Un nuevo reto frente al coronavirus: las vacunas a punto de caducar

El mundo aún no ha resuelto el reto de producir vacunas suficientes para toda su población, pero un nuevo gran desafío empieza a asomar por el horizonte: evitar que cientos de miles de dosis ya fabricadas acaben destruidas porque caduquen antes de administrarse. En esa tesitura se encuentran países de situaciones económicas muy opuestas, como Canadá, Malaui y Sudán del Sur. El Gobierno federal de Canadá ha instado esta semana a sus provincias a “impedir el desperdicio” de miles de dosis de AstraZeneca que expiran en estos días, según la carta enviada el jueves por la ministra de Sanidad, Patty Hajdu. El rechazo a esta vacuna y el paréntesis de su uso en marzo tras la detección de los primeros casos de trombos están detrás de un problema frente al que Hajdu ofrece ahora medios “logísticos y coordinación” encaminados a que los viales sin uso en unas provincias lleguen a otras antes de caducar.

En África, con las menores coberturas del planeta, Malaui ha tenido que destruir 20.000 dosis y Sudán del Sur, otras 59.000. Llegaron a su fecha de caducidad el 13 de abril sin que los débiles sistemas sanitarios de ambos países fueran capaces de administrarlas. En los dos casos, las dosis —fabricadas por el Instituto Serum de la India, con licencia también de AstraZeneca— habían sido reenviadas semanas antes desde Sudáfrica, que a su vez había dejado de utilizarlas por considerar que eran menos efectivas frente a la variante que azota el país.

Países distintos con realidades muy distintas, pero un mismo problema que los expertos atribuyen a una causa común. Guillem López-Casasnovas, director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), argumenta: “Los países ricos han aplicado una política de seguridad con la compra masiva de dosis, varias veces por encima de sus necesidades, y la idea de reenviar luego lo que no necesitaran. Pero es un sistema que tiene mil problemas logísticos y grandes riesgos”.

Canadá es el país que más dosis ha contratado respecto a su población: más de 400 millones para 37 millones de ciudadanos. Y aunque no ha llegado todavía al punto de que le sobren vacunas —la mayor parte de esos compromisos son a futuro—, las expectativas de los ciudadanos de recibir las percibidas como más seguras han disparado los recelos hacia la de AstraZeneca. Una encuesta ha revelado que solo uno de cada tres canadienses se sentiría cómodo si le administraran este fármaco.

Hong Kong, que también ha adquirido dosis para inmunizar varias veces a sus 7,5 millones de habitantes, se enfrenta al reto de administrar “millones de unidades de Pfizer-BioNTech en los próximos tres meses, antes de que caduquen”, informa la prensa local. Este territorio ha iniciado el sorteo de un piso valorado en más de un millón de euros como incentivo. Podrán participar todos aquellos que se vacunen.

En el otro extremo de la escala de renta mundial, los expertos lamentan que este acaparamiento haya dejado a los países más pobres a la cola, con muy pocas vacunas y sin margen para planificar ni preparar a sus debilitados sistemas sanitarios ante la llegada de dosis con una regularidad incierta y una fecha de caducidad cercana.

Dimitri Eynikel, miembro de la oficina europea de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Bruselas, defiende: “Es posible completar con éxito campañas de vacunación masiva en África. Nosotros lo hacemos desde hace años, pero es algo que requiere planificación. No se trata de donar las vacunas y ya está. Su personal sanitario ya está trabajando en los hospitales y no puede ser cambiado de posición de un día para otro”.

Matthew Herder, director del Instituto de Derecho en la Salud de la Universidad de Dalhousie (Canadá), critica “la respuesta estrictamente nacionalista dada por gobiernos de todo el mundo a sabiendas de que la pandemia, por definición, supone una grave amenaza para la salud global”. “Cada iniciativa que podría haber mejorado el acceso y la distribución de las vacunas a escala global no ha recibido el apoyo de los países ricos”, lamenta.

Irene Bernal, investigadora de la organización independiente Salud por Derecho, recuerda que Covax, la alianza en la que participan casi 200 países y organismos como la OMS, tenía que ser un mecanismo clave para “la compra de 2.000 millones de dosis y su distribución en 92 países, además de canalizar las donaciones públicas y privadas para hacerlo posible”. Una iniciativa que, lamentan todos los expertos consultados, no consigue ni siquiera vislumbrar el momento en el que logrará su primer objetivo, considerado modesto, de vacunar al 20% de la población de los países más pobres.

El Consejo General de la Organización Mundial de Comercio (OMC) tiene previsto debatir el 8 y 9 de junio la iniciativa encabezada por India y Sudáfrica, patrocinada por más de 60 países, de liberar las patentes sobre las vacunas y otros productos sanitarios necesarios para hacer frente a la pandemia. Es un intento de incrementar una producción mundial aún insuficiente, pero que en cualquier caso crecerá de forma muy notable en los próximos meses, según las previsiones y los acuerdos de la industria farmacéutica.

Un escenario en el que los expertos temen que vaya a producirse de forma descoordinada una cascada de donaciones de vacunas de los países de mayor renta hacia los de menores ingresos. López-Casasnovas alerta: “Los riesgos y costes son enormes”. “Si algo saliera mal con alguno de estos lotes y se extendiera la idea de que los países ricos encima perjudican la salud de los pobres, el golpe sería enorme. Pero es que, además, los costes logísticos son gigantescos. Si distribuir vacunas hasta cada pueblo en un país rico ya es muy caro, lo es muchísimo más hacer el proceso inverso para recuperarlas y enviarlas a un tercer país”, añade.

Para Dimitri Eynikel, la buena noticia es que “aún no se ha llegado al momento en el que a los países ricos les sobren millones y millones de vacunas”. El ejemplo es el de la Unión Europea, donde prácticamente todas las dosis que van llegando son administradas porque la demanda sigue siendo mayor que la oferta. “El acaparamiento ha existido y esto ha provocado grandes disfunciones de las que ya estamos viendo un anticipo, pero ese escenario no se producirá previsiblemente hasta dentro de unos meses”, augura.

Un tiempo que, según todos los expertos, es necesario utilizar para reforzar Covax y el resto de los mecanismos multilaterales frente a la pandemia. Un portavoz de la Comisión Europea confirma que la UE ha “reservado un importante número de dosis también para los países de renta media y baja”. “La Comisión y los Estados miembros han acordado los mecanismos necesarios que permitan una mayor distribución de estas dosis a los países que las necesiten”, añadió.

Aunque en última instancia las estrategias de vacunación dependen de los Estados, el objetivo de la Unión es donar 100 millones de dosis a terceros países, la mayoría de ellos a través de Covax. Estas cifras suponen, sin embargo, una mínima parte de las necesidades de la alianza, por lo que los cálculos de la Unidad de Inteligencia de The Economist indican que los 85 países más pobres “no recibirán las dosis que necesitan hasta 2023”.

Por ahora, los países de la UE han firmado dos acuerdos relevantes para ceder vacunas a terceros países. Francia donó 100.000 dosis a Mauritania a finales de abril, y Austria canalizó la donación de otras 650.000 a varios países de los Balcanes. España, por su parte, se ha comprometido a donar antes de que acabe el año 7,5 millones de vacunas a Latinoamérica.

Con información de Jaime Porras.