Una mujer muere ahorcada con las correas de sujeción en una residencia investigada por otro fallecimiento

Una mujer mayor con alzhéimer murió en junio asfixiada por las correas empleadas para sujetarla a la cama en su residencia en un pequeño municipio de Madrid, Villa del Prado, según ha sabido EL PAÍS. Durante una ronda a medianoche, un cuidador se encontró a la residente sin vida, de acuerdo con un portavoz de la empresa que gestiona el centro, la filial de atención a los mayores del gigante de la construcción Sacyr. Ese mismo hogar de mayores de 120 plazas está siendo investigado por la Fiscalía por el posible homicidio imprudente de otra mujer en 2019. En ese otro caso revelado la semana pasada por este periódico, doña Rosa Rodríguez, de 96 años, salió del centro sola en silla de ruedas y falleció tras caer por una rampa y chocar con un muro.

La residencia de Villa del Prado pertenece a la Comunidad de Madrid pero el día a día de su gestión depende de Sacyr Social, que recibe a cambio 2,7 millones de euros al año. El Gobierno madrileño prorrogó el contrato en abril del año pasado a pesar de que en esa fecha ya conocía que la Fiscalía investigaba la primera de esas dos muertes trágicas y a pesar de que en los cuatro meses previos a aquel suceso los inspectores autonómicos le impusieron dos multas a causa de su poco personal.

Este periódico ha conocido la muerte más reciente a través de fuentes cercanas a la residencia que añaden que la directora, Begoña Hinojosa, ha tratado de tapar la información para que no circulara por el pequeño pueblo de algo más de 6.600 vecinos en la sierra Oeste de Madrid. Una portavoz de la Guardia Civil ha confirmado el suceso y ha agregado que sus agentes visitaron el hogar de mayores en julio, cuando fue presentada una denuncia ante los juzgados de Navalcarnero, pero esa portavoz no ha precisado qué juzgado de los siete de ese municipio dirige la instrucción ni en qué situación se encuentra el caso.

Tras días de requerimientos por parte de este periódico, el gabinete de prensa de la Fiscalía de Madrid y el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que centraliza la información sobre juzgados menores) han sido incapaces de aportar más información, alegando que para buscar en sus bases de datos es imprescindible conocer esos detalles.

Otros estrangulamientos

La mujer perdió la vida probablemente al tratar de zafarse de las correas. Las residencias que usan sujeciones mecánicas y psicotrópicas defienden que son necesarias para evitar caídas de los mayores, pero los críticos denuncian que son una forma de tortura a la que recurren por conveniencia ya que las correas les “facilitan” el trabajo. Las muertes de mayores por asfixia a causa de las correas se producen con relativa frecuencia. Sucesos similares han sido noticia recientemente en 2016 en Arganda del Rey, (Madrid), o en 2017 en Vilalba, (Lugo). Además de estrangulamientos, las sujeciones pueden causar la muerte súbita en pacientes con patología cardiovascular como consecuencia de la ansiedad de verse atados. Las sujeciones producen daños psicológicos y físicos como escaras o problemas de digestión y atrofia muscular.

La ley permite las sujeciones siempre que sean prescritas por un médico y se recoja el consentimiento del residente o sus familiares. Expertos y activistas llevan años reclamando el fin de “la cultura de atar”. Entre ellos se encuentra la unión de asociaciones de mayores Ceoma, que pide reemplazar las sujeciones por sensores de movimiento y formación a los empleados, entre otras medidas.

Ceoma estima que el 17% de los mayores que viven en residencias españolas, unas 55.000 personas, son sometidos a diario a sujeciones, lo que convierte a España en el número uno de los países desarrollados para los que existen datos. Tras conocer el suceso en Villa del Prado de mano de este periódico, Ceoma ha tomado la decisión de investigar los hechos.

“Sospechamos que los casos de muerte por sujeciones que conocemos [en España] son la punta del iceberg”, dice Antonio Burgueño Torijano, director técnico y fundador en 2004 del programa Desatar, promovido de Ceoma. “Desafortunadamente la mayoría de las muertes de este tipo se ocultan”, agrega este doctor buen conocedor de las residencias en España.

La residencia de Villa del Prado se ha acostumbrado a la tragedia. Durante la primera ola de la pandemia de coronavirus (primavera de 2020) este hogar de mayores de 120 plazas sufrió la pérdida fatídica de 49 residentes. Dependía del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que como toda la red pública en la región de Madrid, aplicó un triaje que supuso que miles de mayores enfermos murieran en residencias diezmadas de personal y desprovistas de medicinas.

Licitaciones

Sacyr Social se presenta como una “empresa líder” en el sector de la dependencia. Al igual que sucede con la matriz del grupo, Sacyr Social depende de licitaciones públicas. Buena parte de su negocio de 141 millones de euros anuales está dedicado a la atención a domicilio gracias a contratos con casi 1.000 ayuntamientos, entre otros los de capitales como Lugo, Segovia, Gijón, Zamora o Valladolid.

También tiene contratos para gestionar residencias y centros de día en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. En total, más de 2.000 personas dependen de sus cuidadores en residencias o centros de día. El contrato de la residencia que gestiona en Villa del Prado ha sido prorrogado por la Comunidad de Madrid en cinco ocasiones por cortos períodos de dos años. La quinta renovación, del pasado abril, extendió el contrato hasta abril de 2023.

En la Comunidad de Madrid hay 18 residencias públicas cuya gestión ha sido cedida a empresas privadas. Acumulan un número extraordinariamente alto de sanciones. Hay críticos que piden acabar con estas cesiones para que la administración pública recupere el control de esos centros (25 residencias públicas sí son gestionadas de forma directa).

Otros piden una reforma más comedida: creen que las concesiones por tan poco tiempo no invitan a las empresas a hacer reformas tan básicas como comprar nuevas grúas para mover a los mayores o los sensores que podrían sustituir a las correas de sujeción, de modo que ampliando los plazos de la concesión se pudiese mejorar el servicio.

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