Así serán las nuevas residencias: más parecidas a un hogar, atención personalizada y fin de las sujeciones

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han dado este martes luz verde a un nuevo modelo de cuidados, al aprobar los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios de la dependencia, entre ellos, las residencias. Ha sido aprobado por las comunidades y ciudades autónomas, con 10 votos a favor y nueve en contra. Se trata de fijar un suelo común para todo el país y de que sean los servicios los que se adapten a las personas, y no al revés. Ahora, las comunidades deberán aprobar normativa para adaptarse a los nuevos criterios, que no solo son arquitectónicos, también de organización. Afectará a todos los centros y servicios de dependencia que tengan plazas públicas o concertadas con la Administración. Deberán ir aplicándose cambios progresivos de aquí a finales de 2029. Entre las principales novedades, se contempla que las residencias deberán tener un funcionamiento “tipo hogar”.

Residencias

Tamaño. Los centros que se construyan cuando este modelo esté en vigor, una vez que las autonomías aprueben su propia normativa, deberán ubicarse en suelo urbano, garantizando el acceso a los usuarios a espacios próximos de actividad social. Para personas con discapacidad, tendrán un máximo de 50 plazas. Los de mayores, de 75 si están en zonas rurales o escasamente pobladas; de 90 en localidades de densidad intermedia, y de 120 en ciudades o áreas densamente pobladas. Se permite que en áreas rurales, cuando se acrediten “circunstancias excepcionales de viabilidad económica”, se pueda llegar a las 120 plazas. Según datos de 2020 del CSIC, la mitad de las plazas en residencias de mayores en España están en centros con capacidad para más de 100. Las residencias ya existentes no deberán limitar su tamaño.

Habitaciones. En las nuevas residencias, al menos el 65% de plazas públicas o concertadas deben estar en habitaciones individuales y el resto, en dobles. Los centros ya existentes deberán adaptarse hasta tener al menos un 10% de plazas públicas o concertadas en habitaciones individuales si están en zonas rurales, un 20% en zonas de densidad intermedia y un 25% en ciudades o áreas densamente pobladas. Las comunidades podrán autorizar que los centros de hasta 35 plazas que justifiquen “circunstancias excepcionales de viabilidad económica o arquitectónica” queden exentos.

15 personas. Las nuevas residencias deberán dividirse en unidades donde conviva un máximo de 15 personas. Los centros ya existentes deberán adaptar al menos el 80% de sus plazas a este modelo, y el 20% restante tendrá una disposición “que responda a un modelo de hogar”, con atención centrada en la persona para estos usuarios, es decir, adaptada a sus preferencias, no sujeta a horarios rígidos.

Son espacios “más íntimos” dentro de las residencias, deben asemejarse a “un hogar”, tanto en el mobiliario y decoración como en las rutinas y horarios, que se adaptarán a “las preferencias y hábitos” de los usuarios. Estarán compuestas por un espacio común que incluye la posibilidad de preparar comidas, un comedor y una sala de estar. Preferentemente, dispondrán de acceso a un área exterior, tipo terraza o jardín. Se “darán las condiciones para que todas las personas residentes participen en la personalización de sus espacios” y se deberá asegurar que se les permite llevar mobiliario y enseres personales. Las comunidades podrán autorizar “con carácter excepcional” la exención de esta obligación para los centros que acrediten la imposibilidad, por motivos arquitectónicos, de hacer obras para adaptarse a estas unidades. Los turnos de las cuidadoras deberán organizarse para minimizar las rotaciones y promover la estabilidad.

