Ayuso ante al drama de las residencias: ahora promete que Madrid será la región con más profesionales

El drama vivido en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde se produjo un triaje por parte de la sanidad pública en el pico de la pandemia, ya está en el corazón de la campaña electoral que decidirá la presidencia regional. Isabel Díaz Ayuso, que se mostró contraria a analizar lo ocurrido en esos centros durante una entrevista con EL PAÍS ―”diseccionar por fascículos los días de terror un año y medio más tarde no aporta nada”, dijo―, ha asegurado este lunes que su Ejecutivo ha hecho “de las residencias lugares seguros para nuestros mayores”. Y ha prometido un cambio de modelo basado en un aumento de personal si vuelve a gobernar tras el 4-M. La líder conservadora no ha detallado si esa promesa afectará solo a las residencias públicas o también a las concertadas, ni tampoco si el compromiso se basa en el acuerdo marco que firmó Ciudadanos con los sindicatos en febrero.

Podcast: el drama de las residencias

“Hemos hecho de las residencias lugares seguros para nuestros mayores, protegiéndoles con las herramientas más eficaces”, ha dicho Díaz Ayuso, defendiendo la gestión de su Gobierno en estos centros, donde se ha producido la mortalidad más elevada de España durante la pandemia, agravada por los rechazos de hospitales en lo peor de la primera ola y por el fracasado plan de medicalización conocido como la Operación Bicho.

La cifra de mayores de residencias muertos en Madrid es un enigma: la comunidad ha reportado casi 6.200 muertes de mayores de residencias en estos 14 meses, pero es un dato incompleto porque, a diferencia del resto de autonomías, Madrid solo informa de los fallecidos dentro de las residencias y no de los que han perdido la vida en hospitales.

“Su situación ha mejorado muchísimo en todo este tiempo”, ha asegurado Ayuso. Y ha prometido: “Vamos a desarrollar un servicio avanzado de teleasistencia, un nuevo modelo de atención y apoyo a personas mayores en centros residenciales para que sean los centros quienes se adapten a nuestros mayores y no al revés. Para ello nos comprometemos a ser la región que más personal tenga, a contratar a profesionales especializados, como a fisioterapeutas, o terapeutas, y a incorporar la teleasistencia a nuestras residencias”.

El drama de las residencias provocó un conflicto decisivo entre los dos socios del Gobierno de coalición que formaron PP y Cs en agosto de 2019. A un lado, la consejería de Sanidad, liderada por el partido de Díaz Ayuso. Al otro, la de Políticas Sociales, encabezada por el de Ignacio Aguado. En medio, los residentes y el virus, que entre finales de marzo y principios de abril campó a sus anchas por los centros, sembrando la muerte frente a una Administración absolutamente desbordada.

Un 40% menos de traslados

Huérfanos de material de protección, enfermaron los ancianos y sus cuidadores. En los peores momentos, con los hospitales saturados por todo tipo de enfermos, los traslados desde las residencias a los hospitales descendieron casi un 40% con respecto a las semanas precedentes, según cifras oficiales. Los bomberos y los militares de la UME tuvieron que intervenir. Primero, para recoger los cadáveres que se amontonaban sin que las funerarias dieran abasto. Luego, para reorganizar el servicio, desinfectar las instalaciones, y ayudar a sus gestores. En paralelo, muchos familiares descontaron días terribles sin localizar a padres y madres.

Un año después del pico de la primera ola de la pandemia, y con el asunto inmerso en una investigación judicial, Díaz Ayuso ha prometido un aumento del personal que coloque a Madrid a la cabeza de esta estadística en España. En febrero, menos de un mes antes de que la presidenta apostara por el adelanto electoral, la consejería de Políticas Sociales (de Ciudadanos) presentó un nuevo acuerdo marco que fija las condiciones de contratación de plazas concertadas en residencias de mayores de la región. Se trata de convenios plurianuales por los que las comunidades autónomas invitan a las residencias a solicitar financiación pública a cambio de cumplir unos criterios.

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La propuesta de la Consejería de Políticas Sociales suponía una mejora de la financiación pública con el fin de conseguir unas mejoras laborales en las residencias. El acuerdo debía sustituir a mediados de este año al vigente desde 2017 y suponía sumar 58 millones de euros anuales extra a esta partida, mejorando la dotación de cada plaza financiada por la Comunidad en un 37,4%, (al pasar de los 54,51 euros diarios del acuerdo marco vigente a los 74,88 euros al día). La primera consecuencia de esa decisión, dijo entonces Aguado, es el incremento en cinco puntos de la ratio de personal de atención directa, en el que se incluyen médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o psicólogos y que pasa de 0,42 a 0,47 por residente. El nuevo acuerdo marco iba a fijar además ratios para gerocultores (0,33) y para la suma de todos los profesionales encargados de la limpieza y manutención (0,12) que hasta ahora no estaban determinados.

Las patronales no fueron tan optimistas como el Gobierno de Madrid sobre la bonanza de este nuevo acuerdo. Criticaron que el punto de partida del acuerdo de 2017 (hubo empresas que rompieron el contrato porque no les salía rentable), y señalaron que la cantidad de 74 euros al día está aún muy por debajo del coste diario de una plaza pública, que estiman en 170 euros. Datos parecidos a los planteados este lunes por Díaz Ayuso, que no ha dado más detalles, ni ha especificado si su anuncio se refería solo a las plazas públicas (minoritarias en el sistema) o afectaba también a las concertadas.

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