Jorge Mantilla: “Colombia lleva tres décadas construyendo la paz total”

Jorge Mantilla es politólogo y doctorando en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois Chicago. Durante años ha estudiado el conflicto armado, la gobernanza criminal y la seguridad. Habla con EL PAÍS sobre el conflicto y la recién salida política de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro.

Pregunta. Muchos opinan que la violencia que vivimos en Cauca, Catatumbo, Arauca, Buenaventura, es histórica. Y lo es, pero tiene que ser posible explicar por qué se reciclaron los conflictos en esos lugares y qué los caracteriza hoy…

Respuesta. En 2017, con el proceso de desmovilización de las FARC, Colombia entra en un proceso de fragmentación de la violencia. Como eran el último grupo con capacidad de comando y control a nivel nacional, inicia un proceso de fragmentación de la violencia.

A partir de 2018, se agudizan las guerras locales, peleadas por grupos más fragmentados y de liderazgos más inestables; no son guerras nuevas, simplemente emergieron con mayor visibilidad y violencia. Su característica más importante y dramática es que no son contra el Estado sino entre grupos ilegales. Por ello la violencia contra la población civil.

Ahora bien, esos territorios que usted menciona son todos zonas de frontera, el revés de la nación según la antropóloga Margarita Serje. Colombia no ha podido integrar sus fronteras a la vida política y económica, y no las controla. Las comunidades que viven en ellas están a merced de poderes no estatales.

P. Hay lugares donde existe una institucionalidad que debería ser garante o al menos un muro de contención a la violencia ¿Por qué no funciona? ¿Corrupción y qué más?

R. Tenemos un problema de capacidades y otro de legitimidad, relacionados con la manera en la que se ven estos lugares desde Bogotá. Fíjese en Tumaco: un municipio priorizado por todos los programas de Gobierno, en el que trabajan más de treinta organizaciones internacionales. Pocas cosas han cambiado allí en los últimos años, y probablemente pocas cosas cambien en los próximos. ¿Por qué? Son lugares desconectados, sin vías de acceso, en los que se hacen “intervenciones”. Los líderes locales se burlan del “desfile de chalecos”: llega un helicóptero con funcionarios con su chaleco y su gorra institucional, hacen una reunión, reparten refrigerios y se van.

Tendemos a ver estos lugares como el lejano oeste, lugares a los que uno no debería ir. Por supuesto tienen graves problemas de inseguridad, pero también tienen un orden local, una manera de entender y dirimir los conflictos: son claves las juntas de acción comunal, los resguardos, los consejos comunitarios. Un tejido social que es un ingrediente fundamental para construir Estado. Creo que eso lo entiende este Gobierno.

La brecha de legitimidad está también mediada por la cooptación del Estado, más que por la corrupción. Se ha normalizado la cooperación de la fuerza pública con actores armados: generales, coroneles, sargentos les suplen armas e información. Son verdades judiciales, hechos irrefutables. Si vamos a la política regional el panorama es peor. En Arauca o Córdoba es prácticamente imposible hacer política sin el permiso de los grupos armados.

P. ¿Cómo y cuáles son las estructuras criminales por regiones? Usted hizo un doctorado en criminología, ¿cómo explicar sus jerarquías y modos operandi?

R. Desde la criminología no es posible entender las estructuras del crimen organizado sin tener en cuenta los esquemas de protección que el crimen recibe por parte de agentes del Estado. Ahora bien, el contexto criminal de Colombia se ha venido transformando y cada vez es más difícil diferenciar entre grupos armados políticos y no políticos.

Esto es propio de contextos en donde las insurgencias empiezan a verse sobrepasadas por las dinámicas de los mercados ilícitos mediante los cuales financian sus guerras. En el ELN se les conoce como “embambados”: comandantes que andan con cadenas de oro, celulares de alta gama, las mejores motocicletas.

El caso más paradigmático es el de John 40. Ha hecho parte de las dos disidencias, hoy está con la Segunda Marquetalia. En su momento heredó los dominios del Negro Acacio, uno de los financistas más importantes de las FARC. Ha sido célebre por sus excesos: les hacía cirugías estéticas a las guerrilleras, armaba conciertos de música carrilera. Por eso en 2010 el secretariado le hizo un juicio revolucionario. Sin embargo, apareció ahora al lado de Iván Márquez hablando de “transformaciones estructurales”.

