El día que las FARC debían dejar de existir

En Colombia llegó el día 180. Esto significa que las FARC deberían haber entregado todas sus armas y dejar de existir como guerrilla, como grupo armado, según el calendario que se estableció con el Gobierno de Colombia hace 6 meses, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, los excombatientes sienten que cuando dejen de estar armados serán asesinados por los paramilitares que han ganado fuerza y han ocupado los territorios que las FARC han ido dejando en su desmovilización.

La sociedad civil está acompañando desde el inicio el proceso de paz y ahora más que nunca, es importante estar en las zonas más afectadas por el conflicto, como Urabá, y ver cómo se lleva a cabo un acuerdo que tanto ha costado. Junto con otras ONG, InspirAction está visitando las comunidades y escuchando las preocupaciones de quienes quieren un cambio de vida. En las últimas entrevistas con los comandantes de las FARC expresaron su miedo tras la desmovilización, por su vida y por la de sus familias. De hecho, dos miembros de las FARC han muerto tras entregar las armas, al igual que varios miembros de sus familias. En los últimos tiempos también han aumentado los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que aumenta claramente el nerviosismo de quienes planean transformarse en un movimiento político, no armado, lo que los convierte con mayor probabilidad en un objetivo para los paramilitares.

El nerviosismo y el miedo aumentan con la memoria reciente de los años 80 cuando varios miembros de las FARC se afiliaron a un movimiento político, Unión Patriótica, que fue casi completamente exterminado por una coalición letal de las fuerzas armadas del gobierno y los paramilitares. Otra señal negativa sobre la voluntad política está siendo el fracaso del gobierno para cumplir con lo previsto en cuanto al establecimiento de campos para que las FARC concentren y reubiquen a sus tropas. Hace meses que deberían haber estado listos y todavía están lejos de ser una realidad.

“Nos amenazan, nos asesinan y silencian nuestra voz”

Líderes de la comunidad expresan el mismo temor. Durante años se está acompañando a estas comunidades y es triste ver que ahora parece que tienen más miedo que nunca. Con el proceso de paz, uno pensaría que mejoraría la seguridad de estas personas que lideran sus comunidades, pero está sucediendo exactamente lo contrario. Con las FARC fuera del territorio como grupo armado, los paramilitares han tomado el control en muchas áreas, mientras que otras están bajo control del ELN (grupo insurgente que no ha participado en los acuerdos de paz), existen los combates entre ambos grupos, lo que obliga a las comunidades a seguir viviendo en Urabá en constante crisis humanitaria. Esto no quiere decir que los pueblos estén a favor de las FARC que tanto dolor han causado como grupo armado. Las comunidades son firmes defensores de los acuerdos de paz y han participado activamente en el proceso, ahora denunciando que algunos sectores de las fuerzas armadas gubernamentales en la localidad colaboran directamente con los paramilitares o permiten que actúen sin control.

Los obispos regionales, las organizaciones de la sociedad civil, el Defensor del Pueblo, todos están lanzando campanas de alarma sobre esto. Sin embargo, el gobierno sigue ignorando la existencia de los vínculos entre paramilitares y sectores del ejército, a pesar de las numerosas denuncias de los líderes comunitarios que día a día lo ven. Obviamente, sin reconocer este problema es difícil que el gobierno pueda tomar medidas serias para investigar y enjuiciar a los miembros corruptos de las fuerzas armadas.

La creciente presencia de grupos paramilitares amenaza a las comunidades, a los excombatientes de las FARC y al propio proceso de paz tal y como está previsto. Los Acuerdos de Paz disponen una serie de medios preventivos para analizar este tema, donde se incluye el establecimiento de una unidad independiente en la oficina del fiscal y un consejo de seguridad nacional presidido por el presidente Santos. Sin embargo, se ha avanzado muy poco en esto y el gobierno parece carecer de la voluntad para abordar seriamente esta cuestión y sigue negando que estos ataques sean sistemáticos. Como representantes de la comunidad internacional, tenemos la obligación de defender los acuerdos y ejercer presión para su implementación, junto a la sociedad civil colombiana. El papel de la comunidad internacional no debe ser subestimado. Para muchos de los comandantes de las FARC: “sólo debido a la comunidad internacional el proceso de paz se ha mantenido hasta ahora".

Paralelo a esto, el Tribunal Constitucional declaró recientemente que el procedimiento de la vía rápida especial para “leyes de paz” es inconstitucional, lo que genera el riesgo de que las leyes acaben por diferenciarse de las firmadas en el Acuerdo de Paz a finales del año pasado por las FARC y el Gobierno. Esto está generando tensión en los sectores que apoyan el proceso de paz y piden que los legisladores respeten el espíritu de los acuerdos y resuelvan los obstáculos legales con sencillez y lo más rápidamente posible.

La desmovilización está en marcha, pero el futuro de las FARC sigue siendo incierto. Por el momento, la prórroga del acuerdo les permite quedarse en los campos durante 3 meses más. Para entonces, tal vez las perspectivas de un proceso de paz exitoso sean un poco más brillantes.

Thomas Mortensen es coordinador de InspirAction/C-Aid en Colombia. Ha participado recientemente en la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz en Bajo Atrato-Urabá.