El nuevo acuerdo de las residencias de mayores: ¿luz verde o papel mojado?

Recientemente se ha aprobado el nuevo acuerdo de acreditación estatal para servicios asistenciales de mayores en situación de dependencia. Se trata de un texto que fija como deberán ser, en los próximos años, las residencias, los centros de día, los servicios de ayuda a domicilio y la teleasistencia en el conjunto del Estado. La que debería ser una muy buena noticia ha quedado difusa por la incertidumbre de su aplicación. Sobre el papel, el nuevo acuerdo representa un paso adelante muy significativo en la mejora de la atención de los mayores. Se incorpora el concepto de atención centrada en la persona, que básicamente viene a decir que los mayores tienen que poder envejecer según sus preferencias y necesidades.

No todo son ventajas, por supuesto. Hay aspectos preocupantes, como la limitación del número de plazas para las nuevas residencias, una medida que no tiene nada que ver con la calidad y una atención personalizada. Precisamente, el acuerdo establece unidades de convivencia que ya permiten sectorizar los espacios y proporcionar así esta sensación próxima a un hogar.

En estos momentos no sabemos qué va a costar el nuevo acuerdo de acreditación. Y aún menos como se financiará. No tenemos un compromiso del Gobierno anunciando una financiación tangible y sostenida en el tiempo. Se está repitiendo el mismo error de hace 26 años con la Ley de la Dependencia, que también se aprobó sin una memoria económica que la emparase. En estos momentos, las comunidades autónomas asumen el 80% de la factura mientras que el Gobierno paga el 20% restante. Sin financiación, hay que repetirlo, el acuerdo es inviable. Y más aún si hay que cumplir con el calendario marcado, que prevé que estos cambios sean una realidad a finales del 2023. El precio de una plaza concertada de residencia en Cataluña es de 2.002 euros. Aplicar los cambios que comporta el acuerdo significará un incremento de 250 euros mensuales. ¿Quién va a pagarlo?

No se trata únicamente de un asunto económico. También surgen muchas dudas jurídicas sobre la necesaria adaptación de las comunidades autónomas. Por un lado, el Estatut deja claro en el artículo 166 que le corresponde a la Generalitat la competencia “exclusiva” en servicios sociales. Pero el artículo 34 de la Ley de la Dependencia establece que el Consejo Territorial de Servicios Sociales podrá fijar “criterios comunes de acreditación”. Así pues, no queda claro cómo será la transposición de este nuevo acuerdo en Cataluña, y más cuando el Departamento de Drets Socials está inmerso en un proceso propio de acreditación.

El tema, en definitiva, está lejos de tener un final feliz. La sensación mayoritaria en el sector es que se ha actuado de un modo improvisado en un tema tan importante como estratégico. Existen dos retos de futuro que nos amenazan seriamente: la emergencia climática y el sobre envejecimiento. Con la generación del baby boom llamando a la puerta, necesitamos de una vez por todas una apuesta firme por la atención a la dependencia. En Cataluña, tal y como ha dicho recientemente la consejera de Drets Socials, hacen falta 1.000 millones anuales más de presupuesto. Y en el conjunto del Estado, elevar el PIB hasta un 2%, muy lejos del 0,7% actual, y acabar situándolo en los mismos niveles de muchos países de nuestro entorno que sí que han hecho los deberes.

Cinta Pascual es Presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)

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