El contexto criminal de hoy en Colombia es complejo. Tenemos tres grandes formaciones armadas: el Clan del Golfo, el ELN y las dos disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia. Todas están compuestas por estructuras que, aunque le hablan al país bajo el mismo nombre, no siempre jalan para el mismo lado. Cada una tiene una “zona de confort” donde es el actor hegemónico; de resto compite, coopera o convive con otros grupos. Por eso la lectura de un conflicto armado nacional con grandes narrativas políticas es insuficiente para entender lo que está pasando ¿Cómo explicar que el ELN trabajase con el Clan en el sur de Bolívar alrededor de la minería de oro, pero estén en guerra en Chocó? ¿O que esté en guerra con las disidencias en Arauca, pero convivan en el Catatumbo? Son otro tipo de lógicas las que explican la violencia de hoy.

P. ¿En un escenario cómo este por qué hablar de una paz total? ¿Es viable? Deseable sí, pero ¿de qué manera?

R. Colombia lleva tres décadas construyendo la paz total. Desmovilizó al M-19, a las AUC, a las FARC. En las últimas décadas hemos desmovilizado más de 50.000 personas entre procesos colectivos e individuales. No creo que haya otro país con una experiencia semejante.

Pero la política de este Gobierno, además de los problemas de planeación, ha adolecido de una estrategia de seguridad que la acompañe. Los grupos se han empoderado y la extorsión, el control territorial o el reclutamiento forzado están disparados en varias regiones. Esto genera zozobra entre la ciudadanía y le resta credibilidad a la paz total en el mediano plazo.

Por último, es previsible que cualquier acuerdo al que se llegue con el ELN o con las disidencias tenga que ser implementado por el próximo Gobierno que seguramente será uno menos entusiasta de la paz total. Se puede repetir la historia del acuerdo del Teatro Colón durante el Gobierno Duque.

P. ¿Cuáles identificaría como las dificultades? Por ejemplo, el gobierno toma la decisión por micrófono y sin más de declarar el estatus político a las disidencias de las FARC que llama Estado Mayor Central (EMC), los legitima como interlocutores. ¿Es la manera de reconocer que efectivamente estamos a merced de un ejército de disidentes?

R. El problema del Gobierno es serio. Se acerca a su primer año y los resultados en paz son insuficientes. Su caso de éxito, la tregua en Buenaventura, está saliendo mal; volvieron los desplazamientos forzados y los enfrentamientos entre Shottas y Espartanos; en la zona rural el panorama es peor. Esta semana salió un comunicado diciendo que se renovó la tregua. Habrá que ver.

El actor de mayor complejidad son las disidencias. El EMC sólo existía en comunicados, pero el Gobierno necesitaba un interlocutor válido en la negociación. Como esa validez depende de que pueda cumplir lo que pacta, necesitaban un nivel de coordinación que no tenían. Con la reunión del Yarí, el Gobierno propició la integración de una guerrilla que estaba desarticulada, y que se le puede salir de las manos.

Como los avances en la paz total dependen de que el ELN y el Estado Mayor Central hagan concesiones, ellos despliegan prepotencia. El Estado entró a la negociación cediendo las operaciones ofensivas y es difícil pensar hacia futuro qué otro recurso más valioso que ese podría utilizar en el marco de la negociación.

P. ¿Qué consecuencias puede tener ese status a las disidencias?

R. La más importante es que termina de sepultar el acuerdo de paz 2016. No sólo porque les da la posibilidad de decir que ellos son las verdaderas FARC y que nunca hubo acuerdo, cosa absolutamente falsa, sino porque abre la puerta a renegociar aspectos de este como los asuntos de reforma rural integral y de drogas. Además, teniendo en cuenta que como el EMC y la Segunda Marquetalia están en guerra en varias zonas, genera un incentivo para que esta última intente ganar relevancia. Ahí tenemos el revuelo que ha generado la supuesta refundación del frente 53 en la región del Sumapaz.

P. Usted ha planteado que no hay opción distinta a una especie de pequeñas desmovilizaciones? Explíquenos ¿Pueden éstas evitar el círculo de guerras recicladas y alimentadas por el mismo negocio: coca, minería, ¿y demás?

