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La precariedad deja abierta la herida de la covid en las residencias

Las tímidas mejoras en tarifas públicas, salarios e integración sanitaria quedan lejos del cambio de modelo para el que se conjuró el sector tras la crisis

Residencia geriatrica Barcelona
Interior de una residencia geriátrica en Barcelona, en una imagen de archivo.Albert Garcia

Tres años después de la pandemia de covid-19, esta queda lejos en el retrovisor para muchos ciudadanos, pero algunas heridas siguen abiertas. En Cataluña, las residencias de ancianos sufrieron los estragos más importantes, con miles de personas fallecidas. Pese a la total vuelta a la normalidad en los centros, existen dudas sobre si ha habido una reparación completa a las víctimas y las familias, y sobre si se ha avanzado algo en el objetivo que todo el sector se marcó durante esta crisis: repensar el modelo y sentar las bases para que no vuelva a ocurrir. En estos tres años, la financiación y los sueldos han mejorado aunque exiguamente, y esta misma semana los departamentos de Derechos Sociales y de Salud anunciaron avances en la integración sanitaria. Pero hay problemas que no han cambiado: falta de inversión pública, falta de personal y de medios, y un modelo que tiende más a residencias grandes donde los fondos de inversión tienen cada vez más peso.

Una de las primeras consecuencias políticas de la crisis de la covid en las residencias fue pedir una investigación sobre lo que había ocurrido. La comisión de investigación creada en el Parlament durante la legislatura de Quim Torra decayó sin resultados con el anticipo de las elecciones, y con la nueva legislatura, la cámara catalan volvió a pedir la creación de una comisión, pero ERC, Junts y PSC votaron en contra en noviembre de 2021 porque consideraron que era mejor un grupo de trabajo a puerta cerrada. Este grupo hizo su primera sesión en 2022 y desde entonces se han hecho ocho más, con la intervención de expertos, entidades y representantes políticos. Las conclusiones de los grupos políticos se entregaron a finales de julio, y aunque Amnistía Internacional exigió celeridad en la exposición pública de unas conclusiones consensuadas, estas todavía no han llegado.

Los resultados del grupo de trabajo deberían sentar las bases para una transformación del modelo y dirimir responsabilidades tras la crisis. En Cataluña se intervino la gestión de 29 residencias, y en algunos de estos centros se sustituyó a la entidad gestora definitivamente y hubo sanciones económicas. Hay tres casos que todavía están judicializados: un centro en Palau-solità i Plegamans, otro en Premià de Mar y otro en Tremp.

La cifra total de usuarios de residencias de ancianos fallecidos por la covid-19 varía según la fuente: los datos del Imserso cifran en 6.147 los residentes muertos por covid hasta enero de 2023 (sin distinguir si murieron en el centro o en el hospital), a los que hay que añadir 2.095 usuarios que murieron con síntomas compatibles con el virus aunque la infección no se confirmó. Hasta junio de 2022, el departamento de Salud de la Generalitat cifró en 4.566 los residentes que fallecieron por el virus desde el inicio de lal pandemia en las residencias. La estimación más alta implica que el 31% de los fallecidos por covid-19 en Cataluña fueron usuarios de residencias.

Tres años después, ¿qué ha cambiado? María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora Residencias 5+1, entidad que aglutina a familiares y usuarios, denuncia que apenas ha habido avances. “Las mejoras no se notan en el día a día de las residencias”. Celebra el ligero aumento salarial, pero cree que las ratios siguen siendo insuficientes: “¿Alguien piensa que un gerocultor por cada 10 personas con problemas de movilidad y demencia es suficiente para ayudarles a vestir o a comer?”. También denuncia que las restricciones en el régimen de visitas se han consolidado tras la pandemia. Muchos centros reclaman pedir cita para visitar a los residentes y ya no se accede con total libertad. “Entiendo que la residencia establezca horarios de visita por razones de organización, pero a veces solo podemos venir al mediodía, cuando comen, y te ponen mala cara o te hacen esperar mucho antes de entrar”, comparte Juana M. hermana de una residente de un centro barcelonés.

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Integración sanitaria

El sector apunta que los cambios tras la pandemia han ido en tres direcciones: avanzar hacia la integración sanitaria, intentar mejorar la financiación pública para incrementar salarios y diseñar un nuevo modelo de centros. Pero en las tres direcciones queda mucho camino por recorrer. En Cataluña, esta misma semana se ha dado un paso inicial en el primer punto, con el acuerdo entre Salud y Derechos Sociales para que la atención sanitaria de las residencias la asuman, a finales de 2024, los centros de atención primaria (CAP). Es decir, que las residencias no tendrán un médico propio, sino que serán los médicos de familia los que hagan el seguimiento.

“Esto sí que es un cambio, que va en la línea de lo que siempre hemos reclamado, que las residencias sean como la casa de los usuarios. El plan también dice que siempre que sea posible no se derivará a los hospitales a la gente que está al final de su vida, pero para hacerlo bien necesitamos más recursos, preparación, oxígeno…”, explica Cinta Pascual, presidenta de la patronal ACRA, que representa a más del 70% del sector. Inicialmente el plan era que los CAP asumiesen los médicos y las enfermeras, “pero se han dado cuenta de que no puede ser, porque simplemente no hay enfermeras suficientes”, añade.

La falta de personal es un mal endémico en el sector, por los bajos salarios y la gran carga de trabajo que tienen que soportar los trabajadores. Este año, el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, llegó a un acuerdo con patronales y sindicatos, en el marco de los presupuestos de 2023, para incrementar las tarifas públicas que paga la Generalitat por cada plaza residencial, un aumento que repercute en los salarios. También hubo acuerdo para actualizar el convenio del sector, el Gercat, en 2021. En estos tres años los salarios han subido un 12,6% acumulado, y la previsión es que suba otro 5% el año que viene. Pero el sueldo sigue siendo muy bajo: “Un gerocultor que lleve tres años en una empresa, y que por lo tanto tenga un trienio, y que trabaje dos fines de semana al mes y algunos festivos, puede cobrar de media unos 1.200 euros brutos mensuales, que limpios son menos de 1.100″, explica Josep Martínez, delegado del sector de la geriatría de CC OO.

