La lucha de los familiares de fallecidos por covid en las residencias: “Quieren que nos olvidemos”

“Las instituciones se esfuerzan para pasar página y que nos olvidemos de todo. Pero yo voy a estar hasta el final de mi vida en esta lucha”, asegura Ángela Arreba. Antes de la pandemia, ella y sus hermanos visitaban todos los días a su madre en una residencia de la Comunidad de Madrid. Murió sin noticias de sus hijos ni oportunidad para despedirse en abril de 2020. “No me quiero imaginar qué pensaría ella y cómo le explicarían, si acaso tuvieron tiempo para explicarle, por qué no estábamos allí”, expresa Arreba. Su madre fue una de las 35.000 personas mayores que fallecieron en las residencias españolas durante la pandemia. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles la falta de investigación por parte de los fiscales españoles y de justicia para los familiares de las víctimas, que siguen esperando casi tres años después de la primera ola de la pandemia.

Sin investigación no hay alivio, y muchas familias sienten que no pueden pasar página. “Los fallecimientos de todas esas personas mayores no han recibido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni información por parte de las instituciones del Estado. Han quedado en la impunidad”, expone Esteban Beltrán, el director de Amnistía en España. “Las familias tenemos una decepción absoluta con la no intervención de la Fiscalía — y de la justicia en general — en la mayor parte de los casos. Nos hemos sentido absolutamente abandonados, no se ha investigado lo suficiente”, prosigue Paulino Campos, cofundador de La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias. Amnistía contabiliza cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores en las residencias: vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna.

Sin datos

En octubre de 2022, la Fiscalía General del Estado remitió un oficio en el que instaba a los fiscales superiores a escuchar a los familiares afectados y adoptar las medidas de investigación que fueran necesarias para esclarecer la responsabilidad de las residencias y los gobiernos. Sin embargo, cuatro meses después, las asociaciones de familias insisten en que nada de eso ha pasado, y Amnistía Internacional denuncia la opacidad de la Fiscalía. “No existen datos de acceso público del total de diligencias penales en las que ha intervenido, no se sabe en qué ha consistido la actuación de la Fiscalía, no se sabe a cuántas familias se ha preguntado por su experiencia”, explica Beltrán.

Los datos disponibles son, según Amnistía, “parciales”, y corresponden únicamente a las memorias anuales de algunas fiscalías provinciales, como la de Madrid, donde han sido archivados el 86% de los casos. “A pesar de que hemos mandado cartas a la Fiscalía varias veces, nunca se nos han proporcionado cifras con la información actual”, protesta Beltrán. A finales de enero de 2022, la organización calculaba que casi el 90% de las investigaciones abiertas a hogares de mayores, 451 de 517, habían sido archivadas. Las familias afectadas también han enviado cartas. La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias y Marea Residencias remitieron en junio y agosto del año pasado dos cartas a los fiscales generales del Estado para exigir una investigación profunda de las actuaciones de las residencias durante la primera ola de la pandemia. Todavía no han recibido respuesta. La fiscalía propuso este martes a las organizaciones una reunión a principios de febrero.

A Arreba le cuesta quitarse la culpabilidad del pecho. “El dolor nos acompañará siempre, pero si supiéramos alguna cosa más, si la fiscalía hiciera un análisis exhaustivo, tendríamos un poco de alivio”, cuenta. Durante el confinamiento le fue imposible ponerse en contacto con su madre, porque la residencia en la que vivía se encontraba en una situación “caótica”, y el personal no tenía tiempo ni para pasarle el teléfono. Aún así, le aseguraban que su madre se encontraba bien. “Bajé un par de veces a esperar a la puerta, a ver si salía alguien que pudiese contarme cosas, que pudiese pedirle que se asomara a la ventana para poder vernos”, recuerda. Pero no pudo ser. Tres días antes del fallecimiento de su madre, el médico de la residencia le reconoció que, de haberla trasladado antes al hospital cuando su salud comenzaba a empeorar, podría haber salvado la vida, pero que, en ese momento, ya no merecía la pena.

“Alguien se eligió a sí mismo como Dios”

Campos incide en la necesidad de clarificar la relación entre el elevado número de decesos y los protocolos que se publicaron tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña o en Castilla y León, por los que se excluía de la asistencia hospitalaria a las personas mayores “por el hecho de vivir en una residencia, o por el hecho de tener determinadas discapacidades o patologías severas, que afectan a más del 80% de las personas que viven en los geriátricos”. El protocolo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid rechazaba el ingreso del grueso de la población de 50.000 mayores que vivían en residencias para evitar el colapso hospitalario. Tres de cada cuatro fallecidos en la primavera de 2020 lo hicieron en la cama de su residencia, según un análisis que publicó EL PAÍS. “Alguien se eligió a sí mismo como Dios, y decidió quién podía vivir y quién no”, incide Arreba.

Uno de los peligros de la falta de transparencia y reconocimiento público, según advierten Amnistía y las asociaciones, es que, si se diera otro confinamiento o una tesitura parecida por otras razones, la situación que se vivió en los hogares de mayores se repetiría de nuevo. Beltrán se pregunta: “¿Cómo puedes crear un nuevo modelo de residencias si no has estudiado antes lo que ha fallado?”. El director de Amnistía España remarca la necesidad de acordar “unos mínimos de materiales, de relaciones con el ámbito familiar, de dignidad en el trato y de apoyo” para los familiares.

La querella que presentaron Arreba y sus hermanos ha pasado más de dos años metida en un cajón. El 15 de marzo están citados, junto a otras familias, para prestar declaración ante el juez. “Solo pretendemos saber con certeza cuánto personal había en la residencia, qué tratamiento tuvo mi madre, con qué medios contaban y de quién era la responsabilidad”, prosigue. Campos pide a las autoridades una investigación exhaustiva para las familias que, como la de Arreba, necesitan reposo. “No podemos volver a poblar nuestra historia contemporánea de más cadáveres en las cunetas o en los armarios”. Y Arreba, pregunta de nuevo: “Si las cosas se hicieron correctamente y bajo el amparo de la ley, ¿por qué hay tanto miedo a comparecer?”.