R. Una cosa son las economías ilegales y otra los grupos armados que las disputan y controlan. Frente a las economías ilegales, la lógica es de reducción y de contención. Como en una barca con agujeros, el objetivo es sacar agua de tal manera que no nos hundamos. Así es la lucha contra el crimen organizado. Frente a los grupos armados, la perspectiva debe ser el desmantelamiento mediante el uso de la fuerza y las conversaciones de paz o de sometimiento. Son dos caras de una misma moneda. Gustavo Duncan utiliza el término “domesticación de los armados” y creo que es la perspectiva correcta.

Si la paz total logra desmovilizar al ELN, ya sería un aporte histórico de este Gobierno. Creo que es posible llegar a acuerdos con una parte del ELN, hacer lo propio con las disidencias, y avanzar de manera decidida en recuperar la iniciativa militar del Estado.

El reciclaje de la violencia es previsible en contextos de transición a la paz como el colombiano. Nuestro problema es que nos quedamos atrapados en esa transición. Contener las economías ilícitas, desmantelar los grupos armados e impedir nuevos ciclos de violencia requiere que el Estado sea capaz de proteger a la población civil, controlar el territorio y desarrollar procesos de transformación territorial vinculados al desarrollo económico. Esto último es gradual y muchas veces tiene reveses, como el impacto devastador de la pandemia sobre los indicadores de pobreza.

A eso súmele algo que es obvio pero que poco se tiene en cuenta: usted puede desmovilizar miles de personas, pero si no detiene el reclutamiento no está haciendo nada. Una de las cosas preocupantes es que pareciera que no hay doliente de este tema en el Gobierno.

P. Por cierto ¿en qué escenario cree que está Colombia ante las nuevas apuestas de cambiar el paradigma de las drogas cuando no hay acuerdos globales al respecto?

R. La crisis de la economía cocalera en las regiones es una oportunidad para acelerar los procesos de sustitución económica y es el reflejo de varias variables: los cambios en la fuerza pública, la sobreoferta por el desborde del número de hectáreas sembradas, el énfasis en la interdicción y la creciente importancia de las drogas sintéticas a nivel global.

Faltan muchos años para que el mundo avance hacia una regulación de la cocaína como la que estamos viendo con la marihuana, y por eso, más que en un cambio de paradigma, el país debe concentrarse en un cambio de estrategia contra el narcotráfico que se integre a una política de drogas. Pienso que los compromisos sectoriales que se han hecho desde el sector defensa frente a este tema son sólidos, sin embargo, aún no conocemos la política de drogas que debe formularse desde el Ministerio de Justicia. La izquierda es sectaria incluso entré sí, y eso ha dificultado echar a andar procesos institucionales por egos y desconfianzas. La demora es preocupante dadas las expectativas que se han generado entre los campesinos cocaleros.

P. Me pregunto cuáles serían los escenarios para llegar a acuerdos humanitarios mínimos que le dieran una pausa al desangre

R. Por un lado, la plataforma humanitaria de la sociedad civil que agrupa iniciativas de diferentes regiones ha venido trabajando, desde antes de este Gobierno, en unos mínimos humanitarios de acuerdo con el contexto de cada región. Allí juegan un papel importante la iglesia y la comunidad internacional.

Por otro lado, están los acercamientos entre el Gobierno y los grupos armados en los que la supuesta voluntad de paz debería traducirse en hechos concretos. Sin embargo, estamos viendo todo lo contrario. Por ejemplo, OCHA reporta un aumento del 124% en los incidentes de acceso humanitario, y lo propio los ataques contra misiones médicas. Si los trabajadores humanitarios no pueden acceder a las zonas afectadas por la violencia para ayudar a la población civil, ¿cuál es la voluntad de paz que está viendo el Alto Comisionado de Paz? Es muy importante ser claros. Las caravanas, alivios y cercos humanitarios son una instrumentalización del término humanitario. Es de la mayor gravedad.

P. ¿Por qué no implementa este Gobierno el acuerdo de paz como estrategia única de contención de la guerra?

R. Ese era el orden de las cosas: cumplir lo acordado y seguir avanzado en la desmovilización y desmantelamiento de los demás grupos, principalmente del ELN con quien ya había una agenda y tempranamente se designaron delegaciones.

