El gran reto de una industria billonaria

La pandemia se ha convertido en una oportunidad para que un sector opaco y criticado trate de mejorar su imagen pública

Un instituto farmacéutico de Moscú que participa en el desarrollo de vacunas contra la covid-19, el pasado 6 de agosto.
Un instituto farmacéutico de Moscú que participa en el desarrollo de vacunas contra la covid-19, el pasado 6 de agosto.Andrey Rudakov (Bloomberg)

La crisis del coronavirus ha cambiado muchas cosas, también en el sector farmacéutico. Hasta ahora a las grandes empresas no les interesaban demasiado las vacunas: la investigación es larga y azarosa, los países pobres necesitan muchas pero pueden pagar muy poco por ellas, y generalmente se usan solo una o dos veces durante la vida de una persona. El beneficio está en los fármacos de uso diario en los países desarrollados: tratamientos contra el cáncer, para enfermedades cardiovasculares o autoinmunes. Solo hay que mirar la lista de los superventas del sector en 2019: seis de los 10 con mayor facturación tratan el cáncer. Con la pandemia, este sector opaco, con cierta mala prensa por los precios desorbitados de algunos de sus fármacos, tiene una oportunidad para redimirse ante la opinión pública. El mundo entero mira a las compañías farmacéuticas y ve en ellas la salida a una crisis que ha dejado casi 2,25 millones de muertos y una caída del 4,2% del PIB mundial: en menos de un año han descubierto, ensayado y empezado a fabricar en masa no una sino varias vacunas seguras y eficaces.

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“Están en juego la reputación y el propio negocio de las grandes farmacéuticas”, plantean Suerie Moon y Adrián Alonso Ruiz, investigadores del Graduate Institute, en un artículo publicado en la revista Política Exterior. Hasta ahora, las compañías habían estado tensando la cuerda con los precios de las novedades terapéuticas en Europa y Estados Unidos. Un ejemplo reciente es el de los fármacos de última generación que curan la hepatitis C. En 2014 y 2015 su elevado coste, de hasta 100.000 euros por paciente, hizo que se distribuyeran con cuentagotas entre los enfermos. “La pandemia de la covid-19 ha planteado un duro dilema a la industria: pueden tratar de restablecer su buena imagen pública aportando innovaciones de máxima necesidad a un precio asequible para todos los países, o buscar una lluvia de ganancias, tal como esperan los mercados financieros, lo que suscitaría acusaciones de sacar provecho de la pandemia”, añaden. Varias de las compañías ahora en boca de todo el mundo por sus éxitos con la vacuna tienen un pasado reciente trufado de juicios, indemnizaciones y multas. Tres investigadores publicaron a finales del año pasado en la revista JAMA una recopilación de multas impuestas solo en Estados Unidos por actividades ilegales. La lideran GSK, Pfizer y Johnson&Johnson, y la suiza Novartis también aparece en décimo lugar.

El sector farmacéutico global movió en 2019 1,25 billones de dólares (1,11 billones de euros), según datos de Statista, prácticamente el equivalente al PIB español. Por facturación, los líderes del sector son la suiza Roche, el combinado de AstraZeneca y Gilead, Pfizer, MSD, Novartis y GSK. De las 12 con mayores ingresos, siete son estadounidenses, dos suizas, dos británicas y una francesa. Tanto Johnson&Johnson como AstraZeneca se han comprometido públicamente a vender la vacuna a un precio que cubra únicamente los costes de producción, pero ambas han precisado que será así durante la primera fase de la pandemia. Podrían subir el precio después. Pero también podrían tener que ajustar sus expectativas por la competencia que traerán las próximas vacunas que se aprueben.

Las recientes denuncias de parlamentarios europeos por la opacidad de los acuerdos entre los laboratorios productores de las vacunas y la Comisión Europea han sorprendido a más de uno. Tratándose de dinero público, ¿cómo no va a saberse cuánto cuesta cada dosis y qué cantidades serán entregadas cada mes? Lo cierto es que, a diferencia de cualquier otro contrato o licitación pública, los acuerdos con el sector farmacéutico tienen una larga historia de secretismo. Los Gobiernos y los laboratorios firman acuerdos de confidencialidad, de forma que el público nunca conoce los precios que pagan los sistemas de salud por los medicamentos. Las leyes de transparencia de muchos países hacen una excepción con los intereses económicos y comerciales de las empresas, que deben ponderarse con el interés público para decidir si un dato se hace público. En el caso de las farmacéuticas suele ganar la opacidad.

La Organización Mundial de la Salud aprobó en 2019 una resolución en la que pide facilitar la transparencia en los precios que pagan las administraciones por los fármacos. “Pero no se ha avanzado prácticamente nada”, asegura Marcela Vieira, investigadora en salud pública y acceso a medicamentos del Centro de Salud Global, un instituto con sede en Ginebra (Suiza). Las compañías argumentan que el secreto les permite negociar mejores precios con los países, de forma que los más ricos paguen más, y los más pobres, menos. Pero esto no siempre ocurre así, recuerda Vieira: “A veces vemos que países de renta baja están pagando más que otros de mayor renta”.