Personal. Uno de los puntos más difíciles en la negociación ha sido la plantilla mínima con la que deberá contar cada centro. Por un lado, se establece para residencias de mayores una ratio de 0,43 para personal de atención directa de primer nivel, es decir, auxiliares y gerocultoras, que se encargan del cuidado más directo, como el aseo o levantar a los usuarios. Esto quiere decir, según fuentes del ministerio, que habrá tres personas de esta categoría laboral contratadas por cada siete residentes; una por cada dos, en centros de personas con discapacidad. Por otro lado, también se calcula la ratio para todo el personal de atención directa, que además de auxiliares y gerocultoras también incluye a técnicos como fisioterapeutas o enfermeras. Esta será de 0,50 en residencias de mayores a finales de 2029, uno por cada dos residentes, y de 0,58 en centros de discapacidad, cuatro por cada siete. El ministerio estima que de aquí a 2029 pueden crearse más de 21.000 empleos en residencias con este modelo.

El acuerdo establece un calendario de 2023 a 2029 para ir aplicando los cambios. Por ejemplo, en 2023, la ratio inicial será de 0,31 para auxiliares en residencias de mayores. Ahora mismo apenas hay tres regiones con una ratio superior (Gipuzkoa, Cataluña, en el caso de dependientes de grado tres y Madrid), según un estudio realizado por Alejandro Gómez para la consultora Gerokon, con datos extraídos de las normativas autonómicas, analizadas hasta noviembre de 2021. Es posible que haya cambios en los últimos meses (por ejemplo, en Navarra aseguran que a partir de septiembre ellos estarán incluso por encima del objetivo en 2029). Pero el informe da una idea de la situación.

De cualquier forma, es muy difícil comparar las ratios de las distintas comunidades autónomas, hay diferencias incluso en la forma de calcularlas. Pero hay análisis que permiten esbozar la disparidad. Por ejemplo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología estima, tras estudiar las normativas autonómicas hasta junio de 2020, que, de media, el tiempo que las auxiliares dedican cada día por usuario va de 43 a 81 minutos. Para la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias, esto es absolutamente insuficiente, como también lo son las exigencias del acuerdo. Miguel Vázquez, miembro de esta plataforma, explica que han calculado que, para dar una “atención de cinco horas al día, sin que falte personal en ningún momento, la ratio debería ser de 1,13″, y no de 0,43.

Familiares. Los familiares y allegados tienen un “importante papel de apoyo”. Se habilitarán canales de comunicación permanente y se celebrarán reuniones periódicas con el equipo de atención directa y el profesional de referencia que será asignado a cada usuario. Se facilitará que los residentes puedan recibir visitas siempre que lo deseen, “sin más límites que los derivados de la convivencia y necesaria organización del centro”. En cada residencia habrá un órgano de participación directa de residentes y, “si estos lo estiman oportuno”, de sus familias y allegados, con funciones “asesoras, consultivas y de propuesta”. La plataforma de familiares reclamaba que hubiera un órgano solo de familiares.

Planes de atención

Todas las personas dispondrán de un plan personalizado de atención, independientemente del centro o servicio que empleen. En él se ayudará a la persona a que decida qué aspectos significativos de su vida quiere mejorar y mantener, así como los apoyos que necesita para hacerlo. Este plan debe ser revisado y actualizado de forma periódica y contribuye a la “propia planificación y programación de las actividades del centro”, para que se adecúen a los intereses de los usuarios y no solo a las prioridades de organización de los centros.

Fin de las sujeciones

Todas las personas tienen derecho a recibir “una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, y también libre de coerciones”, se lee en el acuerdo. Es decir, que no se puede inmovilizar a ningún usuario. Los centros de día y las residencias deben tener un “compromiso formal” respecto a ello, acreditado mediante un plan que contempla su supresión total, salvo “en situaciones excepcionales y de urgente necesidad en las que exista un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad física” del usuario, de cuidadores o de tercenas personas y se haya constatado el fracaso de otras medidas alternativas. Sigue exigiéndose la prescripción médica, el consentimiento informado, y además deben comunicarse a la Fiscalía. El plan debe ser aprobado por la inspección y las entidades tienen que asegurar su implantación antes del 30 de junio de 2025.