Supongamos que el acuerdo con las FARC hubiera sido implementado a cabalidad. Tendríamos igual los problema del ELN, el Clan del Golfo y la criminalidad organizada. No podemos olvidar que América Latina es la región más violenta del mundo a pesar de no tener grandes conflictos armados, por el avance de la delincuencia y la criminalidad organizada. Si Colombia lograra superar los rezagos del conflicto armado seguiríamos siendo un país con serios problemas de inseguridad como México, Brasil o Ecuador.

P. Volvamos a las estructuras de la violencia. Explíquenos el Clan del Golfo. ¿Cómo lee el proyecto de sometimiento a la justicia? ¿Es realista? ¿Qué elementos nos haría pensar que puede ser exitoso o un fracaso?

R. Es difícil que alguien pueda explicar qué es realmente el Clan del Golfo, porque tiene al menos tres formatos. Uno es el ejército privado que opera bajo el nombre de las AGC, usa brazaletes, tiene hombres con fusil y ha desarrollado un discurso político acorde al contexto de la paz total. Viene de la desmovilización paramilitar, pero han adquirido protagonismo ex miembros de las FARC que trajeron aprendizajes criminales como el ataque a la fuerza pública con artefactos explosivos. Lo encontramos sobre todo en las zonas del sur de Córdoba y el Urabá, donde impone normas, como horarios o restricciones a la movilidad, a la par que controla la política regional. Una auténtica demostración de gobernanza criminal.

Un segundo formato, a mi manera de ver el más complejo, es de la subcontratación y las franquicias criminales. Por ejemplo, hacia 2020 hombres del Clan literalmente compraron la estructura armada que quedaba de Los Rastrojos en Norte de Santander, y así hace contrapeso a la expansión del ELN, como también lo han hecho en los llanos y el suroccidente. Este formato les permite incursionar en diferentes ciudades, particularmente en Cartagena y Barranquilla, donde se han incrementado los homicidios. Cooptan y patrocinan bandas locales que operan a nombre del Clan en momentos importantes, como el paro armado de mediados del 2022. Aunque queda la sensación de que el Clan controla todo el norte del país, eso es bastante relativo.

Por último, está la red de intermediación transnacional, un formato más empresarial que llega a trabajar con otros grupos si existe la ventana de oportunidad para hacerlo y juegan un papel muy importante pues gestionan el gran narcotráfico, desde la exportación hasta el lavado de activos.

La ventaja del Clan sobre los otros grupos es su pragmatismo. Son omnívoros, a donde llegan desarrollan rápidamente formas de regulación de la ilegalidad y la informalidad. Por eso es tan difícil que se sometan colectivamente. Probablemente haya avances concretos con gente que ya esta presa o en problemas con la justicia, pero las estructuras con capacidad financiera y militar robusta no tienen incentivos para hacerlo. Veremos procesos de ajustes internos como la muerte de Siopas y creo que prevalecerán la confrontación y la persecución judicial.

P. Entramos al tercer ciclo de conversaciones con el ELN en un par de días. ¿En qué escenario estamos con esa guerrilla? Si no son los escenarios de poder tradicionales, curules, cargos, la dosis de impunidad por verdad, justicia y reparación, ¿A cambio de qué harían la paz?

R. No creo que ellos mismos lo sepan. Una cosa querrá Pablito, otra Beltrán y los moderados. Habrá que ver qué sector gana el pulso interno. En las declaraciones de Antonio García se nota una desconexión enorme con los tiempos y las necesidades de una negociación seria. El ELN está en el mejor de los mundos: opera a sus anchas, sigue gozando de la protección del Gobierno de Venezuela, e impone los tiempos y los términos de la negociación. Por eso, uno esperaría que los organismos de inteligencia estén pensando ya en qué estructuras integrarían unas eventuales disidencias del ELN; un reciente informe de la JEP habla de ocho frentes.

Los escenarios de poder en los que el ELN se siente más cómodo son los del movimiento social. Cuando el ELN habla de poder popular habla justamente de eso, de integrarse a plataformas de la sociedad civil en zonas como el Catatumbo, Arauca o el Sur de Bolívar donde tradicionalmente han estado ligados al poder local. De allí que la participación de la sociedad civil sea un punto central de la agenda de la negociación.

La mayor parte del COCE pasará a buen retiro, pero el problema en estos procesos son los mandos medios. En el caso del ELN muchos son guerrilleros de medio tiempo, más bien simpatizantes o colaboradores.

