El drama de las residencias en la pandemia, causa abierta: “No vamos a tirar la toalla”

Cuatro años después de que la pandemia de covid-19 aterrorizara al mundo, aún duele, y mucho, la herida de los familiares que pelean en los juzgados para exigir responsabilidades por lo sucedido en aquella primera oleada del virus en las residencias de mayores. B. prefiere no dar su nombre. Tiene 47 años y su caso está instruyéndose en un juzgado de Collado Villalba (Comunidad de Madrid). Su padre tenía 72 años, un alzhéimer avanzado y, cuando la fiebre empezó a subir y la saturación de oxígeno a bajar, no fue derivado al hospital, como le ocurrió a tantísimos ancianos aquellos días. “El trabajador social nos dijo que en la residencia pidieron trasladarle al hospital y que lo denegaron. No sé si habría sobrevivido, pero no le dieron una oportunidad”, se lamenta. Tras el reguero de archivos de estos años, dice que no espera mucho de la justicia. Pero ella y sus hermanos, como otras decenas de casos, siguen ahí, intentándolo, con un hilo de esperanza en lograr una resolución favorable. “Para que no se olvide lo que pasó, para que no vuelva a pasar”, explica.

En aquellos días, las residencias se convirtieron en el epicentro de la pandemia, lugares en los que convivía la población más frágil ante el virus: mayores y con pluripatologías. Cerca de 35.000 personas que vivían en estos centros murieron en España hasta enero de 2023 con el virus o con sintomatología, sin siquiera poderse hacer un test en los primeros meses. Solo hasta junio de 2020, fueron más de 19.000. Madrid fue la autonomía con más muertos. En marzo de 2020, en la comunidad se dictaron unos protocolos que restringían la derivación al hospital de personas en situación de dependencia que vivieran en residencias. Como el padre de B. Ella insiste en que, pese a su alzhéimer, estaba sano, y que en otras ocasiones, antes de la pandemia, cuando tenía infección de orina (a lo que atribuyeron la fiebre en un principio) sí era trasladado al hospital.

Resulta muy complicado trazar un mapa de cómo avanzan las causas judiciales en los juzgados: no hay estadísticas. Las últimas para todo el país las facilitó el año pasado la Fiscalía General del Estado, correspondientes a septiembre de 2022. Entonces había 106 procedimientos judiciales activos. Actualmente, están recopilándose nuevamente los datos, explican fuentes del organismo. Consultadas las fiscalías de Madrid y las de Cataluña, por ser las dos autonomías con más fallecimientos, en la primera comunidad había a final de marzo 72 procedimientos en marcha por la vía penal. En la segunda, unas semanas más tarde, al menos cuatro. Es imposible cuantificar las demandas civiles.

Pueden exigirse responsabilidades por la vía penal, cuando alguien denuncia un delito bien ante la propia Fiscalía o directamente en los juzgados (no hay un registro específico sobre estas últimas). Pero también es posible plantear demandas civiles o por la vía contencioso-administrativa, que pueden derivar en una indemnización si se prueba un incumplimiento contractual o un funcionamiento anormal de un servicio público. Juristas consultados ven más factibles estas últimas, dado que por la vía penal es imprescindible constatar la causalidad: que alguien murió por la atención que se le dio en el centro o por la decisión de no trasladarle al hospital. Y que, de haber sido derivado, no habría fallecido.

