Los fuegos nunca pararon: la paz total mantiene solo dos de sus cinco ceses

La ambiciosa política de paz total de Gustavo Petro empezó este año con cinco grandes y esperanzadoras promesas, seguidas de tres grandes y preocupantes tropiezos. El año arrancó con el presidente anunciando y celebrando un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo, y las Autodefensas de la Sierra Nevada. “La paz total será una realidad”, dijo el presidente el 31 de diciembre. Pero la buena noticia de año nuevo se diluyó rápidamente. Cinco meses después, ya no hay alto al fuego bilateral con tres de esas cinco organizaciones: el ELN, el Clan del Golfo y, más recientemente y de forma parcial, con el Estado Mayor Central. Eso significa que, por lo menos formalmente, regresa la ofensiva militar con las tres organizaciones ilegales más grandes del país.

El ELN nunca se subió al bus: pocos días después del anuncio de Petro, en enero, aclararon molestos que nunca se había llegado a tal acuerdo en la mesa de negociación, y hasta el día de hoy aún no se ha logrado. Con el Clan del Golfo —un grupo heredero del paramilitarismo al que el gobierno espera someter vía judicial porque no reconoce su estatus político— el cese al fuego terminó a mitad de marzo por orden del presidente: el Clan seguía imponiendo el terror en varios territorios y no demostraba tener voluntad de un diálogo.

El llamado Estado Mayor Central o EMC, la federación de grupos disidentes de las extintas FARC que encabeza alias Iván Mordisco, tenía una oportunidad de oro. Además del cese al fuego, el Gobierno le había reconocido su carácter político para abrir una mesa de negociaciones de paz, en marzo de este año. Según tres analistas consultados, el Gobierno y sus comandantes habían comenzado a tener muy buenas comunicaciones desde el principio de las negociaciones.

Pero el presidente anunció el fin del cese al fuego tras el asesinato de cuatro jóvenes indígenas a manos de uno de los grupos del EMC, el llamado Frente Carolina Ramírez, en el Putumayo. Además, eran menores de edad que habían sido reclutados forzosamente. “Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad lo mismo”, dijo este lunes Petro en Twitter, al anunciar que se reactivarían las operaciones ofensivas en 72 horas. Ese fin del cese al fuego es parcial, pues solo se retoma la ofensiva militar en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo— las zonas en las que tiene más fuerza el EMC. Ese grupo, por su lado, ha dicho que el Ejército no estaba cumpliendo con el cese al fuego, y que la nueva decisión “desatará la guerra”.

El fin de ese cese al fuego, sin embargo, no significa el cierre de la mesa de negociación. Y sí le permite a Petro cumplir con una recomendación que le habían hecho varios críticos: mantener los diálogos sin detener la ofensiva militar. Es decir, los sucesivos anuncios de dar por terminados tres ceses al fuego son un punto de inflexión de la política de paz total del Gobierno.

“Todo esto demuestra que Petro se equivocó cuando les ofreció a los grupos un cese al fuego bilateral sin tener compromisos ya en sus manos por parte de ellos, porque nadie le ha cumplido”, dice León Valencia, analista político y director de la fundación Pares, que promueve procesos de paz. “Petro pensó en diciembre que el cese al fuego bilateral iba a tener mucho eco, por el clamor de paz que hay en las regiones, pero varios de estos grupos más bien aprovecharon para seguir creciendo”, añade. Valencia la ve como una movida política que le salió mal al mandatario y que dará paso a “un tiempo de confrontación” militar.

Laura Bonilla, subdirectora de Pares, concuerda, con un tono más optimista. “Lo veo como una buena noticia”, dice sobre el cambio de enfoque de la paz total. “Porque el ELN o el EMC siguen disputando control territorial, dejando muchas víctimas de por medio; porque los actores ilegales siguen en disputa entre ellos y no ha funcionado esta fórmula tradicional del cese al fuego bilateral en estos meses. En cambio, ahora, lo que se le puede pedir a la mesa de negociación es avanzar sin confinar a la gente, sin ceder control territorial del Estado, sin dejar un sinnúmero de víctimas”, añade. “Yo creo que, desde que presentó su política de seguridad el 16 de mayo, el presidente no está renunciando al horizonte de la paz total, pero lo está reencaminando”, concluye.

La política de paz total sí había logrado que disminuyeran drásticamente los enfrentamientos entre las fuerzas militares y los grupos ilegales armados, lo que en general beneficia a los civiles, que siempre quedan en el medio. Pero no han disminuido las actividades ilegales en general ni los enfrentamientos entre los grupos ilegales. El número de desplazamientos rurales, por ejemplo, aumentó en algunos municipios del Pacífico o del suroccidente colombiano, donde varias organizaciones tienen presencia y chocan entre sí.

Ahora Petro pide que no se vuelva a plantear un cese al fuego bilateral sin que se garantice la seguridad de los ciudadanos y el Estado no deba ceder el control del territorio a los armados. “Cese al fuego significa cese de hostilidades a la población civil, entrada del estado civil a la zona para transformar las economías no legalizadas en economías prósperas para el campesinado, acuerdos de sostenimiento de las tropas en conflicto”, dijo el presidente en su cuenta de Twitter.

Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group para Colombia, se lamenta sin embargo que el cese al fuego con el EMC haya llegado a este punto: encuentra que aunque estaba avanzando lentamente, ya daba algunas luces positivas, como ir formando un extenso protocolo del cese al fuego con un robusto mecanismo de monitoreo. “Era un protocolo que podría replicarse” en otros casos, dice.

Al final, retomar la ofensiva militar no pone en menos peligro a la población civil hasta que haya otro cese al fuego posible. “Esta crisis en la paz total le pasa cuenta a la ciudadanía, a los civiles que están viviendo en territorios en zonas como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, donde las operaciones pueden volver a arrancar”, dice Dickinson.

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