P. ¿Y las disidencias? ¿A cambio de qué negociarían?

R. Hay dos grandes ámbitos geográficos de negociación. El primero es la Amazonía, que pasa por los asuntos de frontera agrícola, deforestación, coca y tenencia de la tierra. El segundo es el eje Cauca-Nariño, donde los conflictos étnico-territoriales y las salidas al mar son determinantes. La posibilidad de desactivar la violencia dependerá de la naturaleza y la trayectoria de cada estructura armada. Los cerca de 20 mil combatientes que hoy engrosan las filas de los grupos armados hacen parte de las comunidades, tienen trayectorias de vida ancladas a esas realidades territoriales. A algunas estructuras disidentes no les interesó la paz antes ni les va a interesar ahora, como el Comando Coordinador de Occidente que hace parte del EMC y es una de las estructuras que más ha violado el cese al fuego.

Las disidencias tienen tres tipos de integrantes: los que nunca entraron al acuerdo, los rearmados que son más una especie de reincidentes, y los nuevos reclutas. Un error craso del Gobierno fue no entender esto desde el principio, porque la negociación se parecerá más a la de un pliego de peticiones que a la de una agenda de negociación de país. Es lo que interpreto cuando analizo las declaraciones de Iván Mordisco o de Calarcá; ellos se ven a sí mismos como voceros armados de las comunidades.

Lo que le corresponde al Gobierno es poner el acelerador en la implementación de lo ya acordado en 2016, con lo cual le quitará presión a los territorios y argumentos a las disidencias. De manera paralela debe incorporar en el plan de desarrollo aspectos concretos de los pliegos de peticiones locales, que lleven a mejorar la calidad de vida en estos lugares. Ahora bien, si eso no está acompañado de la recuperación del control territorial, el uso de la fuerza y la contención de las economías ilícitas, es poco probable que esa negociación salga bien.

P. Los protocolos de verificación del cese al fuego cómo pueden ser efectivos en violencias cruzadas? ¿De estructuras de unos y otros actuando en los territorios al mismo tiempo?

R. Ese es quizás el mayor desafío de la paz total. Mientras el Estado no recupere la iniciativa militar y la inteligencia tenga un carácter estratégico y no solo operacional, va a ser difícil detener esas confrontaciones. No se entiende cómo se instala un mecanismo de verificación cuatro meses después de que se decreta un cese al fuego con el EMC, que además ha dicho que no puede cumplirlo.

Una de las falencias de la paz total es que no hay líneas rojas. No hay consecuencias para los grupos que continúan matando, desplazando y extorsionando. Un día están en la paz total, al otro día ya no tanto. Nadie les pone límites.

P. Se lanzó, pasados ocho meses, la estrategia o plan de seguridad y defensa nacional. ¿Qué aciertos encuentra?

R. En primer lugar, reconoce que estamos en una crisis humanitaria lo cual en comparación con el gobierno anterior que vivía en permanente negación de la realidad es un paso enorme. El hecho que reconozca esa crisis e incorpore indicadores como desplazamiento forzado y confinamientos, hace suponer que la política va a ser evaluada en esos términos. Recuerde que venimos de una política cuyos indicadores principales eran capturas y hectáreas erradicadas de coca.

En segundo lugar, pone la protección de la población civil en el centro de sus objetivos, totalmente alineada con las organizaciones humanitarias. Adicionalmente reconoce la necesidad de fortalecer los mecanismos de autoprotección de las comunidades, que era una necesidad imperante. Estamos hablando de las guardias indígenas, campesinas y cimarronas. Es un tema polémico porque muchos lo entienden como la claudicación del monopolio de la fuerza. Yo considero que es reconocer una realidad de facto ¿Con qué cara decirles a las comunidades en el norte del Cauca o en el Putumayo que renuncien a estos mecanismos si el Estado no tiene la capacidad, y muchas veces la voluntad, de protegerlos? Como le decía, la materia prima de la construcción de Estado son las formas de autoridad y de acción colectiva que ya existen en el territorio nacional.

P. ¿Encontró respuestas al cómo? ¿Cómo se recupera territorio y se protege el medio ambiente, más allá del enunciado?

R. Toda política pública plantea una visión del problema, unos principios, unas líneas de acción, y unas instancias de implementación y evaluación. De allí se desprenden programas, planes y proyectos que la aterrizan.

