Las familias se unen para exigir justicia tras la tragedia y las “malas prácticas” en las residencias de ancianos

La unión hace la fuerza. Por eso, 15 asociaciones de familiares y usuarios de residencias de mayores han decidido unirse en lo que han llamado Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, la mayor organización hasta la fecha. Su objetivo, explican, es exigir “justicia” después de lo que califican como una “tragedia”. Durante la pandemia, cerca de 30.000 ancianos que vivían en estos centros han muerto por el virus, según las cifras oficiales. En la Plataforma consideran que los derechos de usuarios, familiares y trabajadores han sido “terriblemente pisoteados”.

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Por ello, estas 15 asociaciones, algunas de las cuales llevan años actuando a nivel regional, han decidido trabajar de manera conjunta para impulsar los cambios que consideran imprescindibles para ofrecer en estos centros “una vida digna y con respeto a los derechos” de los mayores. Así se lee en el manifiesto que han hecho público este miércoles.

La plataforma reúne a asociaciones de 10 territorios, que son Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Valencia, Galicia, Baleares y Canarias. Ahora, cuando los contagios y las muertes han caído en picado con la vacunación en unos centros que fueron uno de los agujeros negros de la pandemia, temen que se desvíe la atención sobre las “negligencias” y “malas prácticas” que observaron “desde los primeros días de la hecatombe”. En la rueda de prensa telemática en la que se han presentado este miércoles, María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1, ha afirmado que “el coronavirus ha aflorado unas deficiencias en el sistema de residencias y vulneraciones de derechos” que ya llevaban tiempo advirtiendo y ha puntualizado que “la justicia aún no ha entrado en las residencias”.

Esta plataforma trabajará en varios frentes, según explica en un comunicado. El primero, exigir “verdad y justicia”, un análisis riguroso de lo sucedido durante la pandemia. El segundo, un nuevo modelo, porque tras lo ocurrido “nada debe ser igual” y debe contarse con la opinión de los usuarios y familiares, y el tercero, la “vulneración de derechos”, porque en su opinión el análisis del pasado y del futuro “no puede esconder la preocupante y reiterada conculcación de los derechos que se produce” en los centros.

Las asociaciones solicitan que se adecúen las ratios de personal (la proporción de trabajadores que debería haber por cada residente) a las necesidades reales de los turnos y los puestos de trabajo, por lo que consideran que deben elevarse. “Como mínimo debe ser de un empleado para cada cuatro mayores por el día y uno por cada 10 por las noches”, ha concretado Carcelén. Quieren terminar con la precariedad en la profesión de cuidadores. Además, reclaman un servicio de enfermería durante las 24 horas del día, y formación de los trabajadores ante futuras pandemias.

Durante la rueda de prensa, también han reivindicado el derecho de los residentes a recibir atención sanitaria desde el sistema público de salud, siendo referentes los centros de atención primaria. Durante lo peor de la crisis, muchos mayores dejaron de recibir la asistencia médica que requerían, con los hospitales desbordados. Miguel Vázquez, de Dignidad Residencias, ha afirmado que los servicios médicos de los centros deben ser complementarios a los públicos. “No puede volver a haber restricciones a los especialistas y a las derivaciones hospitalarias“, ha añadido Vázquez.

Junto a este problema se ha remarcado la falta de equipamiento mínimo, la necesidad de reforzar la atención psicológica de los residentes y de eliminar las sujeciones farmacológicas. La plataforma entiende que las residencias deben ser un servicio público, “con su consecuente transparencia”, y no un negocio. “Es el único modo de que se evite la especulación con los derechos de los residentes”, ha especificado la portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1.

La plataforma ha denunciado el alto nivel de privatización del sector. Paulino Campos, de la Federación Gallega de Asociaciones de Familiares de Residencias, calcula que en esa comunidad aproximadamente el 24% de las residencias son públicas, sin embargo, la mitad de ellas funcionan a través de concesiones, por lo que esta cifra quedaría reducida al 12%. “A nivel nacional podríamos hablar de que más del 80% son de iniciativa privada”, ha dicho Campos. A esto hay que sumar la falta de plazas, que continúa siendo un problema grave en todas las comunidades, donde las listas de espera son el pan de cada día. El resultado son los altos precios, que de media alcanzan los 1.800 euros mensuales, según sus estimaciones. En algunas comunidades como el País Vasco, los precios se han duplicado en menos de diez años y actualmente pueden llegar a alcanzar los 2.500 euros.

También han criticado el papel de la Fiscalía. Según ha dicho Carcelén, en muchas comunidades autónomas aún no se ha pronunciado sobre decenas de denuncias por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro o lesiones, presentadas contra la dirección de las residencias o los responsables de las consejerías de Sanidad, por considerarlas responsables de la prohibición de la derivación de los residentes a los hospitales. Muchas denuncias se han archivado. “La justicia debe amparar a las víctimas y no lo está haciendo”, ha expresado Carcelén. “Un país que permita esto desde luego no se puede considerar civilizado”, ha añadido.

Por ello, reclaman también comisiones de investigación. El propio Campos recuerda cómo tuvieron que contar prácticamente “uno a uno” los fallecidos por coronavirus en las residencias. El Gobierno comenzó a publicar cifras a nivel nacional hace unas semanas. Campos insiste en que los fallecidos pueden ser muchos más de 30.000. Y hace además una última puntualización: “Los supervivientes de la pandemia en estos centros son ahora mismo las víctimas de una situación que continúa siendo terrible y está en nuestras manos que no vuelva a repetirse”.