Los inspectores de Ayuso exigen a las residencias criterios de calidad “desfasados” de hace 34 años

El mínimo que exigen los inspectores del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a las residencias de mayores sigue siendo una norma de 1990, cuando el sector estaba tan desregulado que eran comunes los centros clandestinos en chalés y las necesidades de cuidadores eran menores porque el alzhéimer no causaba tantos estragos. Los estándares de entonces han sido superados por criterios más exigentes en otras comunidades e incluso en Madrid, que es más rigurosa con los 111 centros que reciben financiación pública para plazas concertadas, pero para buena parte de un sector compuesto por casi 500 centros el listón no ha cambiado desde hace 34 años.

Esta llamativa situación ha sido denunciada esta semana por la asociación de familias Pladigmare en una nota de prensa. Pladigmare cree que los distintos Gobiernos del PP en Madrid han actuado en connivencia con las empresas. Esta asociación resalta que, siguiendo ese baremo de 1990, los inspectores están dando por bueno el cumplimiento de un mínimo de 35 trabajadores por cada 100 usuarios, un criterio inferior a las aspiraciones de calidad del Ministerio de Derechos Sociales y otras comunidades, que exigen ratios de casi 50 trabajadores por cada 100 usuarios.

Para las familias en Madrid esta tolerancia es frustrante, dice Pladigmare. Cuando ponen reclamaciones porque sus mayores están desatendidos, la Unidad Técnica de Quejas de la Consejería les deniega la razón porque la residencia cumple con los ratios de la orden, la 612/1990, como ha podido comprobar EL PAÍS.

Dotar a las residencias de más profesionales es considerado como una clave para mejorar el servicio, pero las empresas del sector se resisten. Para ellas el coste de su plantilla supone el 60% o más de sus gastos de operación. Fuentes empresariales advierten de que tendrían que subir los precios que pagan las familias.

Con los años, las comunidades han elevado los mínimos de trabajadores y la propia Comunidad de Madrid ha mejorado este requisito para ciertos tipos de residencias como las 111 que reciben a usuarios con plazas concertadas (un contrato por el que la Comunidad paga a las empresas esas plazas a cambio de que cumplan unos criterios de calidad).

Fuentes del sector indican que otras comunidades han elevado su mínimo en años recientes, siguiendo la iniciativa del Gobierno central que ha tratado de poner de acuerdo a las autonomías para elevar la calidad. No obstante, Madrid se ha resistido a seguir estos proyectos, que considera una invasión estatal de su competencia sobre los asuntos sociales.

El primero de esos esfuerzos gubernamentales data de 2008, dos años después de la aprobación de la innovadora ley de dependencia. Entonces, las comunidades firmaron con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales un acuerdo que introdujo el concepto de acreditación: Sólo las residencias acreditadas podían acoger a personas beneficiarias del cheque servicio de la Ley de Dependencia (este es un pago que va directamente a la cuenta bancaria del residente). Ese acuerdo establecía el ratio de 47 trabajadores por cada 100 usuarios y 28 gerocultores por cada 100 usuarios. Madrid, que se abstuvo junto a seis regiones, considera que ese acuerdo no es vinculante. Otras comunidades que sí votaron a favor aprobaron un decreto de acreditación, pero Madrid nunca ha tomado esa medida, de modo que su manera de acreditar a los centros ha seguido siendo el estándar de 1990.

En 2022, a raíz del debate sobre la devastación de la pandemia en las residencias, el Gobierno impulsó un nuevo pacto autonómico que endurecía aún más las ratios de acuerdo con un calendario de cumplimiento hasta finales de esta década. Madrid y otras ocho comunidades votaron en contra. Madrid criticó que el proyecto carecía de una memoria sobre su impacto económico y, de nuevo, la invasión de competencias por parte del Estado.

El Imserso, que participó en esos dos pactos con las autonomías, dice que sus servicios jurídicos consideran que Madrid está obligada por el acuerdo de 2008, porque a diferencia de 2022, entonces se decidió que todas las comunidades estarían obligadas con independencia del sentido de su voto.

Sin embargo, desde muy pronto se puso en duda esa interpretación. El director del portal Inforesidencias, Josep de Martí, dice que las comunidades consideraron “papel mojado” el pacto de 2008, que está basado en la buena fe porque el Gobierno central no tenía mecanismos para vigilar su aplicación.

Con todo, de Martí cree que la mayoría de residencias de Madrid tienen hoy una plantilla muy superior a la requerida por la orden de 1990. “Algunas tienen ratios de 55 empleados por cada 100 usuarios. No llegan a los niveles de Suecia o Noruega donde los ratios rondan los 100 empleados por 100 usuarios, pero ya es una cantidad importante”.

Pladigmare, sin embargo, duda de la buena voluntad de las empresas para autorregularse. Su presidente, Miguel Vázquez, considera que los inspectores en Madrid son cómplices de las empresas. “Trabajadores de residencias nos han revelado que en ocasiones saben con antelación que van a recibir la visita de un inspector”.

La Consejería, dirigida por Ana Dávila, niega que exista connivencia por parte de sus servicios de inspección. “Todas las residencias en la Comunidad de Madrid cumplen o están por encima de las ratios establecidas por normativa vigente”, dice un portavoz de Dávila que admite que la orden de 1990 es el nivel mínimo aplicable.

A pesar de esto, dice Vázquez, la Comunidad ha defendido en ocasiones de forma falsa que sus estándares son más elevados. Pone de ejemplo a un antecesor de Dávila, Carlos Izquierdo (2015-2018), que dos años después de dejar el cargo afirmó en la Asamblea que “desde 2008 se aplican los ratios de 2008″. La verdad, sin embargo, es otra.

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