La Fiscalía informa de 106 procesos judiciales activos por la gestión de la covid en las residencias
Los familiares de las víctimas expresan su decepción tras la reunión con el Fiscal General del Estado ante la falta de “un compromiso firme” para reabrir las denuncias archivadas
La Fiscalía General del Estado ha explicado este miércoles a las plataformas de familiares y usuarios de residencias, tras meses de espera, los datos sobre el número de procedimientos judiciales en trámite por el fallecimiento de más de 35.000 mayores en los centros durante la pandemia. El Ministerio Público ha comunicado que, a fecha de 30 de septiembre del pasado año, había 106 procedimientos judiciales en trámite y otros 34 archivados por órganos judiciales, según la información remitida por las distintas fiscalías provinciales. De ellos, 20 habían sido iniciados por denuncia o querella del propio Ministerio Fiscal, que también recurrió 31 autos de archivo.
Los familiares han acudido a la reunión con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para reclamar la reapertura de las causas archivadas y pedir una “investigación exhaustiva” de los fallecimientos en las residencias. Para ello han entregado más de 200.000 firmas en la propia reunión, la primera desde que se reclamara hace más de ocho meses. Al finalizar, han expresado su decepción con la falta de propuestas de acción concretas. “Llegamos insatisfechos y decepcionados y hoy nos vamos con una situación similar”, ha explicado Paulino Campos, presidente de REDE y miembro de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias.
“El trato ha sido muy político, pero no salimos con un compromiso firme de que las denuncias que se archivaron se vuelvan a abrir”, ha afirmado María José Carcelén, de la Coordinadora de Asociaciones de Familiares cinco más uno. Según las organizaciones de familiares, muchos casos se archivaron “sin hacer una investigación seria y en profundidad y sin citar a los responsables políticos y de las residencias”. “Si no se produce esa reapertura, van a quedar impunes las muertes de miles de personas en residencias, algo impensable en un Estado de Derecho”, ha incidido Carcelén.
Los datos proporcionados por la Fiscalía indican que el grueso de las investigaciones, más de 400, comenzaron durante 2020 y la primera mitad de 2021, y concluyeron antes de 2022 siendo archivadas. Su conclusión se debe a la interposición de denuncia o querella, o por remisión al órgano judicial al constatarse que los hechos estaban ya judicializados, por acumulación a otras diligencias ya abiertas o por no haber podido acreditarse que existió un hecho delictivo, explica el Ministerio Público.
García Ortiz instó en octubre de 2022 a los fiscales superiores de toda España a escuchar a los familiares afectados y adoptar las medidas de investigación que fueran necesarias para esclarecer la responsabilidad de las residencias y los gobiernos. Pero las asociaciones insisten en que eso no ha pasado. “Yo no estaría aquí ahora si se hubiera hecho un trabajo serio de investigación”, ha asegurado María Jesús Valero, que es portavoz de Marea de Residencias y que perdió a su padre en una residencia madrileña. Desde la Fiscalía aseguran que están solicitando la audiencia de los familiares en todos los procedimientos judiciales en los que no se llevó a cabo, incluso en los ya archivados si los familiares lo solicitan. “La Fiscalía tiene la obligación y la voluntad de escuchar a las víctimas, y los ciudadanos deben sentirse siempre amparados por la justicia, aunque las competencias son las que tenemos”, aclaran.
En el escrito que las organizaciones de familias le han entregado a la Fiscalía General de Estado durante la reunión, se piden medidas concretas, como la creación en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas y provinciales de secciones especializadas para investigar todas las violaciones de derechos de las personas mayores producidas en las residencias. “Hay que señalar que en unos 270 centros se produjeron más de 20 fallecimientos durante la pandemia. Estos centros, obviamente, deberían haber sido objeto de un especial seguimiento por parte de la Fiscalía”, exponen.
Las asociaciones también han denunciado en dicho documento que, en la inmensa mayoría de los procedimientos judiciales, los fiscales “no han asistido ni a las declaraciones de los familiares de las víctimas, ni a las de las personas investigadas, ni a las declaraciones testificales de relevancia”. Valero ha incidido en esta idea: “Los fiscales siguen sin aparecer en el juzgado. Ya sabemos que la situación es complicada y los recursos no son infinitos, pero así no nos permiten defendernos y declarar bien”.
El Fiscal General del Estado ha ofrecido a los representantes de Marea de Residencias, Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias y la Federación de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (REDE) mantener una nueva reunión más adelante para seguir facilitándoles información sobre las actuaciones de la Fiscalía y para escuchar sus propuestas. “Se nos ha escuchado, y esperemos que esta reunión se produzca y nos vuelvan a llamar”, ha expresado Carcelén.