Tampoco cunde la transparencia en los datos sobre investigación y desarrollo. ¿Cuánto gastan realmente las farmacéuticas en desarrollar los medicamentos? Una cuestión espinosa, puesto que en muchos casos las grandes compañías compran fármacos prometedores, que ya han dado resultados positivos en el laboratorio de universidades, centros públicos de investigación o pequeñas empresas biotecnológicas, y continúan el desarrollo con los ensayos clínicos. No es exactamente el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, porque el gigante estadounidense y la modesta empresa biotecnológica alemana se aliaron ya en marzo del año pasado, al inicio del desarrollo, pero sí ejemplifica cómo llevar a buen puerto el descubrimiento de la tecnología suele necesitar de la entrada de los grandes jugadores de la industria. Por eso la alemana CureVac se ha asociado con Bayer, que hasta ahora nunca había producido vacunas humanas. Otra de las características del sector: cada vez hay más fusiones. AbbVie compró Allergan el año pasado; un poco antes fue Bristol-Myers Squibb quien se hizo con Celgene. Y en enero de 2019 Takeda compró Shire. Y hace meses que se habla de la que sería la mayor fusión de la historia de la industria farmacéutica: AstraZeneca y Gilead.

Cadena de producción de la vacuna rusa Sputnik V en diciembre de 2020.
Cadena de producción de la vacuna rusa Sputnik V en diciembre de 2020.OLGA MALTSEVA (AFP)

Con las vacunas contra el coronavirus ha vuelto a ponerse sobre la mesa la cuestión de la financiación pública. En GAVI, la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, tienen claro que al menos debería traducirse en el dinero que los Gobiernos pagan después por hacerse con las dosis. Como apunta un portavoz de esta organización, “nuestra expectativa es que, cuando las autoridades públicas han contribuido financiando el riesgo inicial de la capacidad de investigación, desarrollo y fabricación –aliviando así el riesgo para las compañías de un desarrollo normal -, eso tiene que verse reflejado en el precio de las vacunas”. La alianza, cuyo principal financiador es la Fundación Bill y Melinda Gates, asegura que “aprecia y aplaude” los esfuerzos de varias compañías que han anunciado que el precio de sus vacunas será “el que maximice el acceso y que ponga a las personas por encima del beneficio”.

Un ejemplo de inversión pública es el de BioNTech. En septiembre el Gobierno alemán financió a la compañía con 375 millones de euros para acelerar el desarrollo y mejorar la capacidad de fabricación en Alemania. El Ejecutivo de Merkel también inyectó 300 millones en CureVac. Pero la farmacéutica que más recursos ha recibido del sector público ha sido AstraZeneca. La Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (Barda, en sus siglas en inglés) le destinó 1.089 millones de euros. Ellen ‘t Hoen, abogada especializada en propiedad intelectual e investigadora de la Universidad de Groningen (Holanda), ha examinado el contrato que la Comisión Europea firmó con CureVacfue publicado con varios datos tachados— y concluye que Bruselas no está cumpliendo su compromiso de defender el bien público común y las inversiones públicas. Las compañías tienen derechos exclusivos sobre las vacunas y apenas se está compartiendo propiedad intelectual.

Michael Stolpe, investigador especializado en economía de la salud del Instituto de Economía Mundial de Kiel (Alemania), cree que el valor que obtendrá la sociedad con las vacunas “excederá en varios órdenes de magnitud las ganancias privadas que sus desarrolladores puedan obtener”. Se refiere tanto a las vidas salvadas (y el sufrimiento, la enfermedad, la presión en los hospitales…) como al hecho de que la vacunación permitirá levantar los confinamientos que lastran la mayoría de economías europeas. “Incluso las vacunas de BioNTech-Pfizer y Moderna, que aparentemente son las más caras, en realidad son baratas si se compara con el verdadero valor para la sociedad de la inmunidad que generan”, añade.

Con respecto a los problemas de la Unión Europea con Pfizer y AstraZeneca, que anunciaron reducciones y retrasos en el envío de dosis, Vieira asegura que no entiende por qué la inversión de “toneladas de dinero público” no se traduce en establecer condiciones y ejecutarlas llegado el caso. Por ejemplo, los gobiernos podrían establecer un precio máximo de venta. O en caso de pactar en los contratos la entrega de determinada cantidad, y no cumplir la farmacéutica, deberían poder licenciar la patente para que otra empresa pueda producir el fármaco. Las empresas han tenido la sartén por el mango en uno de los momentos más delicados de la pandemia, el inicio de la campaña de vacunación. Los gobiernos, resume Vieira, “no están ejerciendo todo el poder que podrían”, quizá “por miedo a que si lo hacen les podrían llegar todavía menos vacunas”.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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