Cáritas alerta de un “shock’ sin precedentes”: 1,45 millones de jóvenes sufren exclusión social grave

La recuperación está encarrilada: la economía española prolongará este año el rebote iniciado en 2021, el empleo ya ha regresado a cifras precovid y el peor de los escenarios parece haberse esquivado. Sin embargo, las heridas sociales que deja tras de sí el mayor hundimiento del PIB desde la Guerra Civil son profundas: la exclusión social grave ha pasado de afectar al 8,6% de los residentes en España en 2018 a hacerlo al 12,7% en 2020, según las cifras publicadas este martes por la fundación Foessa, vinculada a Cáritas, en la última edición de su informe de evolución de la cohesión social. Esas cicatrices son especialmente significativas en el caso de los jóvenes, un colectivo en el que la exclusión severa ha pasado del 10% al 15,1% desde el estallido del coronavirus. Son 1,45 millones de personas de entre 16 y 34 años las que se encuentran en esa situación, más de medio millón más que antes de la covid-19. Dos crisis consecutivas son muchas para toda una generación.

El “shock sin precedentes” del que alerta Cáritas ha sido mucho más que económico. La pandemia ha deteriorado las relaciones personales y ha constatado que los cuidados siguen recayendo en las mujeres. Esta crisis ha agravado la brecha de género. El informe, realizado tras una encuesta a más de 7.000 personas, analiza la exclusión social desde múltiples perspectivas. Los expertos estudian 37 indicadores divididos en ocho dimensiones, que van desde el empleo hasta la educación o el conflicto social. Si ninguna de ellas se ve afectada, se está en “integración plena”. Si al menos cinco lo están, la exclusión social es severa, según este baremo. Es el caso de más de seis millones de personas en España, dos más que en 2018, la edición anterior del informe.

El “gradiente etario” de la exclusión, el término empleado por los investigadores que firman el estudio para referirse a esta brecha generacional, ya era una constante antes de la pandemia. Pero el azote de la covid-19 ha sido mayor que en la anterior crisis y ha empeorado aún más las cosas: a cierre del año pasado más de uno de cada cuatro residentes en España de entre 16 y 35 años (el 28,5%) se encontraba en situación de exclusión moderada —según el indicador multidimensional que construye Cáritas—, frente al 22,1% de 2018, cuando el virus no entraba siquiera en las cábalas de los más agoreros. Y se dispara hasta el 33,5% en el caso de los menores de 16 años.

Llueve sobre mojado para la juventud española, que ha sufrido en primera persona dos zarpazos económicos de grandes dimensiones: la Gran Recesión de 2008, prolongada en el sur de Europa por la crisis de deuda de principios de la década de 2010; y la Gran Reclusión de 2020. Cuando apenas empezaban a levantar cabeza tras la primera, que zarandeó el mercado de trabajo en una fase crítica para muchos —en plena incorporación o consolidación como asalariados—, llegó el mazazo de la covid, que ha terminado de poner la carretera cuesta arriba. Ser joven es un factor de exclusión en sí mismo, alerta Cáritas.

“A los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años. Han debido afrontar pues dificultades especiales en ese proceso de transición al empleo, a la vida adulta, a la emancipación o a la construcción de nuevos hogares. Y es previsible que eso deje secuelas permanentes en sus itinerarios laborales y vitales”, se lee en el estudio. Una brecha que, subraya, se agrava en el caso de las mujeres.

Desigualdad al alza

A la espera de que lo certifique en los próximos meses el Instituto Nacional de Estadística (INE), todos los indicios y las simulaciones disponibles apuntan a un aumento sustancial de la desigualdad en España durante la pandemia. El informe de Foessa es uno de los primeros que aporta cifras actualizadas: según sus datos, el coeficiente de Gini —el más común para medir la dispersión de ingresos en una sociedad, donde 0 significa igualdad absoluta y 1 desigualdad total— pasó de 0,34 en 2018 a casi 0,38 en 2021. “La desigualdad ha crecido más en un año que durante toda la crisis de 2008″, apunta Raúl Flores, secretario técnico de la fundación Foessa. Un salto sustancial que agrava un problema ya de por sí enquistado: España está desde hace años entre los países más desiguales de los Veintisiete, apenas superada por un pequeño ramillete de países bálticos y del Este de la UE, todos ellos mucho más pequeños.