Adecuación de centros anteriores

Los conciertos que estén en vigor actualmente continuarán estándolo hasta que entren en vigor las normativas que deberán aprobar las comunidades para adaptarse a este acuerdo, para lo que disponen de nueve meses. Estas normativas contemplarán un “calendario de adecuación paulatina” a los nuevos requisitos para los centros y servicios que ya están en funcionamiento y para los que están en proceso de acreditarse ahora mismo. La fecha límite para el cumplimiento de las nuevas exigencias es el 31 de diciembre de 2029.

Las entidades dispondrán de dos años desde la entrada en vigor de las normativas autonómicas para presentar un plan de transición en el que se especifique cómo se adecuarán a los nuevos requisitos y qué mejoras realizarán.

Apoyos en casa

El texto desglosa las condiciones que deben cumplir los centros de día, los servicios de ayuda a domicilio y la teleasistencia, que se prestan cuando las personas residen en sus domicilios. También se habla de personalización en la atención. Los nuevos centros de día, que se ubicarán también en suelo urbano, deben tener un máximo de 50 plazas, y los ya existentes que las superen deberán adecuarse a este límite, creando unidades de estancia diurna independientes. Estos centros contarán con un servicio de apoyo a las familias para que las personas puedan seguir viviendo en su medio. La ayuda a domicilio se organizará “preferentemente” en pequeños equipos de profesionales que atenderán a los usuarios de una misma zona, para minimizar los desplazamientos y el impacto de las sustituciones de personal. Se recoge que al menos un 5% de la jornada de las profesionales que atienden en las casas se dedique a labores de coordinación con otras personas que intervienen en el plan de atención, ya sean familiares u otros profesionales.

Calidad e inspección

Uno de los puntos más novedosos del acuerdo es que prevé que se cree una ponencia técnica que en un plazo de 18 meses elabore un sistema de evaluación de la calidad de los servicios de dependencia en España. Actualmente, es una de las grandes lagunas en el país. Por un lado, establece que los centros y servicios serán sometidos a “inspección, control y seguimiento adecuados”, aunque elimina un número mínimo de inspectores en las comunidades autónomas, como sí se recogía en anteriores borradores. Deben hacer públicos sus planes anuales de inspección y “comunicarán de forma periódica y accesible” las inspecciones realizadas, algo que actualmente no se hace. Por otro lado, se va más allá y se habla de crear un sistema común para evaluar la calidad de los servicios, que deberá referirse “a los resultados e impactos de estos en las personas y muy especialmente en su dignidad y calidad de vida”. Los resultados deberán “publicarse con total transparencia”.

Atención sanitaria

La atención sanitaria es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud. En residencias, para las que durante la pandemia en las comunidades más tensionadas se restringió la derivación hospitalaria de los mayores, se articularán medidas para que los sistemas social y sanitario intercambien información (algo a mejorar en la actualidad). Cada centro deberá contar con un plan de coordinación que elaborará en conjunto con la sanidad pública. Y las residencias de más de 30 plazas contarán con un profesional de enlace, preferentemente sanitario.

Financiación

Los cambios que se exigen en este nuevo modelo implican un gran desembolso de dinero y hay fuentes autonómicas que han manifestado su preocupación por cómo van a financiarse. Derechos Sociales insiste en que ya ha duplicado la financiación del sistema de dependencia en solo dos años y que al final de la legislatura la inyección (contando fondos europeos) superará los 5.000 euros. El acuerdo especifica que las Administraciones públicas adecuarán, “en su caso”, la financiación de la dependencia y lo que pagan por los conciertos a medida que se introduzcan los nuevos requisitos.

El nivel acordado, parte de la financiación de la dependencia (fueron 483 millones de euros en 2022) se “orientará” a garantizar estos criterios de acreditación y de calidad. Cada autonomía firmará un convenio con el ministerio en el que se establezcan “los objetivos, medios y recursos” para promover los cambios necesarios. Una fuente autonómica teme que haya 17 velocidades y otra manifiesta que el nivel acordado sirve también para reducir las listas de espera, entre otros objetivos, y lo cree insuficiente para poder impulsar todos los cambios.