Sale a la luz otra muerte de un mayor atado en una residencia

Hace dos años y medio del espantoso suceso pero nadie lo ha contado: un hombre murió el 14 de julio de 2019 en la residencia de El Álamo, aparentemente tratando de liberarse de las correas que lo sujetaban a la cama, según ha sabido EL PAÍS por fuentes de la Fiscalía de Madrid, que informa de que una jueza investiga la posible responsabilidad penal del personal de la residencia.

Este periódico reveló la semana pasada otra muerte por ataduras en otra residencia madrileña que se había mantenido en silencio durante siete meses. Las asociaciones de mayores advierten de que los fallecimientos de este tipo que son conocidos pueden ser solo “la punta del iceberg”, porque las autoridades judiciales y autonómicas, de las que depende la inspección, no comunican por iniciativa propia estos casos. La Fiscalía General del Estado no dispone de datos oficiales de prevalencia “porque en las estadísticas no se reflejan las circunstancias de las muertes”.

El caso de 2019 sigue vivo porque el juzgado ha pedido prórrogas a la instrucción para que no expirara por el período máximo establecido por ley. Conoce de estos hechos la jueza del número 4 de Navalcarnero, el partido judicial al que pertenece el pequeño municipio de El Álamo (9.908 habitantes en el suroeste de la Comunidad de Madrid). El hombre, cuya identidad no ha podido conocer este periódico, murió de rodillas, con el cuerpo sobre la barandilla que rodeaba su cama.

Las asociaciones de mayores llevan casi dos décadas pidiendo el fin de las sujeciones porque consideran que atentan contra la dignidad de las personas y causan daños físicos y psicológicos. Las ataduras pueden llegar a causar la muerte, explican, cuando las personas se estrangulan involuntariamente con ellas. Los mecanismos de sujeción son diversos y pueden atar a la persona por la cintura, el tórax, las manos, los pies y la cabeza. Decenas de miles de mayores, sobre todo aquellos que sufren alzhéimer avanzado o esquizofrenia, son atados a diario en las residencias españolas. Para amarrar a un residente, las leyes estatales y autonómicas exigen el consentimiento informado del mayor o su familia y la prescripción de un médico, una orden que en muchas ocasiones viene del propio facultativo de plantilla de las residencias.

Un centro con 303 plazas

La residencia de San Juan de Dios es un centro privado con 303 plazas, una de las mayores de la Comunidad de Madrid por número de residentes. La dirección defiende su ausencia de responsabilidad en el suceso. “No somos responsables de nada en absoluto, ya que esta residencia siempre ha cumplido la legalidad exigible en todo momento. El centro está colaborando en todo lo que se nos requiere, y así seguiremos haciéndolo por el bienestar de nuestros residentes, esperando se aclare y solvente esta cuestión a la menor brevedad posible”, ha manifestado a este periódico la directora, Soraya Míguez Vicente.

La residencia fue sancionada en 2019 por la Comunidad de Madrid con 6.000 euros de multa, después de que una inspección detectara que la plantilla era insuficiente para el tamaño del centro. En 2017 también fue sancionada con otra multa de 3.000 euros por incumplir las normas que regulan el sector. Con todo, en su web se precia de tener el sello de calidad Madrid Excelente, un sello del Gobierno autonómico que pueden solicitar las empresas de la región. Fuentes del sector de las residencias consultadas destacan que desde su fundación a mediados de los ochenta, San Juan de Dios ha sobresalido por introducir innovaciones de calidad. Por ejemplo ya en esa época la residencia contaba con un equipo de animadores socioculturales, una rareza por entonces.

El centro fue uno de los hogares colectivos más golpeados durante la primera ola de la pandemia de coronavirus cuando murieron 82 personas, de los cuales solo 30 fueron trasladados al hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que como toda la red pública madrileña aplicó un triaje que supuso la negación de atención sanitaria a miles de personas.

En junio, una mujer apareció muerta y atada en su cama de la residencia de un pueblito madrileño, Villa del Prado, según contó este periódico la semana pasada. Fuentes conocedoras del suceso revelaron que la mujer se ahorcó tratando de zafarse de las correas de sujeción y la información fue confirmada en un correo por un portavoz de Sacyr Social, la empresa que gestiona ese centro propiedad de la Comunidad de Madrid. “Durante una ronda de medianoche, una de las residentes apareció asfixiada en su cama con uno de los cinturones de sujeción”, dice ese correo.

Dos días después, tras la indignación que causó la noticia de una muerte tan espeluznante, la empresa se puso en contacto con este periódico para retractarse de lo que había dicho. Según el portavoz, la empresa había comprobado que el médico que rellenó el certificado de defunción indicó que la mujer perdió la vida “por fallo multiorgánico que derivó en una parada cardiorespiratoria”, sin especificar que se produjera una asfixia. Como han demostrado investigaciones médicas, las personas frágiles también pueden sufrir una muerte súbita por la ansiedad de verse atadas. Al parecer, nunca se hizo una autopsia. La Fiscalía abandonó la investigación en octubre.

Usadas por conveniencia o como castigo

Las residencias usan las ataduras con el argumento de evitar caídas de los mayores, pero hay señales de que la tolerancia de la sociedad con estos métodos está cambiando. Varias asociaciones en España piden la eliminación de su uso o una reducción drástica que limite su empleo a casos muy reducidos como cuando haya riesgo de autolesión, por ejemplo, en personas con esquizofrenia.

En una señal de cambio de actitud ante estos métodos, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, distribuyó la semana pasada una instrucción que pide a los fiscales un mayor celo en las comprobaciones que deben hacer del uso de ataduras en residencias. El documento prescribe la “excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición de exceso, debiendo aplicarse las contenciones con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario”.

En su instrucción, Delgado pide a los fiscales una actuación proactiva para retirar sujeciones cuando se compruebe que las residencias las están usando por conveniencia o como castigo.

Las asociaciones que representan a familiares de residencias denuncian que las sujeciones son una práctica habitual debida a la escasez de personal. Las muertes ocultas no les sorprenden, ya que es un sector hermético, dice Carmen López, portavoz de la plataforma estatal de familiares Marea de Residencias.

“Tememos que haya más casos porque poca gente lo denuncia y si se denuncia no llega a nada. Se considera accidente puntual. Revelar estas muertes puede ayudar a que los familiares se animen a contarlas”, afirma López.

La asociación madrileña Pladigmare denuncia que las residencias convencen a los familiares con el argumento de que las sujeciones previenen caídas, pero con ese pretexto abusan de ellas. “En la mayor parte de las ocasiones es para desentenderse de residentes inquietos, desorientados o encamados”, critica el presidente de esta asociación, Miguel Vázquez.

“La falta de personal en nuestro país queda reflejada con el dato escalofriante de que, en Alemania, según estudios publicados por la Junta de Castilla y León, la cifra de trabajadores de atención directa a un residente con el mayor grado de dependencia les da para cubrir cinco horas diarias. En España, la media no llega a dos horas”, dice Vázquez. “En Alemania han calculado, según esos estudios, que necesitarían de 150.000 a 190.000 más de personas de atención directa, para atender como es debido a los mayores”.

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