El Gobierno plantea que en el plazo de tres años ninguna residencia ni centro de día inmovilice a los mayores

El Gobierno tiene como objetivo avanzar hacia las sujeciones cero, es decir, que los mayores y las personas dependientes que viven en residencias o asisten a centros de día no sean inmovilizados ni sedados para reducir su agitación. Así consta en el último borrador de trabajo sobre los nuevos requisitos que se exigirán a los servicios de dependencia, donde el Ministerio de Derechos Sociales plantea que en un plazo máximo de tres años tras la entrada en vigor de este texto, que aún se está negociando, los centros hayan implementado un plan de atención libre de sujeciones, que contemplará su “supresión total y segura”.

Solo podrán usarse de manera excepcional, cuando no haya ninguna otra alternativa ante un peligro que debe ser inminente. En el documento también se añaden cambios respecto al anterior borrador, como una subida de las ratios de personal en las residencias de mayores, la limitación a un máximo de 50 plazas en las de discapacidad (frente a 90 en las de ancianos) y se propone un plazo para que los centros y servicios actualmente en funcionamiento se adecúen al nuevo modelo: dispondrán de siete años, a excepción de los recursos públicos de gestión privada, en cuyo caso se esperará a que acabe el contrato para implementar las modificaciones.

Una negociación compleja

La negociación es compleja y a tres bandas. Por un lado, el texto se ha ido discutiendo con la mesa de diálogo social, que se ha reunido este viernes y donde se sientan patronales y sindicatos. Por otro, con la de diálogo civil, que aglutina a asociaciones, familiares de usuarios y expertos en el sector. Y, por último, con las comunidades autónomas, a las que se entregará este último borrador para comenzar a abordarlo con ellas y que, al ser las competentes en la gestión, tienen la llave para que este acuerdo salga adelante. Es probable, por tanto, que el texto sufra nuevas modificaciones. El objetivo es que el pacto definitivo se pueda alcanzar a lo largo de este primer trimestre en el consejo territorial que reúne a los gobiernos autonómicos y a Derechos Sociales.

La necesidad de un nuevo modelo de atención lleva tiempo sobre la mesa, y se ha acentuado a raíz de la pandemia, cuando se evidenciaron las debilidades del sistema. De hecho, muchas autonomías han sacado adelante modificaciones normativas en esta línea. La tarea del Gobierno es la de coordinación, y este documento fijará un mínimo común en todos los servicios de dependencia que se presten en el país. El anterior pacto, de 2008, es mucho más escueto. El documento fija requisitos para residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.

Varias fuentes consultadas, conocedoras de la negociación, han manifestado su inquietud sobre la forma en que se financiarán estos cambios. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, miembro de la mesa de diálogo civil, considera clave que haya un análisis de costes y una memoria económica que garantice que puedan implementarse. Es la misma idea en la que insiste Cinta Pascual, presidenta de la patronal de dependencia Ceaps. “Estamos a favor de que haya una transformación, pero preocupadísimos por la financiación”, afirma.

No hay una partida específica prevista para este acuerdo marco, pero la financiación estatal de la dependencia ha recibido una inyección de 1.800 millones de euros entre 2021 y 2022, la mayor desde que se aprobó la ley (también hay más de 3.000 millones previstos para cuidados de larga duración de los fondos europeos, entre 2021 y 2023). Parte de esa financiación está vinculada al cumplimiento de un plan de choque que, entre sus medidas, incluye precisamente la aprobación de este acuerdo sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios del sistema de la dependencia.

Los borradores que han trascendido hasta ahora siempre han hecho hincapié en que los atendidos en el sistema de la dependencia tienen derecho a recibir “una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas”. Se desconoce el número exacto de personas que son inmovilizadas en estos centros, pero según estimaciones de la confederación de asociaciones de mayores CEOMA pueden ser unas 55.000. En las últimas semanas, se ha conocido la muerte de dos ancianos cuando estaban inmovilizados en residencias.

Este último texto establece que los planes para eliminar las sujeciones de los centros de día y residencias tendrán que aprobarlos los servicios de inspección de las comunidades autónomas. Solo serán admisibles ante situaciones “excepcionales y de urgente necesidad” en las que exista un “peligro inminente” para usuarios u otras personas y tras constatar el fracaso de otras medidas alternativas, que deberán quedar documentadas. Se incide en que será necesario un consentimiento informado (ya es un requisito), que no puede ser genérico ni diferido en el tiempo. Será obligatorio informar a la Fiscalía, que este enero emitió una instrucción en la que se insta a los fiscales a aumentar el control sobre estas prácticas.

