Solo uno de cada cinco hogares pobres que ha pedido el ingreso mínimo vital lo percibe

Apenas uno de cada cinco hogares pobres que han pedido el ingreso mínimo vital lo está percibiendo. Es una de las conclusiones del informe que Cáritas y la Fundación Foessa han presentado este miércoles, en el que alertan de que la crisis originada por el coronavirus deja un impacto “desolador y muy preocupante”. El país galopa hacia una sociedad cada vez más desigual. La organización calcula, tras realizar un sondeo a más de 7.000 personas en España, que hay más de seis millones de ciudadanos en exclusión social severa, es decir, con afectación en al menos cinco de las ocho dimensiones que se analizan, que van del empleo al aislamiento social. Son dos millones más que en 2018, cuando publicaron su anterior encuesta. Esta es la quinta edición, la primera fue en 2007. Nunca hasta ahora se había alcanzado semejante cifra. Esta es la huella que deja la covid.

El informe completo sobre la macroencuesta se publicará en enero de 2022, pero el avance de resultados concluye lo que las organizaciones llevan meses alertando. Solo cuatro de cada 10 hogares disfruta de integración plena (41,2%), es decir, que no tienen afectación en ninguna de las ocho dimensiones estudiadas (empleo, consumo, salud, educación, política, vivienda, conflicto social y aislamiento social). Se trata de un descenso de más de siete puntos respecto al año 2018. La pandemia ha golpeado muy duro a la población más vulnerable, especialmente a la de origen inmigrante (son el 65% de quienes están en exclusión social severa) y a las familias con niños. La exclusión se eleva al 27% en parejas con hijos (es del 18% en parejas sin niños), al 47% en el caso de familias numerosas y al 49% en las monoparentales.

María Salomé sabía que sus comienzos en España serían duros. Su madre había viajado desde Perú cuando ella tenía 18 años y, en 2019, se decidió a seguir sus pasos. Madre soltera de un niño pequeño, sin recursos económicos, quería que su hijo pudiera estudiar. Lo que no esperaba es que estallaría una pandemia que le cerraría “tantas puertas”. Aterrizaron en Barcelona apenas cinco meses antes de que se declarara el estado de alarma. Alquiló una habitación en la casa donde vive su madre en Barcelona, por 250 euros al mes. Allí conviven tres unidades familiares. No encontraba trabajo.

Ahora tiene 35 años y su hijo, ocho. Dice que están mejor, al menos ahora consigue trabajo por horas. “Al no tener papeles, es mucho más difícil. Si a los que tienen todo en regla les cuesta, a nosotros más. No puedo ir a una empresa”, relata. Trabaja en lo que va saliendo, limpiando. Cáritas la ayuda con los trámites para regularizar la situación, y la ha formado para cuidar a dependientes. Su sueño es dedicarse a la informática. “Yo siempre tiro para adelante. Vengo de una familia que se ha levantado desde abajo y sé qué es ganarse un plato de comida”. Si no logra reunir los 250 euros del alquiler, su madre le ayuda con lo que falte, pero no puede asumir más gastos. Su niño tiene una beca de comedor y para realizar actividades extraescolares. Los servicios sociales les han dado una tarjeta monedero gracias a la cual pueden comer. La ropa se la dan, y el material escolar, y algún juguete para su hijo. “No puedo pedir el ingreso mínimo vital porque no tengo papeles”.

Cáritas destaca el valor de esta prestación, que supone un sostén económico para los más de 330.000 hogares que la perciben y las 800.000 personas que se benefician de las mismas. Pero ofrece una cobertura insuficiente y presenta “lagunas importantes”. Según su encuesta, el 68% de los hogares bajo el umbral de pobreza severa, que en el caso de una persona sola son 535 euros al mes y para una pareja con dos hijos son 1.123 euros, no han solicitado la prestación. Solo el 26% la ha tramitado con éxito. De ellos, apenas el 18,6% la perciben, a casi la mitad se les ha denegado y el tercio restante espera por algún trámite. Un “altísimo porcentaje” de los hogares no cuenta con información suficiente y, entre las principales barreras, están la forma en que se calculan los ingresos de los solicitantes (son los del año anterior, y por tanto, antes de la pandemia, en muchos casos) y la obligatoriedad de formar parte de una unidad de convivencia al menos un año. Piden mejoras en la prestación.

