El Congreso aprueba la ‘ley del solo sí es sí’, que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual

No hay resquicio para interpretaciones: solo un sí significa un sí. Ese lema, nacido en España hace seis años tras la violación múltiple de La Manada, ha sido repetido desde entonces en carteles, en paredes, en calles y redes sociales por cientos de miles de mujeres. Y este jueves se convierte en ley, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El Congreso de los Diputados, por 201 votos a favor, 140 en contra (todos los diputados de PP y Vox) y tres abstenciones del grupo mixto (Albert Botran y Mireia Vehí, de la CUP, y José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria), ha aprobado esta normativa que condensa las reivindicaciones feministas y cambia el paradigma de la violencia sexual: en el centro ya no estará cómo respondan o cuánto se resistan las mujeres a una agresión, sino su voluntad. El consentimiento, libre y expresado claramente, se convierte en el eje del tratamiento de la violencia sexual. Ahora queda la tramitación en el Senado.

La norma es una de las estrellas de esta legislatura en materia de Igualdad y es una de las más vanguardistas de Europa. Su aprobación supone, según la ministra del área, Irene Montero, “un paso decisivo para cambiar la cultura sexual de nuestro país, lejos de la culpa y del miedo, para dejar atrás la cultura de la violación y crear una cultura del consentimiento”, ha afirmado en su comparecencia previa a la votación. Llega después de casi 11 meses de trámites legislativos, arduos, entre los socios de coalición y los grupos de investidura, y ha sido, junto a la llamada ley trans (todavía en proceso), una de las que más choques ha provocado entre los dos partidos en el Gobierno.

Durante sus intervenciones en el Pleno de este jueves, las diputadas socialistas y de Podemos, han recordado “la paciencia”, “el trabajo enorme” y los “esfuerzos” necesarios para llegar a esta ley que, cuando entre en vigor, afectará y protegerá a las mujeres que viven en España, más de 24 millones. Se calcula que, anualmente, se producen alrededor de 400.000 ataques sexuales. “Vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo”, añadió Montero en su discurso.

El derecho a una sexualidad libre

Para ir hacia esa cultura “de los buenos tratos”, como también la define la ministra, la normativa incorpora no solo una serie de medidas en distintos ámbitos para garantizar el derecho de las mujeres “a su libertad sexual”, sino también “la reparación de las víctimas” y el reconocimiento, por primera vez, de las víctimas de violencia sexual, de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual como víctimas de violencia machista. También la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados entran en ese concepto de violencia.

En el ámbito penal, incorpora la sumisión química como agravante de una agresión sexual, que hasta ahora se considera abuso; los asesinatos por violencia sexual serán contabilizados como violencia machista, para lo que se está terminando de perfilar una estadística específica; tipifica el acoso callejero como delito e incluye también la violencia digital. Además, ha incluido una modificación de la ley penal del menor, para que, en los casos en los que los agresores tengan menos de 18 años, las penas lleven siempre la medida accesoria de someterse a programas formativos sobre educación sexual y educación en igualdad.

También se prohibirá la publicidad que promueva la pornografía; se crearán mecanismos para que las víctimas de violencia sexual tengan el mismo acceso que las víctimas de violencia de género a las rentas de inserción; habrá ayudas económicas para las víctimas de violencia sexual que ganen menos del salario mínimo, y la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas. Además, se abrirán centros de crisis 24 horas, que ya han dado sus primeros pasos, y que darán atención psicológica, jurídica y social a víctimas y familiares.

Una norma para cerrar una brecha

Protocolos, medidas y financiación rodean al fondo de la ley, ese cambio de perspectiva sobre la violencia sexual. Hasta ahora, qué se entiende por consentimiento, cómo se percibe ese consentimiento o cómo se prueba delante de un tribunal, son cuestiones que se mueven en márgenes que han provocado la protesta tanto social como política e incluso han abierto debates judiciales. Ha ocurrido en procesos con preguntas como: “¿Cerró usted bien las piernas?”, “¿Cómo iba vestida?”, o “¿Se resistió lo suficiente?”.

