La sentencia de La Manada desata una tormenta política y social

La cita era este miércoles a las 11.00 y para hacer ruido: “Nos van a oír”, rezaba el cartel de la convocatoria informal que pasó de un móvil a otro. Centenares de mujeres de distintas edades se juntaron en el centro de Madrid con camisetas y brazaletes morados y avanzaron hasta la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional en la que se celebraba el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. La fiesta autonómica más importante de la región estuvo protagonizada por las mujeres que protestaban en la calle, a escasos metros de los políticos que asistían al desfile en una cita a la que no acudió ninguno de los expresidentes autonómicos de Madrid del PP, salpicados o imputados por casos de corrupción.

“Qué casualidad, qué casualidad, que uno de ellos era militar”, gritaban las feministas mientras sonaba la marcha militar. Coreaban también el “No es abuso, es violación” que han repetido en decenas de movilizaciones. Las primeras, apenas horas después de que, el pasado 26 de abril, la Audiencia Provincial de Navarra sentenciara que los cinco miembros de La Manada cometieron un delito de abuso sexual y no una violación contra una joven en los Sanfermines de 2016. Fueron condenados a nueve años de prisión.

Los gritos de indignación de las manifestantes irrumpieron en el acto solemne de forma inesperada, como lleva ocurriendo durante casi una semana con esta insólita movilización que ha capturado la atención de otros países. Las reacciones a la sentencia de La Manada han desbordado a la clase política y han cambiado el guión del Gobierno y de la oposición.

No estaba en los planes del Ejecutivo de Mariano Rajoy tocar el Código Penal, que recoge una tipificación de los delitos contra la libertad sexual inamovible desde 1995. La jurisprudencia establece que para considerar la violación tiene que haber violencia (una agresión física con fuerza) o intimidación (una amenaza de un mal grave a la víctima para que ceda a la pretensión de los agresores), dos cosas que los jueces no vieron en el caso de La Manada. La indignación social ha empujado al Gobierno a hacer un anuncio que aún no se ha concretado.

Y, en este cambio de paso, el ministro de Justicia se salió del camino. Rafael Catalá declaró esta semana que el magistrado que firmó el voto discrepante pidiendo la absolución de los cinco acusados, Ricardo González, “tiene algún problema singular”. Tiró la piedra y escondió la mano: no ha aclarado cuál es ese problema ni si afecta a su trabajo como juez.

El PP y el Gobierno han evitado respaldar a Catalá. Y su declaración consiguió la unanimidad de todas las asociaciones de jueces y fiscales criticando la intromisión.

Salto internacional

La polémica ha dado también un salto internacional. Ayer se trasladó a Bruselas, donde el Parlamento Europeo debatió “la aplicación por parte de España de los estándares internacionales sobre violencia sexual a raíz de la sentencia de La Manada”. El debate lo impulsó Podemos, con la oposición del PP y el apoyo del PSOE. La formación de Pablo Iglesias busca una definición legal más clara de la violación que incluya toda relación sexual no consentida. Un comunicado de la responsable de la ONU para la Mujer, Purna Sen, referido a los delitos sexuales en todo el mundo, dedicaba también ayer unas líneas al caso de La Manada, afirmando que la sentencia “subestima la gravedad de la violación”.

Casi 1.800 psicólogos y psiquiatras españoles se sumaron a las críticas con una carta en la que explican que el bloqueo de la víctima es normal en una situación de pánico y reclaman que no se ponga el foco en la víctima en los procesos judiciales ni se cuestione el hecho de que intenten recuperar su vida tras el trauma, algo que hizo en un momento dado del juicio la defensa de algunos de los acusados de La Manada, aunque no lo hace la sentencia.

La misiva de los psicólogos y psiquiatras se gestó en las redes sociales. Igual que el movimiento promovido por la periodista Cristina Fallarás con la etiqueta Cuéntalo. “Tenemos que contar las agresiones, violaciones, compañeras. Este relato nos lo han hurtado. Debemos construirlo para que otras reconozcan”, pedía Fallarás el mismo día que se conoció el fallo. Centenares de mujeres han compartido desde entonces historias de abusos y agresiones sexuales.

Entre ellas, la concejal de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia, Isabel Lozano, que relató que sufrió abusos sexuales con 10 años por parte de un profesor de kárate. “Es necesario visibilizar toda esta historia de la infamia que hemos llevado en nuestras vidas, cada una de manera individual y sin poner demasiado en común”, explicó Lozano a la Cadena SER. O la exdiputada de Coalición Canaria y exviceconsejera del Gobierno canario Dulce Xerach, que contó que sufrió abuso sexual y de poder de un político que aún se encuentra en activo.

El movimiento feminista ha convocado para mañana una nueva manifestación en Madrid con el lema Stop cultura de la violación. Aseguran que sus protestas no quedarán ahí.