La víctima de la violación grupal de San Fermín sobre la Ley de Libertad Sexual: “No es mi ley, es la de todas las mujeres”

El 7 de julio de 2016, cuando todos los medios de comunicación comenzaron a hablar sobre una agresión sexual cometida esa madrugada en Pamplona, durante la primera noche de San Fermín, nadie imaginó que lo que acababa de ocurrir cambiaría la historia reciente de España: la política, la sociedad y la legislación. De aquella violación múltiple perpetrada por cinco hombres contra una mujer de 18 años, que sacudió la conciencia común sobre la violencia sexual, han pasado seis años y 49 días hasta que este jueves, 25 de agosto de 2022, llega al pleno del Congreso para su aprobación definitiva la llamada ley del solo sí es sí.

Y dice ella, esa mujer que ahora tiene 24 años, que no siente que haya hecho nada: “No es mi ley, es la de todas las mujeres, así que pa’lante”. Pa’lante fue siempre hacia donde fueron. Ella y su familia. Su padre, su madre. Para esta última, esta ley “es el fruto de la valentía, perseverancia y dignidad de una niña que sí sabía cómo quería y podía vivir sin que nadie la juzgara, y decidió seguir adelante para que todos tomáramos conciencia del miserable camino que han tenido y tienen que padecer un número demasiado alto de víctimas. Y esto lo tenemos que cambiar todos juntos. Solo a ella le debemos el examen de conciencia que tenemos que hacer desde todos los ámbitos de la vida”.

Ese examen social comenzó muy poco después de aquel 7 de julio, el primero de lo que después se conoció como el caso de La Manada. Y esa revisión ciudadana fue más allá de concentraciones y manifestaciones: se convirtió en el origen de esta norma. Nació de la batalla judicial que ni ella, como su madre la nombra, ni su familia abandonaron nunca; y del tsunami social y feminista que durante tres años salió en decenas de ocasiones para acompañarlas, para reclamar que la Justicia se recolocara, que se ajustara a la percepción actual de la ciudadanía sobre esa violencia. De esa ruptura entre la calle y el ámbito judicial, empezaron los cambios políticos.

Fue con la primera sentencia, la de la Audiencia Provincial de Navarra. Entonces, los jueces vieron abuso y no violación. El impacto social que provocó hizo que la Comisión del Pacto de Estado contra la violencia de género se reuniera por primera vez, 200 días después de su aprobación, a petición urgente de PSOE y Podemos.

A la vez, el caso llegó al Parlamento Europeo con el impulso de Podemos, allí se debatió “la aplicación por parte de España de los estándares internacionales sobre violencia sexual a raíz de la sentencia de La Manada”. Y a la ONU, que emitió un comunicado a través de la responsable de la ONU para la Mujer, Purna Sen, donde afirmó que el tratamiento judicial no había sido el correcto. “[La sentencia] subestima la gravedad de la violación”, escribió Sen.

También cambió la agenda de Gobierno y oposición. En primer lugar, fue la reactivación del grupo de expertos de la sección Penal de la Comisión de Codificación. Con Mariano Rajoy como presidente en aquel momento, en abril de 2018, el Ejecutivo encargó a este equipo consultivo estudiar una reforma sobre los delitos sexuales en España tras el escándalo de ese fallo judicial.

El segundo llegó inmediatamente después, la modificación de los integrantes de esa comisión: estaba compuesta por 20 hombres, ninguna mujer. Aquello provocó una protesta más, la de un grupo de catedráticas de Derecho Penal de diferentes universidades españolas, que publicaron un manifiesto por la exclusión de mujeres en ese equipo. Justicia acabó incorporando a nuevas vocales permanentes. Así, las juristas se convirtieron en mayoría en ese órgano. 15 mujeres y 13 hombres.

Cuando el ‘no es no’ comenzó a convertirse en el ‘solo sí es sí'

La revisión duró meses, y no fue hasta diciembre de 2018 cuando la Comisión entregó el documento al ya entonces Gobierno socialista. Proponían la incorporación del consentimiento de la víctima como eje, añadir como agravante cuando la violación fuera a la pareja o expareja y dejar fuera el término “abuso” para considerar “agresión” cualquier atentando contra la libertad sexual. También recuperaban el delito de “violación” para los casos más graves. Fue solo tres semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificara la sentencia de la Audiencia Provincial: abuso, no violación.