Yo creo que hay una lectura clara de la realidad el país y de las regiones y una idea clara del cómo, pero por supuesto su éxito depende de la implementación, que muchas veces escapa del margen de acción de los hacedores de la política. Hay que tener en cuenta que en materia de seguridad y defensa el presupuesto siempre es escaso. Sin embargo, me parece preocupante que la política de seguridad sea subsidiaria de la política de paz total.

P. ¿De qué manera la estrategia del gobierno atiende la perspectiva del crimen organizado?

R. En la descripción que hace la nueva política de las amenazas, hay una lectura acertada de la preponderancia del crimen organizado en el contexto actual. Toda esta idea del multicrimen refleja el afán de grandilocuencia de este Gobierno, de demostrar que antes no se había hecho nada y que se las saben todas, pero al final incorporaron la perspectiva de la Convención de Palermo sobre Crimen Organizado. Primó la sensatez.

Yo concuerdo con el Gobierno en que hay que hacer un especial énfasis en el lavado de activos, la interdicción y la relación entre crimen y Estado, incluyendo la política, que la nueva política desarrolla por dos vías. Por un lado, formula una estrategia de desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales, las que no están en busca de objetivos políticos sino de controlar el territorio para acumular rentas ilegales. De hecho, esta nueva política de seguridad dice explícitamente que el conflicto armado en Colombia terminó lo cual es sorprendente porque por otro lado está la paz total.

Dentro de esta estrategia de desmantelamiento de organizaciones criminales hay tres elementos centrales: el fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia, el rediseño de la comisión para la coordinación institucional para el control del lavado de activos, y la creación de un sistema para la coordinación de la desarticulación del multicrimen. No soy partidario de la creación de instancias pues considero que escenarios ya existentes como el consejo de seguridad nacional podrían perfectamente ser funcionales.

Por otro lado, están las estrategias contra las economías ilícitas de drogas y de minería ilegal y explotación de hidrocarburos. Entonces crea herramientas para desmantelar los grupos y para contener las economías de las que se lucran. No es la política más sofisticada que se pueda encontrar, pero si se ejecuta bien puede será un gran avance.

P. ¿En qué momento aparece la transversalidad entre el sistema de justicia y la política de seguridad y defensa?

R. Acá la cosa empieza a complicarse; el “adanismo” del que padecemos en Colombia nos hace siempre querer inventarnos la rueda. Me explico: en junio del 2022, dos meses antes de que se posesionara este Gobierno, el Ministerio de Justicia con el apoyo de la ONU sacó una estrategia territorializada contra el crimen organizado. Una cantidad de tiempo y recursos invertidos en diseñar una estrategia que no creo que este Gobierno vaya a retomar y a articular con su política de seguridad. Debería hacerlo.

Por otro lado, tenemos un plan nacional de política criminal que se supone tiene vigencia hasta el 2025. Ahí el Ministerio de Justicia, que tiene un rol central en los temas penitenciarios y de sometimiento a la justicia, tendrá que tomar decisiones claves. Por lo pronto la nueva política de seguridad considera aumentar el número de jueces de extinción de dominio con un énfasis en que sean rurales e itinerantes. De igual manera contempla la adopción de un modelo de cooperación con el poder judicial, incluida la Fiscalía, mediante macro investigaciones. Es algo que se lleva haciendo varios años.

Gran parte de los problemas son los temas de articulación y coordinación. Como se eliminó la figura del Alto consejero para la seguridad nacional, esta articulación tendrá que hacerla el propio presidente. No veo quien más pueda dirigir la orquesta.

P. ¿Cómo se imagina a Colombia en 3 años?

R. En estos ocho meses he pasado del optimismo moderado al escepticismo. Me preocupa que la paz total fracase, pues supondría un aumento de la violencia, otra frustración para las comunidades más afectadas y sobre todo el repunte del “mano durismo” contra el crimen. La nueva política es prometedora y dependerá de su implementación si se logra enderezar el camino.

Si al Gobierno la va mal la derecha optará por impulsar el modelo Bukele en Colombia, como ya lo está haciendo. El mensaje del revolcón ministerial es claro y viene un aumento de la polarización, con el deterioro de la democracia que eso implica. Las elecciones locales de octubre serán determinantes para aclarar el panorama, pero considero lamentable el vacío del liderazgo que existe en el “centro”. Hay mucho por hacer y es importante ayudar

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