Trabajadores de residencias sin vacunar: ¿Responsabilidad colectiva o derecho individual?

El ritmo de vacunación de los profesionales de las residencias avanza a un ritmo muy lento. Casi uno de cada cinco trabajadores sigue sin estar vacunado y el porcentaje de inmunizados ha pasado del 73% al 83% en los últimos tres meses. Las entidades apelan a la responsabilidad de los empleados y abogan por la pedagogía, mientras que algunas asociaciones de usuarios plantean que la vacunación debería ser un requisito para trabajar precisamente después de que una anciana muriese con covid en un centro de Girona con el 46% de los empleados sin vacunar. Las familias lamentan ese 17% de trabajadores sin proteger y los sindicatos alertan del riesgo de que las empresas utilicen la vacunación para rescindir contratos.

La Generalitat admite que le gustaría que la protección fuera más generalizada, pero rechazó este martes considerar la vacunación de los profesionales un requisito de empleo. “Ni podemos pedirlo, ni queremos”, defendió el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon. “Lo importante es persuadir a la gente. Me vacuno para mí, pero también para el resto”, argumentó.

El sector pidió el lunes en una reunión con el Govern facilitar la inoculación a las personas recientemente contratadas para garantizar la protección en los centros y el Departamento de Salud las emplazó a conocer con más profundidad los motivos que llevan los trabajadores a no vacunarse para poder realizar campañas de información más precisas. Según las entidades consultadas los principales motivos que dificultan el avance de la vacunación son el miedo, el recelo de las mujeres que quieren quedarse embarazadas y la dificultad para recibir la primera dosis cuando se entra en este sector laboral. “Pedimos que la vacunación de los nuevos profesionales sea más ágil, y que con un precontrato puedan ir a los CAP para protegerles inmediatamente”, reclama Montse Llopis, secretaria general de la Associació de Recursos Assistencials (Acra).

Los sindicatos y las entidades abogan por persuadir a los trabajadores

Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (Feate), considera la resistencia de las mujeres jóvenes disminuirá. “Se ha comprobado que la vacunación no afecta a las mujeres con planes de ser madres; y hay que poner énfasis en ello”, asegura. Falguera defiende la libertad de los trabajadores para decidir si se inmunizan. “No pediremos que la vacunación sea obligatoria para trabajar. Siempre quedará una bolsa de personas que no quieren vacunarse. No los podemos obligar y hay que respetar sus derechos. Con la pandemia nos hemos cargado muchos derechos y hay que vigilar”.

Ventajas por protegerse

En la misma dirección se expresa Josep Serrano, presidente de la comisión de Gente Mayor de La Confederació del Tercer Sector, patronal de entidades sociales. “No vacunarse en un acto personal que pone en peligro la salud. No es un debate exclusivo en las residencias, sino en todos los sectores”, propone. “Las personas tenemos que ser suficientemente responsables como para vacunarnos”. Serrano alerta de la diferencia de protección entre residencias. “Es posible que haya centros con un índice de vacunación inferior que la media, y debemos incidir en ello”. Según el responsable de La Confederació, la evidencia científica convencerá a los más recelosos. “Entendemos que algunos colectivos se sentían seguros, pero ahora hay más evidencias. Las personas que no se han vacunado se irán sumando, pero el ritmo no podrá ser como al principio”.

La vacunación es actualmente voluntaria y las empresas no pueden obligar a sus trabajadores a recibir una dosis. “Y si no se cambia la ley, que no lo parece, lo único que podemos hacer es apelar a su conciencia”, expresa Llopis. Algunas entidades, sin embargo, piden dar ventajas a aquellos profesionales vacunados. “Si la covid se convierte en una enfermedad profesional, las mutuas tienen que pagarte el 100% del salario”, apunta Vicente Botella, responsable de Upimir, patronal de pequeñas y medianas residencias. “Y la persona que no se vacune, quizás no debería tener derecho a esta retribución laboral completa. Hay que premiar a los que se vacunan”, añade.

Andrés Rueda, presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia (Ascad), va un poco más allá. “La vacunación debe ser un requisito para trabajar en las residencias”, reclama. “Tenemos muchos muertos. Debemos ser respetuosos con la libertad de todos, pero el derecho a la salud también existe, y la experiencia es muy dura. Si alguien no se quiere vacunar, que no trabaje en este sector”. Josep Carné, presidente de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec), coincide. “Como usuario y desde el punto de vista de una persona mayor pediría que la vacuna fuese un requisito. El virus no se abolirá mientras no esté todo el mundo vacunado”. La Federació d’Associacions de familiars d’Alzheimer también aboga por garantizar la vacuna. “Si una persona no quiere vacunarse, optaría por no contratarla”, defiende Joan Carles Molina, secretario técnico de la entidad.

Rueda expone las dificultades logísticas que genera un trabajador no vacunado en el centro: “Hace que todo el equipo vaya mal. Tienes que evitar al máximo la interacción de los que no están vacunados con los usuarios. Y esto implica que algunos profesionales vayan sobrecargados y más cansados”. El sindicato UGT rechaza frontalmente que la vacunación cuente para discriminar la contratación. “No se ha respetado la protección de datos. Los empresarios tienen el listado de vacunados”, alerta Jaume Adrover, representante del sindicato. Y se pregunta: “¿Qué uso puede hacer con ello y cómo puede afectar a los trabajadores? Estamos en alerta por si el siguiente paso es rescindir contratos a gente que no esté vacunada. Es un debate filosófico muy complejo, pero pedimos que todo el mundo se vacune”.

“Hay argumentos para que la vacuna sea obligatoria”, dice un experto en bioética

Desde el Observatori de Bioètica i Drets, de la Univsersitat de Barcelona, Francisco Garcia considera que “hay argumentos sólidos para obligar a los trabajadores a vacunarse, aunque debería ser la última medida”. García pone de ejemplo el juez que obligó en 2010 a vacunar a decenas de niños por un brote de sarampión en Granada, pero reclama buscar los motivos del rechazo a la vacuna de forma individual. “Los perjuicios individuales se limitan a molestias, mientras que los beneficios en favor de la salud colectiva son grandes. Los afectados pueden no estar de acuerdo, pero si su decisión supone exponer a otros a un riesgo importante, de muerte incluso, pueden intervenir otras personas que establezcan un balance entre beneficios y riesgos de la vacuna”, defiende. Un juez ya obligó en enero a vacunar contra el coronavirus a una anciana incapacitada en Galicia, a pesar de la oposición de su hija. Garcia apela al ideario del filósofo John Stuart Mill: “Hay que respetar la libertad de todos mientras esa libertad no dañe a terceros”.

Las residencias han pasado de la noche al día desde el inicio de la vacunación. El índice de mortalidad se ha desplomado. De notificar 227 víctimas con covid las dos primeras semanas de enero, Salud ha pasado a registrar seis decesos en los últimos 14 días.

A pesar de la mejora de los datos, la entidad Amics de la Gent Gran pide un replanteamiento sistémico para no olvidar las dificultades del sector asistencial al inicio de la pandemia: “Hay que revisar el sistema, que las condiciones para los trabajadores sean mejores y tejer consensos. Nos sobran motivos para vacunarnos”, analiza Albert Quílez, su director. “¿Qué sueldo tienen los trabajadores? ¿Qué requisitos se piden para trabajar?” Si las condiciones de los profesionales fueran más favorecedoras podría ser más fácil llegar a un consenso en temas como la vacunación”. Adrover, desde UGT, coincide: “Lo que pasó en los geriátricos no fue casualidad. El sistema hacía aguas”.