La mayoría de empresas del sector complementan el sueldo del convenio con un un suplemento, para no perder profesionales. “Estábamos en una situación límite y la covid lo hizo petar todo. Pero ahora tenemos un problema, porque los hospitales y centros sanitarios han mejorado mucho las condiciones, y la gente no quiere trabajar en las residencias. Una enfermera —que según el convenio del sector cobra menos de 1.500 euros brutos— no quiere estar atendiendo a 120 usuarios ella sola, si puede ir a un hospital a cobrar mejor. La diferencia es de más de 400 euros”, apunta Martínez, que reclama una “profesionalización” del sector y especialmente de la figura del gerocultor: “Ya no se trata solo de asistir a personas mayores, es que cada vez son más dependientes, mientras que para ser gerocultor no se pide una titulación específica, solo un certificado profesional que te sacas con un curso de 300 horas”. Los sindicatos también denuncian que las ratios no han subido: cada usuario de grado tres de dependencia (el máximo) tiene que recibir al año 716 horas de atención por parte de todos los trabajadores del centro, y la ratio es de 0,39, es decir, 19,5 trabajadores por cada 50 usuarios.

El lastre de la financiación

La Generalitat lamenta que el gran problema es la financiación. En 2022, el Estado aportó el 21,2%, la Generalitat el 61% y las familias, mediante el copago, el 17,7%. La Generalitat invirtió 1.566 millones de euros en atención a la dependencia en 2022, contando todos los aspectos, no solo el residencial. En octubre, además, el Govern incrementó la prestación económica vinculada (PEV) a la plaza de residencia, que se otorga a la persona, de los 747 euros mensuales a los 1.239 euros, con lo que asegura cubrir el 62% del coste de una plaza. La financiación pública que recibe el centro por cada plaza concertada es de 2.184 euros (es decir, 73 euros al día para la atención asistencial y médica, y para la manutención), según ACRA.

En la reflexión para un nuevo modelo de residencias, la exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, impulsó un acuerdo de acreditación para marcar los requisitos que deberán cumplir los centros, que deberán tender hacia la atención personalizada y la similitud con el hogar. Pero la evolución del mapa de residencias indica que esta no es la tendencia que ha seguido el mercado. Según el estudio Envejecimiento en Red del CSIC, con datos de 2022, en Cataluña el número de residencias grandes (de más de 100 plazas) ha subido un 79% con respecto a 2004, y las que tienen más de 50 plazas han incrementado un 52%. Mientras, las más pequeñas, de menos de 25 plazas, se han reducido un 55% en este tiempo.

Esta tendencia se traslada también a la titularidad de las residencias. Actualmente hay 953 centros con 58.545 plazas, el 71% de ellas con financiación pública. La mayoría de los centros, 624, son de iniciativa mercantil, mientras que 144 son de iniciativa pública y 185 de iniciativa social. Hay una presencia creciente de grandes grupos, algunos de ellos controlados por fondos de inversión, como Domus VI, Orpea, Amavir, STS, Vitalia, entre otros. El Govern está transitando hacia un modelo de concertación con estos grupos, con requisitos de acreditación claros, pero prefiere apostar por iniciativas sin ánimo de lucro. “La gente quiere envejecer en casa, pero esto solo se puede hacer si tienes plataformas de servicio adaptadas. Posiblemente ahora no tenemos que construir macroresidencias, aunque no hay muchas, la mayoría de los centros tiene 120 plazas. Pero con la entrada de los boomers en la vejez, necesitaremos de todo. No puedo estar de acuerdo en dar preferencia al tercer sector, porque se tiene que dar prioridad a las entidades que han invertido en el país”, recuerda Pacual, la presidenta de Acra, que es también la gerente del grupo L’Onada. La demanda sobrepasa la oferta: la lista de espera para una plaza con financiación pública es de 18.820 personas, de las que 6.099 han renunciado alguna vez a una plaza porque no es la que pidieron.

Ignasi Freixa, el presidente de la patronal de los centros del tercer sector pequeños y medianos, Upimir, destaca que este segmento es el que lo pasa peor, y más con la inflación. “Decían que había que cambiar el modelo, pero no ha ocurrido. Esto es una economía de escala, y los pequeños nos ahogamos”, lamenta, y recuerda que el incremento de tarifas pactado en marzo ha tardado meses en pagarse. Sitúa como gran problema la falta de personal, las carencias en la inspección y la falta de financiación: “Si volviese la pandemia, volvería a pasar, la diferencia es que ahora tenemos batas y mascarillas”.

El tiempo no ha cerrado algunas heridas abiertas durante la pandemia. “No pondría nunca a mi madre en una residencia tras lo que ocurrió con mi padre”, asevera Ramiro Berrocal, hijo de una víctima de la covid en el geriátrico Ca n’Amell de Premià de Mar a principios de la emergencia sanitaria. “El sistema no ha cambiado, sigue igual. Lo vemos a través de otros usuarios”, denuncia. Berrocal señala que ni la administración ni los gestores han hecho pasos para reparar lo que ocurrió durante la covid: “Nadie nos ha contactado y la administración ha puesto trabas a cualquier investigación”. Carcelén cree que las conclusiones del grupo de trabajo del Parlament no responderán a la pregunta recurrente: “¿Quién tomó las decisiones de no trasladar a los residencies a los hospitales?”.

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