Falta personal en las residencias: La Rioja suspende las multas a los centros que incumplan la ratio de trabajadores

Ante las dificultades para encontrar personal, no se puede multar a las residencias y centros de día de mayores que no cumplan con las exigencias de trabajadores que constan en los contratos. Este es el razonamiento del Gobierno de La Rioja, del Partido Popular, que ha suprimido las penalizaciones a las compañías que justifiquen que han tratado, sin éxito, de cubrir los puestos. Asegura que se trata de una medida “excepcional, temporal y controlada”, aunque no especifica cuándo expirará. La oposición y los sindicatos se han llevado las manos a la cabeza, estos últimos piden acabar con la precariedad laboral y alertan de que abre la puerta a que las empresas dejen de contratar personal y merme así la calidad en la atención. Las compañías del sector piden más financiación a las administraciones y afirman que llevan años alertando del problema. Ninguna otra autonomía ha adoptado por el momento esta medida, aunque el Ejecutivo cántabro, también del PP, informa de que está trabajando en una resolución en la misma línea.

Publicada la resolución, iniciadas las movilizaciones. Esta semana, tanto UGT como CC OO han convocado protestas en Logroño contra lo que han calificado como la “amnistía del PP” a estos centros. El Boletín Oficial de La Rioja del 26 de enero daba los detalles: se exime de penalidades (como se denomina a este tipo de penalización) a las empresas que incumplan la ratio de trabajadores que se establece en los contratos con la Administración y que justifiquen sus intentos “infructuosos” para incorporar a profesionales en las ofertas de empleo “en diversos canales”. La Consejería de Salud y Políticas Sociales justifica la medida ante el “déficit y carencias de personal”, que se han “incrementado progresivamente” tras la pandemia. Faltan trabajadores, especialmente sanitarios (médicos y enfermeras), pero también personal de atención directa (gerocultores), fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, según la resolución.

El PSOE e Izquierda Unida en La Rioja piden la revocación “inmediata” de la resolución. Los socialistas han anunciado que llevarán el asunto al Defensor del Pueblo y estudian acudir a la Fiscalía. UGT y CC OO han presentado sendos recursos contra la resolución y aseguran que la jurisprudencia les respalda, dado que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha emitido cinco sentencias entre 2015 y 2023 en las que rechaza la suspensión de penalidades que solicitaban las empresas, aduciendo lo complejo que resulta lograr empleados. “La dificultad objetiva de contratación no constituye una causa de exoneración”, se recoge en los fallos, según explican los sindicatos. “No puede ser considerada como un supuesto de fuerza mayor, una vez finalizado el estado de alarma”, se puede leer en otra sentencia.

Según los sindicatos riojanos, en esta comunidad la medida solo tiene precedentes en 2021, cuando también se adoptó esta decisión en mitad de la pandemia, y ante la virulencia de la emergencia sanitaria, especialmente en los centros para mayores. Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, una de las patronales del sector, defiende que la iniciativa de La Rioja es “consecuente con la realidad actual”. “Llevamos años diciendo que se están exigiendo cosas que no podemos cumplir, todas las empresas están solicitando al servicio de empleo de las comunidades determinados perfiles profesionales. Si la sanidad pública tiene problemas para encontrarlos, qué no tendremos nosotros”, añade.

Los sindicatos apuntan a la precariedad laboral. Alrededor de medio millón de personas está empleada en el sistema de la dependencia en España, según CC OO. La OCDE señaló en un informe el año pasado que muchos países tienen dificultades para contratar a trabajadores de larga duración y que, dado el envejecimiento de la población, la demanda aumentará rápido. El estudio constataba la alta temporalidad y los bajos salarios. Esperanza Artirio es auxiliar de enfermería con 19 años de experiencia. Trabaja de gerocultora en La Rioja. En 2020 cobraba un salario base mensual de 1.007 euros y ahora es de 1.134. “Ni siquiera cobramos un plus por los festivos, y los domingos [los cobramos] a razón de 18 euros adicionales, en caso de trabajar. Eso en bruto. Es irrisorio”, dijo a la Cadena SER. “Se trata de cuidar a las personas, incluso en malas condiciones, lo mejor posible”, añadió.

Fernández-Cid, de la patronal FED, asegura que no es solo una cuestión de condiciones laborales, también de prestigio profesional. Y reclama que las administraciones aumenten la financiación, para poder mejorar los salarios. Reclama además otras medidas, como una coordinación sociosanitaria, así como más plazas universitarias para médicos y enfermeras. “Y procesos de homologación [de títulos] ágiles, que no los tenemos”. “Lo que no podemos hacer es no hacer nada, porque se va haciendo un problema endémico y estructural”, dice.

