El debate del aborto vuelve a agitar a Colombia

Después de catorce años de ser legal en tres circunstancias, el aborto vuelve a ser un asunto de álgido debate político en la sociedad colombiana. Desde 2006, las mujeres en el país andino pueden acceder al procedimiento de forma segura cuando existe malformación fetal; el embarazo es resultado de violencia sexual o cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para su salud física o mental o para su vida. Sin embargo, una nueva demanda de una ciudadana pide que se revise esa sentencia para volver a la penalización absoluta.

La Sala Plena del la Corte Constitucional deberá emitir un fallo en los próximos días, pero el ambiente se ha caldeado y ahora, congresistas cristianos y afines al uribismo mueven sus fichas para que este asunto no quedé en manos del alto tribunal y en su lugar sea debatido en el Congreso. En paralelo, un caso ha ocupado el debate en la opinión pública. Junto a legisladores del Centro Democrático, el partido de Gobierno, un hombre denunció a su ex pareja por interrumpir su embarazo a los siete meses de gestación. La acusa de homicidio y quiere llevarla a la cárcel. “Aquí hubo un feticidio y duele en el alma, no puede ser que ahora la Corte Constitucional no tome en consideración a los padres”, dijo la senadora Maria del Rosario Guerra, cercana al expresidente Álvaro Uribe, líder indiscutible del Centro Democrático y mentor político del presidente Iván Duque.

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Sin embargo, Profamilia, la entidad privada que presta el servicio, certificó que la mujer de 22 años cumplía con una de las causales que permite la ley y por eso realizaron el aborto. “La Corte Constitucional determinó que no hay límites en la edad gestacional para la realización del procedimiento, por lo que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) tienen la obligación de atender en todas las etapas del embarazo”, explicó su directora ejecutiva, Marta Royo. Desde que la entidad envió sus recomendaciones al tribunal para que despenalice totalmente el aborto se desató una campaña en su contra en redes sociales. Y a las afueras de la entidad –que lleva 60 años en Colombia prestando asesoría en salud sexual y reproductiva–, un grupo de la ONG estadounidense Cuarenta días contra el aborto exhibe pancartas contra los magistrados y los médicos de Profamilia.

En este país de tradición católica las condiciones del aborto, al igual que ha ocurrido con otros temas que representan choques de valores, como la eutanasia o el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo, ha sido motivo de acaloradas controversias. Los avances para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo, se han producido a golpe de sentencias de los tribunales frente a la inacción del Congreso, y esas condiciones cuentan con sólidos defensores que las enmarcan como un asunto de salud pública.

La alcaldesa de Bogotá pide despenalizar

No solo Profamilia ha recomendado la despenalización del aborto; también la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del partido progresista Alianza Verde, envió un concepto a través de su secretaría de la mujer. En el documento la mandataria local enumera una serie de barreras a las que se enfrentan las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria, pide al tribunal que proteja los derechos alcanzados por las colombianas en las últimas décadas y que despenalice totalmente el aborto. “La estigmatización es uno de los principales obstáculos sociales y culturales que deben enfrentar las mujeres. Por un lado, hay una fuerte discriminación hacia esta práctica y por el otro, sigue prevaleciendo el estereotipo de la maternidad como principal fin de la mujer”, indicó.

A pesar de las tres causales permitidas, en Colombia aún se criminaliza a las mujeres que acceden al procedimiento y existe el delito de aborto que da penas de uno a tres años de cárcel. No solo se enfrentan a investigaciones o viven bajo la amenaza de ser detenidas. De acuerdo con la fiscalía, entre 2005 y 2017 hubo 2.290 mujeres criminalizadas por aborto y de ellas 502 eran menores de edad. “La base de este delito es el menor valor que la sociedad le otorga a la vida de las mujeres que no quieren una maternidad forzada. Es decir, bajo esa lógica las mujeres que no se dejan forzar a la maternidad valen menos y por eso son criminales”, asegura Ana Cristina González, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres y de Causa Justa, que promueve la despenalización total del aborto. “Hay que aclarar que la despenalización del aborto no conlleva a ninguna mujer a abortar”, agrega.

No existen cifras actualizadas sobre cuántos abortos se realizan en el país. El último dato proviene del Instituto Guttmacher, una organización internacional que aboga por el derecho al aborto, según la cual en 2008 se realizaron 400.000 abortos en Colombia y solo 322 se hicieron dentro del sistema legal. Es decir, la mayoría se da en clínicas clandestinas donde las condiciones pueden llevar a las mujeres a la muerte. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, entre 2005 y 2017 murieron 828 mujeres por “causa básica de embarazo terminado en aborto”. Solo en 2019 fueron 70 las que perdieron la vida por acceder a abortos en lugares ilegales.