Una década de recortes agrava el impacto del virus en las residencias

Las residencias de ancianos empiezan a dejar atrás lo peor, con más pruebas diagnósticas, refuerzo de personal y más equipos de protección. Sin embargo, las cicatrices que ha dejado el coronavirus en estos centros son profundas. Entre positivos confirmados y sospechosos ya hay más de 30.000 contagiados, la mitad de los ancianos en residencias. Después de 2.814 muertes, patronales, sindicatos y familiares piden repensar un modelo marcado por la falta de financiación pública y la entrada de empresas con ánimo de lucro que han ajustado los costes y el servicio.

El 12 de marzo se prohibieron las visitas de familiares, pocos días después se cerraron los centros de día y empezó un confinamiento largo, marcado por la vulnerabilidad de los residentes y el rápido avance del virus cuando entra en una residencia. Todos los centros sufrieron la falta de equipos de protección individual y las consiguientes bajas de los trabajadores contagiados. También han asistido todos a la respuesta política del Govern, que tardó casi un mes en traspasar la gestión de Asuntos Sociales a Salud. Algunos centros se avanzaron a las recomendaciones de la Generalitat y tomaron antes las medidas de higiene y protección que les están permitiendo pasar el confinamiento sin casos de contagio. Otros, como el centro geriátrico de Lleida, optaron por confinar a los trabajadores con los ancianos y minimizar el riesgo. Pero en muchas otras residencias reinó el caos, la improvisación y la ley del silencio para evitar críticas ante el miedo de que los centros perdiesen reputación.

Eso fue lo que ocurrió en la residencia Ca n’Amell de Premià de Mar, gestionada por Domus Vi (el grupo privado que más plazas opera en España). El alcalde, Miquel Àngel Méndez, todavía no se lo puede creer: “No podíamos hablar con ellos, ni nosotros ni las familias. Finalmente, Salud dio orden a los médicos de atención primaria para que entrasen al centro. Como el director se resistía, tuve que decirle que si no, los médicos entrarían con la policía”. El centro, que ha registrado al menos 48 muertos de los 209 residentes, es uno de los 10 que la Generalitat ha intervenido la gestión.

Efecto de la pandemia

en las residencias

Plazas

Privadas

18.340

Públicas

(Generalitat)

5.200

Públicas

(adm. locales)

5.098

Concertadas

35.455

Número de centros

Iniciativa

mercantil

660

Titularidad

pública

154

Iniciativa

social

258

Evolución de contagios y fallecidos

25.000

Sospechosos

20.360

20.000

A partir del 15,

se incluyen

los datos

de funerarias

15.000

Contagios

10.139

10.000

Trabajadores

contagiados

5.520

5000

Fallecidos

2.814

0

20

mar.

1

abr.

26

Presupuesto para residencias

Millones de euros

1.592

1.531

1.521

1.474

1.404

1.378

2011

2012

2014

2015

2017

2020

Tarifa pública y gasto por plaza ocupada

Euros

Tarifa pública (media anual)

Gasto por plaza ocupada

21.537

21.445

20.227

21.422

20.000

20.128

18.801

15.000

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fuente: Generalitat, ACRA y elaboración propia.

EL PAÍS

Efecto de la pandemia en las residencias

Plazas

Privadas

18.340

Públicas

(Generalitat)

5.200

Públicas

(adm. locales)

5.098

Concertadas

35.455

Número de centros

Iniciativa

mercantil

660

Titularidad

pública

154

Iniciativa

social

258

Evolución de contagios y fallecidos

25.000

Sospechosos

20.360

20.000

A partir del 15,

se incluyen

los datos

de funerarias

15.000

Contagios

10.139

10.000

Trabajadores

contagiados

5.520

5000

Fallecidos

2.814

0

20

marzo

1

abril

26

Presupuesto para residencias

Millones de euros

1.592

1.531

1.521

1.474

1.404

1.378

2011

2012

2014

2015

2017

2020

Tarifa pública y gasto por plaza ocupada

Euros

Tarifa pública (media anual)

Gasto por plaza ocupada

21.537

21.445

20.227

21.422

20.000

20.128

18.801

15.000

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fuente: Generalitat, ACRA y elaboración propia.