Archivo de expedientes

El presidente de esta patronal explica que hay autonomías en las que se tiene en cuenta, “a la hora de valorar la gravedad del incumplimiento [de la ratio]”, si la empresa ha justificado que está en búsqueda muy activa de profesionales, pero asegura que no son todas, ni está aprobado en una resolución, como en La Rioja. Algo que confirman en la Consejería de Políticas Sociales de Cantabria: ahora mismo, si se abre un expediente sancionador pero la empresa acredita mediante un certificado que ha intentado contratar personal y no lo ha conseguido porque no había nadie disponible en el servicio público de empleo, se archiva.

Pese a la decisión adoptada, el presidente riojano, Gonzalo Capellán, aseguró en el Parlamento que “todas las residencias” de la región “cumplen con los criterios y las ratios sobre el personal”. En Políticas Sociales afirman que la medida afecta a las plazas de financiación pública (muchas de las cuales son concertadas en un sector en el que el sector privado tiene un fuerte peso), es decir, las que tienen “contratos con la Administración” [2.001 plazas públicas y concertadas sobre un total de 3.917]. Según la consejería, estos recogen exigencias “muy por encima” de la normativa riojana, que tiene ya 25 años. Y “había una penalidad muy gravosa que, sumada a la inflación, “estaba poniendo en grave riesgo al sector y al sistema sociosanitario en general”. Según explican, una sola entidad tuvo sanciones por más de 250.000 euros entre 2021 y 2023.

En 2023 se registraron en esta autonomía 11 expedientes sancionadores por un importe total de 490.000 euros por cualquier causa, no solo falta de personal (350.000 de ellos, a residencias de mayores y 140.000 a centros de día). Esta cifra se desconoce a nivel nacional, porque las competencias son autonómicas y el resultado de las inspecciones no es público. Pero, por poner en contexto, 1.133 residencias para mayores recibieron una multa entre 2014 y 2020, según datos a los que accedió EL PAÍS, y un cuarto de las penalizaciones se debió a falta de personal.

Un “disparate”

Los sindicatos están muy preocupados. Carmen Martínez, secretaria de la Federación de Servicios Sociosanitarios de CC OO en La Rioja, considera que la medida “hará que las empresas dejen de contratar y se ahorrarán el pago de las multas”. Fernando Domínguez, secretario de UGT Servicios Públicos en esta comunidad, critica además que “no va a solucionar el problema en las residencias y los centros de día”.

Las condiciones de trabajo del sector llevan tiempo encima de la mesa, especialmente a raíz de la pandemia. Ya en la legislatura pasada el Gobierno planteó que, con el aumento de financiación del sistema de dependencia, quería que se mejoraran las condiciones. La aportación de la Administración General del Estado pasó “de 1.400 millones de euros en 2020 a 3.200 en 2023″, según recordó hace un par de semanas el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), quien se comprometió a que, a lo largo de la legislatura, se llegue a aportar el 50% de lo que cuesta el sistema y que el otro 50% corra a cargo de las autonomías (que actualmente sufragan el mayor peso del coste). El ministro defendió también que debe mejorarse la situación de las cuidadoras, que “con demasiada frecuencia trabaja en condiciones precarias”.

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, califica de “disparate” la resolución de La Rioja. La realidad, afirma, no es que no haya personal: “No hay condiciones de trabajo atractivas para que la gente quiera estos empleos”. Reclama “calidad”, algo que “requiere de cualificación y de mejora de las condiciones salariales y de trabajo”. Para lo cual considera imprescindible que el aumento prometido de la financiación de la dependencia vaya ligado, por un lado, al cambio de modelo de cuidados (las comunidades autónomas y Derechos Sociales aprobaron en la legislatura pasada un acuerdo que fija las condiciones mínimas que ha de exigirse a los servicios de la dependencia), y por otro, a reducir las listas de espera y mejorar las ratios y condiciones laborales.

En ello están de acuerdo todos los consultados. Hace falta dinero. Andrés Rueda, portavoz de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es contundente: “No podemos ser cómplices de que se amnistíen sanciones”. Pero critica que no se hayan tomado medidas eficaces para combatir el problema, y pone varios ejemplos: ni se ha aumentado lo suficiente la financiación del coste de la plaza ni hay planes para traer trabajadores de otros países, como hay en Finlandia, Suecia o Alemania.

En el sector se estima que, de media, el coste de una plaza no llega en España a los 70 euros al día. Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios SiiS, recuerda que España sigue “muy lejos” de lo que gastan otros países en cuidados de larga duración.

Muchas familias, mientras, ponen el grito en el cielo cuando escuchan hablar de la medida en La Rioja. “Es inmoral y escandaloso”, resume Miguel Vázquez, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, que agrupa a organizaciones de 11 comunidades. “Gran parte de las quejas tienen que ver con la falta de personal. Están abriendo la puerta a que las empresas sigan obteniendo beneficios a costa de la atención de los mayores y a que sigan teniendo menos personal”.