En Colombia hay 502 menores criminalizadas por abortar

Tienen 11 y 12 años, resultaron embarazadas después de sufrir abuso sexual y, además, están judicializadas por aborto. Tres casos que aparecen en una fría columna de estadísticas de la Fiscalía de Colombia, pero son en realidad las vidas de tres niñas de Antioquia, Risaralda y Nariño que crecen con la pesada lápida de una investigación judicial por interrumpir legalmente el embarazo.

En Colombia, el aborto es legal desde 2006 en el marco de tres causales: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante. A pesar de esto aún existe el delito de aborto con penas de uno a tres años de cárcel. Según la Fiscalía se reportan 2.290 mujeres criminalizadas por aborto entre 2005 y 2017. De ellas, 502 son menores de edad. Además de las tres niñas de 11 y 12 años, hay 499 de entre 14 y 18 años que han tenido que responder ante la justicia. Es decir, el 25,2 % de las mujeres penalizadas por aborto en Colombia son menores de edad.

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Carla, es una estudiante de 15 años que vivió en 2018 un proceso de judicialización traumático para ella y su familia. “Quedó en embarazo como resultado de violencia sexual y, en compañía de su madre denunció ante la Fiscalía sin que se le informara sobre el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con 25 semanas de edad gestacional y con la asesoría de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la adolescente solicitó ante su Entidad Promotora de Salud (EPS) la IVE por la causal violencia sexual”, recoge el testimonio de la Mesa, organización que acompañó legalmente a la menor. Sin embargo, ese fue solo el comienzo de su drama.

“El mismo día que se le realizó el procedimiento, Carla y su madre fueron amenazadas y hostigadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes presuntamente conocieron del caso debido a que alguien desde la Clínica violó la reserva de la historia médica”, cuenta Juliana Martínez Londoño, coordinadora de la Mesa. Los hombres –agrega Martínez- las esperaron a la salida de la clínica e intimidaron a la menor, a su madre y a los médicos, acusándolos de haber cometido el delito de homicidio. Además, le ordenaron a la madre de Carla que les entregara el feto con lo cual se perdía la cadena de custodia necesaria para probar el delito de abuso sexual que sufrió la menor.

Las barreras a la menor de edad continuaron en la Fiscalía, según el relato recogido por la Mesa, cuando la Fiscal que investigaba el delito de violencia sexual, así como la funcionaria de la Policía que la acompañaba, señalaron a la madre de ser cómplice de homicidio y además, pusieron en duda a la víctima. “Finalmente, después de gestiones legales, el caso se cerró. Pero esto evidenció que hay mujeres que incluso cumpliendo con las causales están siendo criminalizadas y que hay muchos errores, como que menores de edad son penalizadas, cuando la Ley colombiana presume violencia sexual en menores de 14 años”, explica Martínez Londoño.

El aborto clandestino

El temor por ser criminalizadas entrega a las mujeres colombianas a las redes del aborto clandestino y pone en riesgo su vida. Así lo constata DeJusticia, otra organización que investiga las barreras para el aborto legal: “esta falta de garantías a la intimidad de la mujer que decide abortar en el marco de causales despenalizadas, sumadas a otros obstáculos, hacen que las mujeres prefieran recurrir a instituciones clandestinas”.

El Ministerio de Salud le informó a EL PAÍS que en Colombia, entre 2005 y 2017, murieron 828 mujeres por “causa básica de embarazo terminado en aborto”. Sin embargo, no tienen cifras en los últimos tres años y las organizaciones alertan por un enorme subregistro. De hecho, el informe del Instituto Guttmacher, una organización internacional que aboga por el derecho al aborto, indica que en 2008 se realizaron 400.000 abortos en Colombia y solo 322 se hicieron dentro del sistema legal. Entonces, la mayoría se practicaron de forma insegura para la vida de las mujeres.

Igual que en otros países de América Latina, las mujeres en Colombia que recurren a abortos inseguros lo hacen con ganchos, cebollas o medicamentos. En Colombia está aprobado el aborto con medicamentos y se accede a él con fórmula médica. Pero de nuevo, el miedo a la penalización alimenta el mercado negro de medicamentos y las mujeres los toman caducados o con posologías incorrectas.

“Yo me apliqué las pastillas, pero no me hicieron ningún efecto. Y de ahí, por amigas, supe de un doctor que practicaba abortos. Fui donde él, pero no realizó bien el procedimiento y me puse mal, me quedaron restos adentro, así que me tocó ir a un hospital y entré por urgencias”, cuenta Damaris, una mujer que acudió a aborto clandestino que se complicó. “A la única que le dije fue a la enfermera que me recibió. Pero ella fue la que contó todo. Me practicaron el legrado otra vez y lo peor fue que no me pusieron anestesia sino que todo fue así, en vivo y podía sentir todo”, agrega en el testimonio dado a la Mesa. Al centro médico llegó la Fiscalía, la notificaron y lleva tres años en un proceso judicial que espera cerrar pronto. De acuerdo con los datos de la Fiscalía, hay 1.444 casos activos por el delito de aborto.

Las barreras judiciales no son las únicas que enfrentan las mujeres. La cadena comienza con la desinformación y sigue con los prestadores de salud que, en muchas ocasiones, “dilatan y no atienden las solicitudes de las mujeres haciendo que aumenten las semanas de embarazo”. Y a eso se agrega la presión social de grupos antiaborto que abordan a las mujeres a las afueras de los centros médicos autorizados.