Colombia bajo extorsión

Un vendedor ambulante en Barranquilla, al norte del país, paga entre 50.000 y 100.000 pesos semanales para que lo dejen trabajar. El dueño de un negocio un poco más al sur, en el mismo litoral Caribe, puede estar pagando hasta 10 millones de pesos al mes para que no le cierren el local. Una mujer que quiere montar un puesto de jugos y ensaladas de fruta en un andén, durante la ciclovía dominical de Bogotá, tiene que pagar al dueño del espacio (sí, porque el espacio público tiene dueños) siete millones de pesos para poder ubicarse en el lugar soñado.

Mafias y más mafias. Todo es una mafia en Colombia. Los comerciantes formales e informales hoy son víctimas de unas mafias que no garantizan nada distinto al miedo de perder la vida o perder lo poco que con esfuerzo se ha construido si no se paga la cuota o extorsión que exigen para que permitan operar.

¿Pero quiénes son esos que cobran? En varios departamentos del país las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, mejor conocidas como Clan del Golfo, se convirtieron en más que narcotraficantes y mineros ilegales. Evolucionaron a ser una especie de autoridad paralela multicrimen que se deleita sembrando el terror en la comunidad.

Ellos, que ahora quieren posar de actores políticos, no son más que un grupo de miserables personajes que se lucran de la zozobra y de la urgencia de la mayoría por sobrevivir. Así, bajo su amenaza armada, sucumben pequeños vendedores ambulantes, grandes productores agrícolas, comerciantes medianos y empresarios de toda índole quienes saben que, si no les pagan a estos asesinos, algo malo pasará.

Es famoso en el departamento de Córdoba el caso de un contratista vial a quien le quemaron hace algunas semanas la maquinaria de construcción porque se negó a pagar la extorsión. Tras ese hecho, el constructor abandonó la obra y ahora busca dar por terminado el contrato con el Estado, pues este no fue capaz de garantizar la seguridad para poder continuar con el proyecto que le había sido encomendado. ¡Qué desesperanza!

Nos quejamos de la corrupción de los políticos que exigen coimas sobre los contratos que se firman, pero poco decimos de estos delincuentes que se creen los dueños del país y, por ende, exigen a todos una porción del ingreso, como si tributarles trajera algún beneficio. ¡Mil veces miserables!

Es ahí cuando los discursos de paz total tienen y no tienen sentido. Tienen sentido porque es imposible construir un mejor país si no se acaba de una vez por todas con esas organizaciones dedicadas a pulverizar las ilusiones de los emprendedores. No tienen sentido porque esos grupos nunca desaparecen, así como ha ocurrido con las bandas narcotraficantes. Si se logra desmantelar un grupo dedicado a la extorsión, en poco tiempo aparece otro y otro y otro más interesado en hacerse a las ganancias que dejó de percibir el anterior.

Es lo que pasa en Barranquilla, donde ya no son ni una ni dos las bandas que amenazan a la población, sino seis los grupos que, con armas, masacres y atentados, siembran el terror y acaban con la ilusión de algún día vivir mejor. ¡Mil veces miserables!

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