La calle volvió a llenarse. En Sevilla, en Bilbao o en Madrid se convocaron concentraciones en las que las mujeres repitieron lo que ya habían gritado y escrito en pancartas unos meses antes: “No es abuso, es violación”. El inicial “no es no”, se estaba convirtiendo en el “solo sí es sí”.

Unos meses después, en mayo de 2019, la que era ministra de Justicia, Dolores Delgado, verbalizó cuál era la primera propuesta concreta de cambio sobre los delitos sexuales, que se alejaba del documento del equipo de juristas. La modificación consistía en endurecer las penas para los condenados por abusos y agresiones sexuales: que tuviesen que cumplir la mitad de la pena para poder acceder a los “beneficios penitenciarios, a los permisos de licencia, a la clasificación en tercer grado y al cómputo del tiempo para la libertad condicional hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena impuesta”.

Solo un mes después, llegó la sentencia del Tribunal Supremo. Y fue un fallo histórico: no fue un abuso sexual, fue un delito de violación continuado y en grupo. Por unanimidad, el Supremo elevó de 9 a 15 años la condena para José Angel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero. La Manada. La decisión del alto tribunal encajó no solo con lo que pedían desde hacía más de un año las acusaciones, también el movimiento feminista, juristas y hasta diversos representantes y partidos políticos desde el primer fallo de la Audiencia Provincial.

Así, cuando en enero de 2020 se formó el primer Ejecutivo de coalición de la historia española, los socios, PSOE y Unidas Podemos, acordaron redactar una nueva ley basada en el trabajo que ya había hecho UP. Había comenzado a pergeñarse la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que, como había propuesto inicialmente el grupo de juristas, colocaba el consentimiento de las mujeres en el centro.

A partir de ahí, la cosa se aceleró. Aunque no sin debate. Porque fue precisamente ese “solo sí es sí”, plasmado en la norma a través de una definición concreta de consentimiento, lo que más discusiones disparó. Entre los socios de coalición y los grupos de investidura, entre los grupos de la derecha, y también con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —uno de los órganos consultivos que emiten informes sobre las leyes orgánicas—, que no estuvo a favor de concretar ese término.

El Gobierno siguió adelante. Y esa norma, con casi 11 meses de trámites legislativos, no solo ha sido una de las estrellas de esta legislatura, sino que se coloca entre las legislaciones más vanguardistas de Europa. El pasado 26 de mayo, salió del Congreso de los Diputados con 201 votos a favor, 140 en contra (todos los diputados de PP y Vox) y tres abstenciones del Grupo Mixto (Albert Botran y Mireia Vehí, de la CUP, y José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria). De ahí, entró al Senado. Fue el 3 de junio.

Entonces, una inesperada maniobra parlamentaria impidió al Gobierno dejar lista definitivamente la ley. El Gobierno esperaba que la Cámara alta se limitase a ratificar el texto llegado del Congreso, lo que habría facilitado su entrada inmediata en vigor. Pero en el pleno, celebrado el 19 de julio, el PP unió sus votos a una enmienda intrascendente de Junts per Cataluya, cuyo texto ya es parte de la redacción de la norma. La enmienda salió así adelante y obligó a enviar de nuevo el proyecto a la cámara baja, a cuyo pleno llega este jueves.

La norma que llega hoy al pleno del Congreso condensa las reivindicaciones feministas y cambia el paradigma de la violencia sexual: en el centro estará la voluntad de las mujeres y no el cómo respondan o cuánto se resistan a una agresión. El consentimiento, libre y expresado claramente, se convierte en el eje del tratamiento de la violencia sexual.

Su esencia nace de tres de esos lemas y consignas que cientos de miles de mujeres han repetido en los últimos seis años. El “hermana, yo sí te creo”, el más inicial, que reflejaba la necesidad de un cambio judicial que entendiese la violencia sexual en su contexto y con las características propias que alberga. El “no es abuso, es violación”, tras las dos primeras sentencias, que condensaba la idea de que no tiene que mediar violencia o intimidación para que haya violación. Y el “solo sí es sí”, sobre el consentimiento, sobre cómo se percibe y se entiende, y cómo ninguna otra cosa que no sea un sí, significa un sí.