B. optó por la vía penal, la suya es una de las más de 300 querellas que presentó en la Comunidad de Madrid Marea de Residencias, una organización que lucha por los derechos en estos centros. En cambio, Jorge Sancha, de 47 años, recurrió a la vía civil. Su madre también murió en la primera oleada de la pandemia, en la provincia de Alicante. Él, como los familiares de otras 17 personas, reclama a la residencia y a la aseguradora una indemnización. Pero Sancha insiste: “Por mucho dinero que me den, el sufrimiento no queda resarcido. No es una cuestión económica, sino de querer saber la verdad: qué pasó y qué se hizo”. Y eso tienen en común él y B., aparte de que sus causas siguen abiertas y que los procedimientos se han alargado durante años.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, cuenta que la batalla judicial es “un suplicio”. Las primeras querellas se presentaron en 2020. Ningún caso por la vía penal ha llegado a juicio en Madrid, confirman las asociaciones de familiares y la propia Fiscalía. Se van archivando antes, en instrucción. “Desmoraliza. Y también ver cuáles son los motivos y que no se quiera llegar al fondo de la cuestión, que son unas decisiones políticas, una gestión criminal porque ha llevado a la muerte sin asistencia a muchísimas personas. Con el paso del tiempo esto será una mancha tremenda de nuestra sociedad”, añade López.

Al dolor se le suma además la indignación que causan declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien llegó a afirmar el pasado febrero que “mucha gente mayor, cuando iba a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está gravemente enferma con el covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio”. En la Comunidad explican que en 27 ocasiones la justicia les ha dado la razón respecto a la actuación en residencias durante la pandemia, pero no aclaran por qué vía, ni en qué instancia judicial. Los familiares han exigido en los juzgados que Díaz Ayuso pida perdón, una medida requerida por ley y que supone el paso previo a la presentación de una posible querella por injurias. Así que las asociaciones siguen en la lucha. López advierte: “No vamos a tirar la toalla. No vamos a darnos por vencidas hasta agotar el último cartucho, y seguramente, más allá del último que podamos agotar en España, seguiremos en la justicia europea”.

La madre de B. tenía una plaza privada en el centro Sanitas Torrelodones. Llevaba allí dos años cuando estalló la pandemia. Cuenta que el 14 de marzo se prohibieron las visitas. Les comunicaron que lo habían cambiado de habitación el 19 de marzo, pero que no tenía nada que ver con el virus, y el 21 de marzo, que tenía infección de orina pero que “no presentaba síntomas respiratorios por ahora”. El 29 de marzo el centro informó de dos positivos. Y el 31 recibieron una llamada de la doctora: su padre llevaba una semana con la infección de orina y la fiebre había llegado a 39,2 y “le habían puesto oxígeno”.

La tarde del 1 de abril, llamaron a B. “Me dijeron que estaba bajando mucho la saturación de oxígeno, que la frecuencia cardiaca estaba muy baja y que iban a darle morfina. Asimilamos que se nos iba. Nos dijeron que, si queríamos, podíamos ir a verle para despedirnos. Lo agradecí, nos dejaron pasar a los tres [hermanos] un poquito”, prosigue. Recuerda “con horror” aquel pasillo. “Habían metido allí a los sospechosos de estar infectados o a los que estaban más débiles, y me acuerdo sobre todo de una señora que estaba gritando porque nos veía con los trajes aquellos y se asustaba”. Fue en esa visita cuando se enteraron de que habían intentado derivar a su padre al hospital, sin éxito. “En el juzgado, la médica dijo que llegaron a llamar a una ambulancia, pero de esto nadie me informó”, se queja. Sanitas declina hacer declaraciones sobre el caso mientras está el procedimiento judicial en marcha.

La querella de B. se formuló contra la residencia, contra la directora y contra la médica del centro, pero también contra Díaz Ayuso y contra los responsables de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Justicia e Interior, Enrique López. En un primer momento se sobreseyó, pero recurrió y la Audiencia Provincial determinó que se reabriera la causa. En su caso se ha llamado a declarar a Alberto Reyero, quien en la primera oleada de la pandemia fue consejero de Políticas Sociales y llegó a dimitir, arremetiendo contra los protocolos. También declaró Carlos Mur, ex director general de coordinación sociosanitaria y firmante de los protocolos, quien aseguró que no eran de obligado cumplimiento, aunque también afirmó que sus superiores conocían su existencia, según trascendió.