Que los centros se adapten a la persona

En el documento se plantea un cambio de paradigma: que sean los centros y servicios quienes se adapten a las personas, y no al revés. Lo que se conoce como atención centrada en la persona, un concepto con el que ya funcionan algunos servicios, aunque el panorama es muy dispar. Según el texto, todos los usuarios del sistema de la dependencia dispondrán de un plan personalizado de atenciones, en el que se tenga en cuenta sus preferencias y necesidades.

En residencias de mayores, el tamaño máximo para los centros que se construyan tras la entrada en vigor del acuerdo se fija en 90 plazas, con un 65% de habitaciones individuales, y los ya existentes deberán adecuarse en un plazo de siete años, dividiéndose en unidades independientes entre sí y hasta alcanzar un 35% de habitaciones individuales. En residencias de discapacidad el límite máximo será de 50 plazas. Este era el establecido en un primer borrador para todas las residencias, pero patronales de dependencia se quejaron de que sería insostenible. Habrá unidades de convivencia de un máximo de 15 personas que tendrán un funcionamiento tipo hogar, en donde habrá una cocina, comedor, sala de estar y, preferentemente, acceso a un área exterior, como una terraza o jardín. Deben ubicarse en suelo urbano, promoviendo las relaciones cotidianas con la comunidad.

En cuanto a las ratios, el ministerio propone, en primer lugar, que pasen a calcularse por jornadas completas de trabajo, y no por número de contratados. En segundo lugar, habla de personal de atención directa de primer nivel —auxiliares y gerocultores—, de atención directa de segundo nivel —graduados universitarios de las ramas social y sanitaria— y de atención indirecta, que agrupa al resto de la plantilla.

A principios de febrero, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias mostró su decepción con el anterior borrador en la mesa de diálogo civil, especialmente en cuanto a las ratios. Las consideraban insuficientes y alertaban de que, al pasar a calcularse sobre el número de plazas ocupadas (aunque nunca podrá bajarse del 80%) en lugar del total de plazas, podía ocurrir que hubiera centros a los que en 2023, con la propuesta que se hacía para auxiliares, se les exigiera menos personal que el que se establecía en el acuerdo de 2008. Este último borrador eleva aquella propuesta.

El texto plantea que las ratios vayan escalando en 2023, 2025 y 2027: de 0,35 a 0,43 para gerocultores y auxiliares en residencias de mayores (es decir, 35 o 43 jornadas completas de personal de atención directa de primer nivel por cada 100 residentes), una cifra que para personas con discapacidad se sitúa en 0,42 en 2023 —en el anterior texto ya se preveía 0,50 en 2025—, y 0,50 en 2027.

Ese 0,43 implicaría, para una unidad en que convivan 15 mayores, que habría cinco trabajadores: dos en el turno de mañana, dos en el turno de tarde y uno en el de noche. En atención directa global, es decir, también incluyendo a graduados universitarios como trabajadores sociales o enfermeros, se plantea llegar a 0,51 en 2027 en residencias de mayores y 0,58, de personas con discapacidad.

Alejandro Gómez, consultor que ha estudiado las normativas autonómicas —una de las patronales de la dependencia, Ceaps, publicó sus conclusiones en un reciente estudio— asegura que el borrador supone una mejora de las ratios respecto a los promedios estatales, aunque en su opinión deberían diferenciar por tipologías de dependencia, ya que en el futuro habrá usuarios con cada vez más necesidades de apoyo. Los familiares siguen considerando insuficiente la nueva propuesta y piden equipararlas a las de discapacidad.

El documento también exige al menos un inspector por cada 25 residencias (independientemente de que también deban supervisar centros de día u otros servicios sociales), en lugar de uno por cada 30, que se establecía en el anterior texto. Los familiares habían pedido 1 por cada 15. Según los datos recopilados el año pasado por EL PAÍS, solo tres comunidades (Asturias, Cataluña y Extremadura) superaban de media el umbral de 25 residencias por cada trabajador del servicio de inspección en ese momento. Se constituirá un grupo técnico de trabajo que, en el plazo de un año, fijará estándares comunes para medir la calidad de los servicios, cuyos resultados deberán ser públicos. Actualmente no hay nada parecido.

En el borrador también se propone incluir a familiares en los consejos de participación de usuarios de residencias, siempre que los residentes lo estimen oportuno. En cuanto a la ayuda a domicilio, se indica que al menos el 5% de la jornada de los auxiliares se deberá dedicar a labores de coordinación y que el desplazamiento de los trabajadores no contará como tiempo de atención, aunque sí como parte de su jornada.