crisis del coronavirus

La contratación pública crea diferencias salariales en las residencias de hasta 600 euros

Empresas y sindicatos piden aumentar la financiación para mejorar el convenio del sector

Un trabajador del centro de mayores Santa Oliva, en Olesa de Montserrat, habla con residentes.
Un trabajador del centro de mayores Santa Oliva, en Olesa de Montserrat, habla con residentes.Albert Garcia

La contratación de refuerzos por parte de la Generalitat para hacer frente a la emergencia sanitaria y a la falta de personal en las residencias de ancianos ha generado una diferencia salarial de hasta 600 euros al mes entre los empleados de una misma residencia que hacen la misma función pero están contratados por medios distintos. La Generalitat ha contratado, a partir del Institut Català de la Salut (ICS), a 31 enfermeras para residencias. Estas trabajan bajo el paraguas del convenio colectivo del ICS, que fija un sueldo bruto de 2.000 euros al mes. Al mismo tiempo, las compañeras que, con la misma función, están contratadas por la empresa gestora del centro, perciben un sueldo bruto base de poco más de 1.347 euros al mes, el que marca el convenio estatal.

La tensa situación que viven las residencias de ancianos ha puesto sobre la mesa el debate sobre la precaria situación laboral que tienen los trabajadores de estos centros. Sindicatos y patronales admiten que no todas las bajas que se han registrado en el último mes han sido por contagio de coronavirus, y reconocen que algunos profesionales han causado baja “por una mezcla entre el miedo y el no querer jugarse la vida por un sueldo bajo”, señala un portavoz de UGT.

La falta de unas buenas condiciones laborales es también la responsable de que en el sector haya mucha rotación de enfermeras y auxiliares que ven las residencias como una plataforma desde la que saltar al sistema sanitario, donde los convenios laborales son mucho mejores. “Esto hace que nunca se acabe de profesionalizar el sector, y que se contrate a gente no cualificada”, explican las fuentes sindicales. “Los profesionales tienen que cobrar más, necesitamos que el sector se sienta más valorado”, admite Cinta Pascual, presidenta de la patronal ACRA.

La falta de financiación pública ha hecho imposible que la patronal firme un convenio autonómico para mejorar las condiciones de los empleados en Cataluña. En plena pandemia, pues, el trabajo de las enfermeras en residencias se rige por el convenio estatal de dependencia, actualizado en 2018. “Esta diferencia salarial es puntual porque se necesitan refuerzos, pero muestra las diferencias que hay entre sectores. Cuando pedimos un incremento de módulos y de tarifas, y una equiparación salarial entre sectores, es por esto”, explica Joan Segarra, presidente de la Confederación Empresarial del Tercer Sector. Segarra apuesta por replantear, también desde la visión salarial, el modelo de residencias en Cataluña.

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