Citaciones como estas dan esperanza a las familias de que se pueda ir escalando hasta determinar algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido. Es la estrategia que ha seguido uno de los abogados de Marea de Residencias, Carlos Vila: conseguir que declaren personas vinculadas a los protocolos. “El problema es que los jueces, primero, están resolviendo solo sobre el homicidio imprudente, cuando nosotros también estamos acusando de denegación de auxilio, de prevaricación y de trato degradante”, explica. Y continúa: “Ellos dicen que es medicina de catástrofe. Nosotros decimos que esto no se resuelve en instrucción, sino en el juicio”. Así que el letrado recalca que, tras los archivos, ya se han presentado 44 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, indica que el problema de la vía penal es que hay que demostrar que lo que ha matado a una persona es no haber sido atendida en el hospital, algo complicado en estas circunstancias. “Aunque hay veces, como en el caso de Madrid Arena, en el que el Tribunal Supremo se ha saltado su propia doctrina”, expone. Ve más factible probar en los tribunales el delito de prevaricación, consistente en aprobar a sabiendas una resolución injusta. “La única duda es que [para que haya condena hay que probar que] quienes elaboraron los protocolos sabían que eran contrarios a derecho”, afirma.

Los familiares son muy críticos con la respuesta de la justicia. También con el papel de la Fiscalía, a la que han acusado de inacción, igual que también hizo Amnistía Internacional. Fuentes del Ministerio Público madrileño replican: “Hemos agotado la investigación hasta donde hemos podido llegar”. Y añaden: “Había un geriatra en cada hospital [que evaluaba qué mayores de residencias podían ser ingresados], hemos comprobado que se les llamó, las pautas que dieron. Sí hubo traslados al hospital. Los protocolos fueron pautas de carácter general pero se atendieron los casos concretos. Todo esto hay que analizarlo en el contexto [de pandemia] en el que se produce. Puede [que las decisiones tomadas] tengan una responsabilidad política, pero no penal. Si el modelo residencial ha fallado, hay que cambiarlo”.

Lo que resulta indiscutible es que las derivaciones a centros sanitarios se desplomaron aquellos días. “Esta especie de triaje se hizo de una forma absolutamente contraria a los principios más elementales de la medicina”, expone José Antonio Martín Pallín, abogado y ex magistrado del Tribunal Supremo. Él presidió la comisión ciudadana que elaboró un informe sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid. “Según los datos que facilitó la propia Comunidad, el 45% de las personas que fueron derivadas de residencias a hospitales, públicos o privados, salvaron la vida”, aduce, “luego, haciendo una proyección sobre esta cifra, se podrían haber salvado 4.000 personas”. Él también ve posible probar que hubo prevaricación. Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, asociación que defiende los derechos en las residencias de Madrid, explica que la sensación de las familias es de “decepción” y añade: “Creemos que hay un sesgo político por parte de los juzgados de Madrid”.

Pero la decepción va mucho más allá de esta comunidad. María José Carcelén, de la Coordinadora de Residencias 5+1, radicada en Cataluña, recuerda que allí también hubo restricciones en la derivación a los hospitales de mayores que vivían en residencias, y muchos ancianos fallecieron sin recibir una atención sanitaria adecuada.

“Ha habido una intención absoluta de pasar página, sin investigar ni hacer justicia”, dice Carcelén. “Nosotros pusimos una denuncia de 31 residencias en la Fiscalía de Barcelona, con mucha documentación. Había incluso un correo electrónico donde se decía que no podían derivar al hospital. No llamaron a declarar a nadie, ni a trabajadores ni a familiares. Archivaron”, afirma. En la Fiscalía de Barcelona explican que entre 2020 y 2022 se presentaron 44 denuncias y concluyeron que debían archivarse todas menos una, que continúa instruyéndose en un juzgado. Carcelén señala que “las residencias no estaban preparadas para hacer frente al virus, y el 72% de los enfermos que murieron con covid o con síntomas entre marzo y abril no fueron derivados a los hospitales”.

