Delgado ordena que los fiscales controlen las sujeciones en las residencias y unidades de salud mental

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha emitido una instrucción en la que ordena que se vigilen las sujeciones en residencias de mayores, de personas con discapacidad y unidades psiquiátricas. Es decir, cualquier inmovilización, restricción física o tratamiento farmacológico aplicado en estos centros. Hasta ahora no existía un único protocolo a seguir por los fiscales de los servicios de provisión de apoyos a las personas con discapacidad y mayores. A partir de ahora cuentan con una guía que les insta a comprobar, cuando inspeccionen los centros, que las contenciones siempre se utilicen bajo prescripción médica y tras el consentimiento del propio paciente o de su tutor legal. Los principios que deberán orientar su uso son, entre otros, los de “excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición de exceso”.

La instrucción, con fecha de 19 de enero y promovida por la Unidad Especializada de Protección de personas con discapacidad y mayores, tiene el fin de velar por la salvaguarda de la dignidad y promover su autonomía ante el uso de estas medidas. No existe una única ley a nivel nacional que regule las sujeciones, pero el escrito se inspira en recomendaciones internacionales y nacionales, particularmente en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento encomienda a los fiscales, en coordinación con los servicios de inspección autonómicos, la supervisión y el control de la utilización de las contenciones.

El texto, que llevaba meses en preparación, se difunde justamente la semana en que EL PAÍS ha revelado que una mujer con alzhéimer y que llevaba correas de sujeción murió por asfixia el pasado junio en una residencia de la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Derechos Sociales negocia actualmente con los agentes sociales y las autonomías un nuevo documento que fije los requisitos mínimos que han de cumplir los servicios de dependencia, entre ellos las residencias, y según un primer borrador al que tuvo acceso este diario, recoge que los usuarios “tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas” y que los centros deben tener un plan de reducción o de su supresión.

La unión de asociaciones de mayores Ceoma estima que el 17% de los mayores que viven en residencias españolas, unas 55.000 personas, son sometidas a diario a contenciones. La fiscal delegada autonómica de lo civil y provisión de apoyos a las personas con discapacidad de Canarias, Rosa Rubio, explica que el Ministerio Fiscal trabaja en esta instrucción desde antes de la pandemia. Rubio lamenta que las “comunidades autónomas no vigilen suficientemente bien que su uso sea excepcional” y aboga por avanzar hacia centros libres de sujeciones.

Delgado establece en la instrucción que los fiscales deberán comprobar durante sus inspecciones a los centros que se cumplen determinadas pautas, como que “nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización física o tratamiento farmacológico sin previa prescripción facultativa en cada caso, salvo que exista peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros”. De ser así, lo acordará el profesional responsable, siempre de acuerdo al protocolo vigente.

El escrito recalca que será “imprescindible” el consentimiento informado por el paciente o de su representante legal, en caso de que esté incapacitado, y no serán válidos “los consentimientos genéricos ni los diferidos en el tiempo”. Además, el centro deberá contar con un protocolo para el uso de las contenciones, deben establecerse “pautas de vigilancia permanente de esa medida” y “controles periódicos a fin de determinar su continuidad”. Los centros deben garantizar una “correcta documentación” de las contenciones aplicadas. Se deberá especificar la indicación, la utilización y el tipo de contención, así como su duración. “Observada la mayor incidencia del uso de contenciones en fines de semana y durante la noche, se incidirá sobre esta cuestión en la evaluación para alejar motivos económicos o de ratios que puedan condicionar su uso”, se lee en el texto firmado por Delgado.

Los fiscales deberán requerir a los servicios de inspección autonómicos que les informen sobre los centros en los que se haya detectado el uso de sujeciones sin prescripción médica, ni control periódico, sin supervisión y sin documentación y, respecto a las residencias o unidades de las que no haya una información reciente, se les solicitará que remitan tanto el listado de contenciones aplicadas como de las medidas de supervisión. La instrucción precisa que, en caso de infracción penal, se procederá a incoar las correspondientes diligencias de investigación, y apunta que “una contención física o química realizada completamente al margen de los principios enunciados” puede ser susceptible de tipificarse como trato degradante o delito de maltrato. En el documento se recuerda que “los accidentes o decesos de personas en el contexto de una contención deberán ser objeto de investigación”.

El escrito señala que los fiscales autonómicos se coordinarán con los servicios de inspección, tanto de sanidad como de servicios sociales, con el objeto de priorizar el control eficaz del uso de las contenciones e informarán anualmente a los fiscales superiores y fiscales de Sala. Además, en sus actas de inspección, los fiscales deberán recoger aspectos como si los centros disponen de planes específicos de mejora de la utilización de las sujeciones o planes de eliminación, o si hay actividades para la formación y sensibilización del personal.