macroterritorio étnico permaneció bajo el control de las FARC-EP hasta la firma del Acuerdo de Paz. A partir de 2021, llegaron el frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, amenazando a la población y obligándola a vender la pasta base de coca a un único comercializador. Los nuevos grupos están integrados por exguerrilleros, exparamilitares, delincuentes comunes e incluso exmilitares vinculados al narcotráfico”, explica el informe final.

Se calcula que entre 1990 y 2017 hubo 1.796 niños, niñas y jóvenes indígenas víctimas de reclutamiento forzado, en contextos de profunda pobreza y abandono estatal. Los casos fueron atribuidos, en su mayoría, a las extintas FARC, seguidas del ELN y agrupaciones paramilitares. Los departamentos más afectados fueron Cauca, Chocó, Meta, Vaupés y Guaviare.

Después de décadas de violencia, tanto los suicidios como los reclutamientos forzados siguen amenazando a las comunidades indígenas. “Los pueblos indígenas históricamente han estado sometidos a diferentes factores que los han llevado a la reducción de su autonomía, a que vayan desapareciendo las culturas propias. Dentro de ellos, está el reclutamiento. La guerra ha hecho que los pueblos indígenas se aproximen más a la desaparición física y cultural”, señala Daza, el coordinador de Derechos Humanos de la OPIAC.

En 2009, la Corte Constitucional declaró que existe riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia. Organizaciones que representan a estas comunidades han advertido que al menos 72 de 115 pueblos, es decir, el 62%, están en riesgo de desaparición, cita el informe final de la Comisión de la Verdad.

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