Jorge Sancha afirma que la residencia en la que murió su madre fue una de las más castigadas de España. Allí, en el centro DomusVi de Alcoi, en Alicante, “murieron 74 personas de 140 plazas ocupadas y ninguna fue trasladada al hospital”, recuerda José Luis García, presidente de la asociación de familiares de ese centro. La Generalitat intervino la residencia, pero los familiares acusan al centro de no haber seguido correctamente las pautas sanitarias. En 2021, 46 allegados de 18 fallecidos presentaron una demanda por lo civil contra Quavitae Servicios Asistenciales SAU, empresa matriz que gestiona DomusVi, y Mapfre España, su aseguradora. El comienzo del juicio está señalado para el 30 de septiembre. Están expectantes.

Sancha es uno de esos demandantes. Su madre llevaba en el centro desde 2010, en una plaza pública. Padecía demencia frontotemporal. “El 13 o 14 de marzo la centralita de la residencia dejó de funcionar. Unos días después apareció la primera noticia en prensa: cuatro fallecimientos. Encontré un teléfono genérico de DomusVi y llamé, al día siguiente me devolvieron la llamada y me dijeron que estuviéramos tranquilos, que tenían mucho trabajo en la residencia pero que si no me llamaban era porque mi madre estaba bien. A los días, las noticias ya hablaban de 16 muertos y decían que la Generalitat había intervenido el centro”, recuerda. “Nos metimos en un grupo de WhatsApp de la plataforma de familiares y cada día alguien indicaba que había fallecido un allegado. Era terrible”. Así, su desesperación fue en aumento, sin noticias de su madre. A través de un contacto en el Ayuntamiento, le dijeron que tendría una videollamada pronto. “Al día siguiente recibí la primera llamada del centro y me dijeron que era positiva y estaba aislada. No me habían dicho nada hasta entonces. Fue el 26 de marzo, me imaginé lo peor”.

No iba desencaminado. “Su estado en la videollamada era deplorable, estaba raquítica, no hablaba. Es cierto que desde entonces cada tres o cuatro días hacíamos una videollamada”, afirma. “Ella nos había reconocido siempre a mi hermano y a mí. Ya no lo hacía. El 14 de abril nos llamaron para decirnos que había empeorado”. Cuenta que les invitaron a despedirse de ella a través de la pantalla, y que fue durísimo. “No le dijimos adiós, solo que la queríamos mucho. Ella solo movía los ojos”, recuerda. “Falleció el 15 de abril. Hacía poco que había cumplido los 78″.

Sancha dice que entonces fue todo tan terrible que solo querían pasar página, pero un día, oyendo la radio, escuchó las declaraciones del jefe de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Virgen de los Lirios, que coordinó la intervención de la Generalitat de la residencia de mayores. Acusaba al centro de no seguir las indicaciones que les dieron. Así que él y su hermano decidieron demandar. DomusVi rechaza hacer declaraciones sobre el caso. Sancha se indigna por momentos. Hace un par de años no podía siquiera hablar de esto.

El letrado especializado en derecho sanitario Carlos Sardinero explica que al principio “cientos” de familiares se pusieron en contacto con él para reclamar por vía judicial. Ahora quedarán una decena, “la mayoría en Madrid, alguno en Valencia”. “Mucha gente ha perdido la fe”, dice. Él no. Está convencido de que los casos pueden prosperar. Ha presentado ya “tres o cuatro” demandas por la vía contencioso-administrativa. Sardinero añade: “Mis clientes, más que una reparación económica, buscan que se valore con justicia lo que ha ocurrido, que una sentencia determine que hubo responsabilidad, que se actuó mal”. Eso es lo que tienen en común B. y Jorge Sancha. Una por la vía penal, otro por lo civil. Pero las mismas ganas de que se juzgue lo ocurrido.