El cargo madrileño que durante la pandemia firmó el triaje para residencias vuelve a señalar al exconsejero Escudero

Carlos Mur, el alto cargo madrileño que firmó los protocolos que impidieron la hospitalización de mayores de residencias enfermos de covid, ha vuelto a señalar en los juzgados a su “jefe”, el que era consejero de Sanidad, Enrique Escudero, según el abogado de las familias Carlos Vila. Mur ha reiterado este martes que Escudero estaba informado de esos documentos y fue quien decidió la medicalización de los hogares de mayores y la elaboración de un protocolo sobre derivaciones a hospital. Es la tercera vez que Mur, exdirector general de coordinación sociosanitaria, declara como testigo en los juzgados, debido a que la investigación se ha fragmentado en multitud de instancias judiciales en función de dónde residían los fallecidos. Lo más significativo de esta ocasión es que Mur ha hablado ante una jueza, en el municipio de Collado Villalba, que está investigando la posible responsabilidad penal de los políticos madrileños, entre ellos la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

La jueza María Cristina García Quesada había archivado la causa con respecto a Ayuso y a dos de sus consejeros cuando ocurrieron los hechos, en marzo y abril de 2020: el entonces responsable de Sanidad, Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López. Sin embargo, el mes pasado la reabrió por orden de la Audiencia Provincial y pidió a la Comunidad de Madrid documentos sobre su gestión. La mandataria madrileña dijo tras conocer la noticia que estaba confiada de que la jueza estaba preparando el terreno para el archivo definitivo.

Mur, que no ha hecho declaraciones a los medios este martes, ha añadido que a su modo de ver los protocolos no eran de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, una médico de la residencia Sanitas Torrelodones ha asegurado que pidió sin éxito hasta tres veces al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda que aceptaran a Luis Yanci, un anciano enfermo que finalmente falleció el 2 de abril. La geriatra designada en ese hospital público para atender los pedidos de derivación de residencias denegó el traslado siguiendo los protocolos que elaboraron en la Consejería de Sanidad.

En la calle esperaban dos hijas de Yanci, querellantes en este caso. Formaban parte de una treintena de manifestantes que portaban cruces en las que se leía “Víctima de Ayuso”. Yanci tenía 72 años y padecía alzhéimer avanzado. Quedó fuera del hospital porque las distintas versiones de los protocolos excluían a las personas con falta de autonomía.

“A pesar del alzhéimer, mi padre estaba sano”, decía una de sus hijas, que pidió ser identificada como B. Y. Durante dos años en la residencia, su padre había sido hospitalizado en varias ocasiones, a veces solo con unas décimas de fiebre. “Nos extrañó mucho cuando nos dijeron que estaba enfermo, pero lo tratarían en la residencia”, añadió su hija.

La hija dijo tener “un poco de esperanza” en una resolución judicial favorable, pero añadió que “Ayuso es muy intocable”.

Sin embargo, el abogado de las familias, Vila, se mostró optimista. “Con las declaraciones de hoy la jueza lo va a tener difícil para archivar de nuevo”. Explicó que de las decenas de casos de residencias que lleva adelante, este tiene rasgos favorables. En concreto, se refirió a los intentos de derivación de la médico de la residencia y a un informe del forense de la Comunidad de Madrid que indica que el mayor fallecido debería haber sido hospitalizado.

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, también ha hablado como testigo. Reyero era el responsable de la supervisión de cerca de 500 residencias de mayores en Madrid, donde vivían unas 50.000 personas, pero fue la consejería de Sanidad la que decidió que esos mayores serían atendidos en esos hogares colectivos, en lugar de en los hospitales. Este martes ha explicado a los periodistas que la jueza tenía interés exclusivo en hablar del caso concreto, en lugar de poner el foco en las decisiones políticas. La jueza no le ha preguntado nada relacionado con Ayuso o los otros consejeros querellados, ha dicho. “Entiendo que es una situación un poco peculiar porque las personas querelladas están aforadas y, por lo tanto, no sé si (los jueces) deben mantener algún tipo de cautela a la hora de preguntar o no”.

También estaba llamada a declarar la exdirectora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que no se ha presentado y ha explicado a este diario que no recibió notificación del juzgado.

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