El Gobierno acusa al alcalde de Badalona de “dejación de funciones” en la acogida de los migrantes del B9

Cerca de un centenar de migrantes siguen vagando por las calles de Badalona tras el desalojo, el miércoles, del antiguo instituto B9, que ha sido celebrado por el alcalde, Xavier García Albiol (PP) como una victoria. Esas personas han pasado la primera noche tras el desahucio en tiendas de campaña instaladas frente al centro, sin haber recibido ninguna ayuda de los servicios sociales. Ese abandono municipal ha sido denunciado por el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, que ha acusado al alcalde de una “dejación de funciones” en la primera acogida de los migrantes del B9 que, según él, es competencia municipal. Durante más de dos años, el instituto fue refugio para más de 400 extranjeros, la mayoría de origen subsahariano, que lo convirtieron en el mayor asentamiento informal de migrantes de Cataluña.

La primera noche tras el desalojo, tal como se intuía, fue complicada. Sin apoyo de los servicios sociales municipales, decenas de personas se repartieron en pequeños grupos por las calles de la ciudad. Un centenar, repartidas en cerca de veinte tiendas de campaña, ha permanecido en la plaza Roja, situada frente al antiguo instituto, ahora ya tapiado e inaccesible. “Nadie ha venido. Seguimos aquí, pero no tenemos ni idea de cómo serán los próximos días”, explica Ibrahim N., nigeriano que vivió en el centro durante las últimas semanas. El operativo de expulsión ha sido celebrado por el alcalde de Badalona, que considera cumplida una de sus promesas de campaña y vincula esa ocupación con la inseguridad y el incivismo.

Pese al drama humano que supone la expulsión de 400 personas (la mitad se marcharon en los días y semanas previas, y la otra mitad permaneció en el instituto hasta el final), el alcalde se ha expulsado la responsabilidad de ofrecerles alternativas. Albiol dijo que un total de 16 o 17 personas sí han recibido una alternativa de hospedaje muy temporal, y que los servicios sociales han tomado nota de la situación de otras 50, sin que eso se concrete en una ayuda específica.

El delegado del Gobierno ha subrayado que las competencias de cada administración “están claras” y que la primera acogida de las personas migrantes en un municipio corresponde a los ayuntamientos a través de sus servicios sociales. Prieto ha afirmado que, en caso de falta de recursos, las demás administraciones pueden ser consultadas, pero no fue el caso de Badalona. Según Prieto, en el caso del desalojo del B9, todas las administraciones han cumplido con su papel, desde la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra hasta la Generalitat y el Estado, en la “máxima normalidad posible respetando a la decisión judicial”.

Para el delegado del Gobierno, la coordinación entre las administraciones ha funcionado bien, salvo el Ayuntamiento de Badalona, al que acusó de “dejación de funciones”. Prieto ha explicado que el Gobierno solo puede actuar directamente cuando hay personas solicitantes de protección internacional, algo que, según ha dicho, no se ha producido en este caso. Preguntado por la posibilidad de obligar al consistorio a ofrecer ayuda, ha señalado que los servicios jurídicos del Estado analizarán si existe algún incumplimiento legal, aunque ha subrayado que “lo más importante es la responsabilidad política del alcalde en no activar los recursos municipales de primera acogida”.

Mientras la primera acogida por parte de las administraciones públicas no llega, voluntarios se organizan como pueden en la plaza Roja durante la mañana de este jueves. A partir de donaciones, han habilitado un punto de apoyo para cubrir las necesidades más básicas, como comida y tiendas de campaña. “La alternativa para estas personas es urgente”, advierte Gisela Bermúdez, del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña. Pero la esperanza es escasa. “Ayer nos reunimos con los servicios sociales y ya nos dijeron que no nos van a dar ninguna respuesta”, lamenta.