Un juzgado en Madrid toma por primera vez medidas para investigar a Ayuso por los “protocolos de la vergüenza”

Una jueza de Collado Villalba está investigando la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y dos de sus consejeros en las muertes de la primera ola en las residencias de mayores. Es la primera vez que un juzgado va más allá del examen del personal de residencias y hospitales para analizar si hubo responsabilidad de los políticos, según el abogado de la parte acusadora, Carlos Vila, que lo valora como un paso adelante para las familias después de tres años reclamando justicia por los conocidos como “protocolos de la vergüenza”, que supusieron el cierre de los hospitales para las personas mayores de residencias más vulnerables.

Consulte el auto de la jueza de Collado Villalba en este enlace.

La jueza, María Cristina García Quesada, ha pedido a la Consejería de Sanidad que aporte el plan de choque del 26 de marzo de 2020, los protocolos que filtraron el acceso a los hospitales y los recursos materiales de la supuesta medicalización de las residencias. Además, ha citado como testigos para el 7 de noviembre al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; al cargo que firmó los protocolos, Carlos Mur; y a la directora general de Salud Pública que dimitió en mayo de 2020, Yolanda Fuentes.

La jueza emitió su auto el 2 de octubre y la noticia ha sido adelantada este viernes por el diario El Salto. La decisión ha llegado tras una orden de la Audiencia Provincial, que ha estimado el recurso de la acusación contra el archivo anterior y ha exigido la continuación del procedimiento respecto a los tres políticos, la presidenta y los entonces responsables de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Justicia e Interior, Enrique López. Esa segunda instancia ya ha estimado otros recursos de las familias contra el archivo de sus querellas, pero Vila dice que esta es la primera ocasión en que los magistrados de la Audiencia Provincial ordenan la reapertura pidiendo expresamente que se investigue a esos tres políticos.

Los abogados de las familias se han topado hasta ahora con un muro judicial cuando han exigido responsabilidades de políticos. Por orden del Tribunal Supremo en 2020, los jueces de primera instancia de Madrid deben analizar los posibles indicios de criminalidad de Ayuso y sus dos consejeros a pesar de que los tres políticos están aforados ante instancias superiores. En caso de que esas sospechas fueran sustanciadas, el Supremo sería el órgano ante el que están aforados los tres. Tras salir del Gobierno este año, Escudero es ahora senador y López se ha reincorporado a su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, los jueces que han examinado hasta ahora los casos particulares uno a uno se han quedado en el primer peldaño de responsabilidad, el de las residencias y hospitales. Esta limitación ha causado frustración a las familias porque entienden que cuidadores y médicos se limitaban a cumplir los protocolos que les envió la Comunidad de Madrid.

El abogado Vila, que representa a los familiares patrocinados por la asociación Marea de Residencias, dice que es una buena noticia para las familias tras muchas decepciones. “Después de tres años pierdes la confianza, pero esto es un cambio y nuestra valoración es positiva, aunque hay que guardar cautela”.

Más de 400 querellantes presentaron en 2020 acusaciones respaldadas por Marea de Residencias. De ellas, “quedan vivas” casi 200, apunta Vila. Muchos jueces han dado un rápido carpetazo a sus casos, pero otros han tomado pasos destacados. Así, en marzo un juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid, oyó como testigos a Mur y Reyero. En junio, otro juez de esa misma sede escuchó a Reyero y a Fuentes en un caso esponsorizado por otra asociación de familias, Pladigmare. Este martes ese mismo juez ha citado a Mur, a quien no pudo localizar en un primer momento.

Los hechos que está investigando la jueza de Collado Villalba se refieren a una muerte sucedida en la residencia de Sanitas en Torrelodones, un municipio al norte de la capital. El fallecido dependía del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

La jueza ha pedido documentos que nunca han sido publicados, como el plan de choque que la Comunidad anunció el 26 de marzo de 2020 y que supuso el envío a las residencias de bomberos, personal de Protección Civil y militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Ese mismo día, sin ser anunciado al público, Mur asignó la coordinación de la respuesta médica a una mujer sin experiencia relevante, Encarnación Burgueño. Esta es hija del primer zar de la covid de Ayuso, Antonio Burgueño, y trazó un plan caótico e infradotado al que llamó Operación Bicho. Otros documentos solicitados por la jueza son ya conocidos, como las cuatro versiones de los protocolos entre el 18 y el 25 de marzo.

Una portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, dice que “todavía hay esperanza” para las familias. Planean una concentración el 7 de noviembre frente a los juzgados de Collado Villalba. “Esto es una noticia positiva”, añade López. “Es una alegría”.

Contacta al autor en fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.