Un juzgado remite al Supremo la querella de las familias de residencias contra Ayuso

Un juzgado en Madrid ha enviado al Tribunal Supremo la querella colectiva de las familias de residentes fallecidos en Madrid durante la pandemia contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y otros miembros de su Gobierno. La juez de instrucción Belén Sánchez ha remitido la acción de los familiares al alto tribunal, ya que Ayuso está aforada, según el auto notificado este viernes a las partes y dado a conocer por la plataforma Marea de Residencias.

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Los querellantes acusan a miembros del Gobierno de Madrid de haber elaborado protocolos que recomendaron a los hospitales excluir a pacientes de covid-19 dependientes y con discapacidad. La querella es parte de un creciente frente judicial que agrupa ya a más de 200 familiares contra miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y directores de residencias en la región. Les acusan de homidicio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación.

Las familias de la Marea de Residencias han presentado otras dos querellas en juzgados de instrucción de la región, en Leganés y Alcorcón. Más de 6.000 personas han muerto en residencias de la Comunidad desde el 8 de marzo y hasta este martes con covid-19 o con síntomas de la enfermedad.

Díaz Ayuso ha dicho que su Gobierno no dio orden de triaje a los hospitales y que solo elaboró un borrador

Los querellantes consideran discriminatorios los protocolos que elaboró la consejería de Sanidad al inicio de la crisis sanitaria para excluir a ciertos pacientes de residencias madrileñas para evitar el colapso de los hospitales. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha cuestionado la legalidad de estos documentos. EL PAÍS reveló este viernes cómo Reyero ya advirtió el 22 de marzo a su compañero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de las “graves consecuencias legales” que podían acarrear. Ante los rechazos de los hospitales, Reyero pidió durante semanas a Escudero que reforzara la atención sanitaria en los geriátricos. Le advirtió de que los mayores estaban muriendo en condiciones indignas.

La jueza también ha acordado dar traslado a la Fiscalía y recuerda que contra el auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.

La presidenta Ayuso ha dicho que su Gobierno no dio orden de triaje a los hospitales y que solo elaboró un borrador. Pero múltiples testimonios y correos indican que sí se produjo esa exclusión. EL PAÍS ha visto correos del director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, en los que se ordena que distintas versiones del protocolo, firmado por él, fueran enviadas a las residencias. Los protocolos dan instrucciones a las residencias para decidir conjuntamente los traslados con los geriatras de sus hospitales de referencia. La versión final data del 25 de marzo y recomienda excluir a pacientes con grandes dependencias.

El abogado Carlos Vila cree que elevar el caso al Supremo puede ayudar a los querellantes a recabar más apoyos de otras familias, ya que las causas en el alto tribunal producen ese efecto llamada. “Se supone que un juez o magistrado debería sentar justicia del mismo modo para una persona que para 5.000, pero en la práctica es relevante que haya más personas apoyando la querella”, le dice Vila a este periódico.

Vila es un veterano letrado que llevó la defensa de los afectados por la intoxicación con aceite de colza en los años 80. “Aquí veo una responsabilidad más directa de homicidio (que en el caso de la colza) por parte de la Administración, porque dieron órdenes directas”, añade.

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