Durante el proceso judicial de La Manada, esa brecha entre el sistema judicial y la percepción de la violencia sexual por parte de la sociedad se hizo visible. La indignación del movimiento feminista tras la primera sentencia, la de la Audiencia Provincial de Navarra —que calificó los hechos como abuso continuado al entender que no hubo violencia ni intimidación—, se plasmó en manifestaciones y concentraciones en decenas de ciudades y pueblos españoles.

La sociedad no entendía cómo la justicia podía interpretar las múltiples penetraciones de cinco hombres a una mujer de 18 años en un habitáculo de apenas tres metros cuadrados con una sola salida como abuso. El tribunal navarro veía en el sumario de ese caso a alguien que no había dicho “no” y que no se había resistido, por lo que los agresores no tuvieron que usar la fuerza ni la intimidación verbal o física para someterla. Ella, la víctima, repitió en todas sus declaraciones lo mismo: que cerró los ojos y se dejó, que no dijo nada, que no hizo nada. Que no gritó, que estaba en shock.

Según el Código Penal actual, sin violencia y sin intimidación, aquel relato encajaba en el abuso sexual. ¿Había habido consentimiento? La legislación vigente ya penaliza los actos sexuales sin él, pero no incluye una definición del concepto, por lo que el testimonio de la víctima quedaba a la interpretación de los magistrados. Este cambio en la ley del solo sí es sí, que incluye una definición concreta de consentimiento, fue una de las cuestiones que más debate levantó, no solo entre los grupos de la derecha, sino también con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —uno de los órganos consultivos que emiten informes sobre las leyes orgánicas—, que no estuvo a favor de esa conceptualización.

El argumento de quienes se oponían era que esto “invertía la carga de la prueba”, como ha repetido este jueves en el Congreso la diputada popular Marga González: “La definición de consentimiento pone en riesgo la presunción de inocencia, que trae consigo la inversión de la carga de la prueba: será el denunciado quien tenga que demostrar que no lo hizo y no al revés”. Pero esta cuestión fue ya tratada cuando se abrió el debate del solo sí es sí por juristas, especialistas, técnicas y parte del propio Ministerio de Igualdad.

Ya entonces, tras el informe del CGPJ, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, explicó que “ninguna definición legal puede invertir la carga de la prueba porque no puede afectar al derecho constitucional, a la presunción de inocencia”; y que “será el fiscal o la acusación quien deberá probar y no la defensa”. Recordó también que ese argumento era “parecido” al que el Poder Judicial y “muchos juristas” usaron durante la tramitación de la ley de violencia de género de 2004.

De aquel debate nacieron tres consignas que aglutinan ahora la esencia de esta ley. El “hermana, yo sí te creo”, sobre la necesidad de un cambio judicial que entienda la violencia sexual con sus especificidades y en su contexto; es decir, que la justicia incorpore siempre la perspectiva de género, y la redacción de la propia normativa da respuesta a eso.

El “no es abuso, es violación”, que pedía que se entendiera que no tiene que mediar violencia o intimidación para que se produzca una violación; y la norma hace desaparecer el delito de abuso y considerará cualquier actitud sin consentimiento como agresión. Y el “solo sí es sí”, sobre la percepción del consentimiento, sobre cómo ninguna otra cosa que no sea un sí, significa un sí: ni una duda ni un silencio. Porque la reacción ante una agresión es por un lado innata y puede ir del bloqueo a la violencia; y porque no siempre hace falta la fuerza para someter a alguien.

Sofía Castañón, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, ha recordado durante su intervención que, no hace tantos años, con el popular Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior (2011-2016), la concepción distaba de la actual: “Se decía a las mujeres que un poco de responsabilidad tendríamos [si sufrían una violación] si no habíamos seguido las instrucciones del Ministerio del Interior”. Esta nueva norma camina hacia el lado contrario, no solo el de eliminar la culpabilización o la responsabilidad de la víctima en su propia violación, sino el de colocar en el centro sus decisiones, su deseo. Porque “sí”, ha dicho la diputada, “es una palabra muy sexy”.