11 millones de personas en exclusión

“La exclusión social es un fenómeno estructural en nuestro país debido a las crisis sucesivas y a un sistema de protección social incompleto e insuficiente que deja atrás a un sector cada vez mayor de la población”, ha afirmado este miércoles Thomas Ubrich, técnico del equipo de estudios de Cáritas. La pandemia “ha golpeado con más fuerza a los que ya eran perdedores, a los más frágiles, a los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social”, se lee en el informe. El grupo que más crece es el que está en exclusión social severa, pero si se abre un poco más el foco, se concluye que hay 11 millones de personas en situación de exclusión social, es decir, con tres o cuatro de las ocho dimensiones analizadas afectadas. Son dos millones y medio más que en 2018.

El estudio también analiza la exclusión en función del nivel académico. La tasa entre quienes no alcanzan los estudios obligatorios (33,7%) duplica la de quienes han ido a la universidad (15,3%). Sin embargo, el aumento más importante de la exclusión entre 2018 y 2021 se produce entre universitarios: era del 6,9%, ha subido en más de ocho puntos. La formación sigue funcionando como factor de integración, pero Cáritas invita a “abrir una reflexión sobre el efecto cada vez menos protector de la enseñanza universitaria”, un factor que no parece ligado a la pandemia, puesto que ya se apuntaba, aunque con menor fuerza, en su anterior informe.

La entidad señala que en España se ven signos de recuperación, pero apunta que la crisis ha incrementado todas las dimensiones de la exclusión, especialmente la vivienda y el empleo. Un cuarto de los hogares atraviesa dificultades con el trabajo, bien por estar en paro o porque el mercado laboral está cada vez más precarizado, lo cual dificulta que los hogares puedan mantener la vivienda y los suministros: un 24% de las familias no puede afrontarlos.

Almudena no quiere dar su apellido. Esta madrileña, que aún no ha cumplido 30 años, tiene cuatro hijas, de cuatro a 10 años. Las cría sola. Dice que no les oculta la situación, pero que intenta pintársela más bonita. La más consciente es la mayor, a la que hace unos años sorprendió vendiendo pulseras a un euro. “Para que haya comida, mamá”, le respondió. “El padre de mis hijas no me ayudaba, me separé y me vi con tres niñas, embarazada y con un desahucio”. Ahí tocó fondo, fue a Cáritas, comenzó a estudiar por las noches, se sacó la ESO y ahora se prepara para el acceso a la universidad: quiere ser abogada. En los peores tiempos, durante su último embarazo, “muchas veces” comió las sobras que dejaban sus hijas. “Me decía la mayor: ‘¿Por qué no comes?’ Yo le contestaba que ya había comido antes, cualquier excusa”.

Aquello quedó atrás, pero nunca terminó de recuperarse de la anterior crisis. Y llegó esta. Trabajaba cuidando a un matrimonio por 450 euros. Pero el pasado diciembre le comunicaron que se acababa, iban a mudarse a una residencia. “Fue un jarro de agua fría”, recuerda. De nuevo sin sueldo. Ahora, los 604 euros del ingreso mínimo vital le permiten afrontar, ahogada, los gastos básicos, pero hay meses que no llega. “No quiero vivir de ayudas, quiero trabajar y ganarme el pan de mis hijas con mi sueldo”, explica. Teme otro desahucio por falta de pago. “Sé que llegará. La sensación es de espera: a una carta del juzgado, a que la ayuda se termine. Ocurrirá tarde o temprano. Hoy voy tirando, ¿pero qué va a pasar mañana?”.