La inequidad ha crecido tanto por el lado alto de la distribución —que ha capeado este temporal mejor que otros en el pasado, gracias a la buena marcha del ladrillo y de la Bolsa, así como de la mayor posibilidad de acogerse al teletrabajo— como, sobre todo, por el lado bajo: la recesión se ha cebado en mucha mayor medida con las familias que peor estaban, que se han visto doblemente sacudidas por la inestabilidad laboral y por el colapso de la economía informal, una tabla de salvación en anteriores recesiones y que esta vez no ha estado ahí. Una sensación a la que el estudio pone datos: mientras que la fracción de renta del 20% más pobre se ha contraído, pasando del 6,4% al 5,6%, la del quintil con mayores ingresos ha crecido con fuerza, al pasar del 40,2% al 43,3%. Además, uno de cada tres hogares que tienen todos los miembros en paro —600.000 familias, prácticamente todas ellas encuadradas en el quintil de menor renta— carece de “ingresos periódicos que permitan una cierta estabilidad”.

IMV y condiciones de vida

Los ERTE —un enorme paraguas que ha conseguido salvaguardar las rentas de millones de españoles durante la crisis— y, en menor medida, el Ingreso Mínimo Vital —alumbrado en plena pandemia— han conseguido contener parcialmente el golpe. Sin embargo, los autores del informe de Foessa, coordinado por los catedráticos Luis Ayala, Miguel Laparra y Gregorio Rodríguez Cabrero, ven mucho margen de mejora en el segundo, cuyo objetivo inicial de cobertura (850.000 hogares) está a años luz de su alcance actual (menos de 340.000 familias en septiembre de 2021). “Tiene una cobertura insuficiente, no alcanza a determinados colectivos vulnerables y plantea condiciones de acceso injustas y de difícil cumplimiento para algunas de las familias y personas que más lo necesitan”, critican. Las Administraciones no cubren las necesidades de los más vulnerables. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, ha explicado que en 2020 esta organización ofreció apoyo a 1.425.991 personas en el país, más de 366.000 más que en 2019.

La huella social que deja la covid es honda. Han empeorado las condiciones de vida y en 6 de cada 10 casos se han deteriorado las relaciones sociales. El informe destaca especialmente la situación de la mujer y señala diferencias con respecto a la Gran Recesión. Entonces, el impacto fue mayor en la destrucción de empleo en los sectores con mayor presencia masculina. Es decir, que se produjo una “igualación a la baja”. En 2020, en cambio, el golpe ha sido mayor en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería: “Los hogares con sustentadora principal mujer han visto aumentar la exclusión social más del doble que aquellos en los que la mayoría de ingresos los aporta un hombre”, explican.

La variante más grave de esta lacra pasa del 7,6% en 2018 al 13,1% en los hogares encabezados por una mujer, mientras que en los sustentados por un hombre sube del 6,5% al 9,4%. Los autores puntualizan, no obstante, que hay indicadores que apuntan a que la recuperación del empleo se está produciendo con mayor rapidez en las mujeres. Pero es preciso ver si esto se traduce en menos desigualdad en términos de ingresos.

Las familias monoparentales (en una amplia mayoría igualmente encabezadas por mujeres) y los migrantes son otros dos grupos muy golpeados por la pandemia. En el segundo caso, dos datos lo sintetizan todo: la exclusión social en hogares con población inmigrante es casi tres veces mayor que en los hogares españoles y la tasa de despidos durante la crisis ha sido el doble que entre la población nativa, ha destacado Flores. El virus, además, ha acrecentado la brecha digital, que en el informe se define como “el analfabetismo del siglo XXI”: el apagón digital afecta al 35% de la población, por no disponer de aparatos necesarios.

Lo que es seguro es que la pandemia ha depositado, aún más, los cuidados sobre los hombros de las mujeres. Si bien entre 2005 y 2021 su participación en el mercado de trabajo se ha incrementado, las responsabilidades familiares castigan especialmente el empleo femenino. Son ellas, sobre todo, las que usan la excedencia no remunerada por cuidados. Y en los hogares biparentales con menores de seis años “se observa un retorno a las prácticas tradicionales en el reparto de cuidados”, según el informe. Durante el confinamiento, las madres fueron en el 55% de los casos las cuidadoras principales, un aumento de ocho puntos porcentuales respecto a la situación habitual, frente al 5% de los padres (dos puntos más) y el 33% de ambos progenitores (11 puntos menos). “Las estrategias de cuidado siguen pivotando sobre la mujer, sin un apoyo suficiente de las políticas públicas”, critica el estudio. Las consecuencias del virus van mucho más allá de lo sanitario.