EL PAÍS

Efecto de la pandemia en las residencias

Plazas

Número de centros

Privadas

18.340

Públicas

(Generalitat)

5.200

Iniciativa

mercantil

660

Titularidad

pública

154

Públicas

(adm. locales)

5.098

Iniciativa

social

258

Concertadas

35.455

Evolución de contagios y fallecidos

25.000

Sospechosos

20.360

20.000

15.000

A partir del 15, se incluyen

los datos de funerarias

Contagios

10.139

10.000

Trabajadores

contagiados

5.520

5000

Fallecidos

2.814

sin

datos

0

20

marzo

23

26

29

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abril

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22

23

24

25

26

Presupuesto para residencias

Tarifa pública y gasto por plaza ocupada

Millones de euros

Euros

Tarifa pública (media anual)

Gasto por plaza ocupada

1.592

1.531

1.521

1.474

1.404

1.378

21.537

21.445

20.227

21.422

20.000

20.128

18.801

15.000

10

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12

13

14

15

16

17

18

19

20

2011

2012

2014

2015

2017

2020

Fuente: Generalitat, ACRA y elaboración propia.

EL PAÍS

Detrás de lo que ha pasado en centros como este hay dos elementos que ya existían, pero que el coronavirus ha destapado. Por un lado, la precariedad de medios que las familias llevaban tiempo denunciando ha estallado, y es la otra cara de una década de infrafinanciación en el sector, que a diferencia del sanitario o la educación, no ha conseguido revertir los recortes. Por otro, la crisis ha revelado la falta de control de un servicio público en residencias que gestionan empresas privadas con ánimo de lucro. Según sindicatos y expertos, la pandemia invita a un cambio de modelo: de las residencias que querían parecerse a hoteles y que han sido un negocio para empresas privadas, a centros con más control público y coordinados con el ámbito sanitario.

En Cataluña hay 64.093 plazas de residencia. Y la lista de espera asciende a 19.734 personas. “Quien ha invertido más en este sector en los últimos años son las empresas mercantiles, porque no se han hecho inversiones públicas. Los márgenes de beneficio son muy bajos, pero muy estables, porque casi nunca tienes plazas vacías”, explica Cinta Pascual, presidenta de la patronal ACRA. El mapa de las residencias de iniciativa privada ha cambiado, y ha pasado de tener una mayoría de iniciativas sin ánimo de lucro, a que la proporción fuese de 30-70 con respecto a las que tienen ánimo de lucro, según la Confederación Empresarial del Tercer Sector. También ha cambiado el perfil del usuario: cada vez con edad más avanzada, y cada vez con una dependencia más grande, fruto de que las familias aguantan lo que pueden hasta tener que pagar una plaza. El precio de una plaza pública de grado tres de dependencia, el máximo, es de 1.869,41 euros al mes, y la prestación del Govern va de 833 euros a 426 según la situación de la familia. La Generalitat explica que asume el 88% de esta financiación cuando solo le corresponde el 50%, según la ley de dependencia.

Pascual afirma que la financiación ha sido insuficiente en la última década: las tarifas anuales que paga la Generalitat se han mantenido prácticamente congeladas. La tarifa para las plazas de grado tres (las que más han aumentado), es la misma que en 2009, mientras que los costes para mantenerlas han crecido. La partida de los presupuestos destinada a la atención de las personas mayores también se ha mantenido estable, y solo con los presupuestos aprobados el pasado viernes registra un aumento.

“Si no mejoran las tarifas, no pueden mejorar los salarios. Hemos llegado sin músculo a esta pandemia”, expone Pascual. Frente a la emergencia están trabajadores como Yolanda, que prefiere no decir en qué centro trabaja. Se ha confinado con nueve ancianos aislados. “El esfuerzo mental y físico es brutal. Lo estamos dando todo y aún hoy están faltando equipos de protección y nos falta personal”. Cobra 1.150 euros por el turno de noche, contando extras y festivos trabajados. Muchos trabajadores están por debajo de esta cifra y tienen que combinar varios empleos para llegar a fin de mes. “Ya nos han dicho que cuando esto pase, al haberse quedado sin abuelos ni ingresos, echarán a mucha gente”, añade. “Era una olla a presión que estaba a punto de petar. Es lo que pasa cuando tienes un sector privatizado y poco profesionalizado”, afirma Josep Martínez, de CC OO, que explica que en algunos centros faltan materiales y los trabajadores tienen que lavarse los trajes en casa. Para cambiar el modelo, añade, tienen que crearse más plazas públicas, revisar las ratios y el convenio, y aumentar las inspecciones.

En el debate sobre el modelo de gestión resuenan las quejas de cinco residencias que en 2017 descubrieron que las empresas gestoras habían ganado los concursos con bajas temerarias. La Generalitat cambió entonces los criterios, que primaban más el precio que la calidad. “El sector ha cambiado mucho, y las residencias sin ánimo de lucro queremos mantener la estructura del hogar, cuando cada vez hay más necesidades de dependencia. A las grandes empresas les salen más los números”, explica Assumpció Ros, vicepresidenta de Feate, que representa a las entidades sin ánimo de lucro. “Cuando todo esto pase, tendremos que hablar mucho del modelo”, añade: “Los servicios a las personas no pueden ser un negocio”.