Colombia, historia de una lucha por la despenalización del aborto

Colombia abandonó el pasado 10 de mayo el trío de países latinoamericanos -que integraba junto a Chile y El Salvador- en los que la interrupción voluntaria del embarazo está absolutamente prohibida. La noticia no fue intrascendente. Por una parte, Colombia, con 400.000 abortos clandestinos al año, se convirtió en el abanderado de una opinión pública cuya voz se hace cada día más audible en el continente en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Por otra, la lucha (y la polémica) en el interior de las fronteras mantuvo la llama encendida durante más de un año. Y su desenlace tiene, como casi todo, una trastienda política. Marcada, también como casi todo, por las elecciones.

Y es que el inédito porcentaje de sufragios (más del 62%) cosechado por el vencedor de las elecciones colombianas del pasado domingo, Álvaro Uribe, no fue fruto de la casualidad. Los analistas convienen en que el altísimo apoyo electoral sólo puede deberse a que ha conseguido el voto conservador de los seguidores de su coalición, Primero Colombia, y también el de otros sectores e ideologías. Un claro ejemplo de voto al personaje y no al partido. El uribismo existe. Neto exponente ha sido el debate nacional generado en torno al aborto, tema controvertido en cualquier rincón del planeta.

La comandante en jefe de la lucha fue una abogada colombiana, Mónica Roa, directora de proyectos de la ONG Women's Link Worldwide, que sumó a su causa miles de voces y de historias de desesperación para elevar la primera demanda ante el alto tribunal el 14 de abril de 2005.

Hasta que, el pasado mayo, la batalla final trajo la victoria. Por cinco votos contra tres, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres supuestos: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando se presentan malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina y cuando el embarazo es fruto de una violación. Con este dictamen, Colombia se une al restante 13,2% de la población mundial —residente en países como España, Polonia y Perú— que está regida por leyes que permiten el aborto por cuestiones relacionadas con la salud de la mujer y del feto.

Si bien es cierto que se trató de un fallo judicial, el primer consultado sobre su posición al respecto fue un político, el presidente Uribe. Se declaró cristiano de convicción y respetuoso con la vida, pero también gobernante de un país donde rige el Estado de derecho y, por lo tanto, aseguró que acataba el fallo sobre el aborto; invitó a los colombianos a fortalecer los valores morales y éticos para evitar que se incremente el número de abortos, y se reunió con la Conferencia Episcopal para calmar la tempestad desatada en el ánimo de los obispos.

Y convenció: al electorado conservador, al religioso (hasta los evangélicos apoyaron su reelección, aunque le pidieron que en este segundo mandato hiciera lo que estuviera a su alcance para luchar contra el aborto) e incluso a algún progresista. Esto último, gracias a la primera dama, Lina Moreno, que discrepó en público de su esposo ("A veces me pregunta si soy de la oposición", bromea). En octubre del año pasado, cuando arreciaba la controversia, Moreno concedió una entrevista al diario El Tiempo en la que, interrogada sobre si era partidaria de despenalizar el aborto, contestó escuetamente pero sin titubeos: "Sí".

"Sabíamos que existían fuertes argumentos para liberalizar la ley del aborto en Colombia —al menos, en ciertas circunstancias—, que permanecía como uno de los pocos países del mundo que mantenía una total penalización", explica a EL PAÍS Mónica Roa. La activista alude a las recomendaciones internacionales provenientes de organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), que durante años pidieron reiteradamente a Colombia que cambiase su legislación para evitar que los abortos ilegales (y, por tanto, no practicados por profesionales) siguieran siendo la segunda causa de muertes maternas en el país, después de la eclampsia o subida de la presión arterial a causa del embarazo.

La defensa de la despenalización del aborto en un país que vivía en vísperas electorales no fue fácil. Los amores y los odios políticos estaban polarizados y sujetos a otras convicciones. "Lo más difícil fue hacer entender a la opinión pública que el debate que nosotras queríamos dar no era un enfrentamiento con la Iglesia católica", recuerda Mónica Roa. "Nuestra intención en ningún momento fue cambiar la posición de la Iglesia frente al tema. Lo que quisimos hacer fue cambiar los términos del debate para que se correspondieran con el Estado laico que somos a partir de la Constitución de 1991 y en el que la única discusión relevante es la del aborto como un problema de salud pública, equidad de género y justicia social".

La oposición religiosa, a pesar de todo, fue feroz. Especialmente de la Iglesia y del Opus Dei. "El cardenal Pedro Rubiano equiparó el aborto con el homicidio y el ex congresista Carlos Corsi, con el genocidio. Las redes Futuro Colombia y Laicos por Colombia pagaron avisos de página entera en los periódicos con imágenes de fetos agonizantes de casi nueve meses. Incluso los niños de colegios católicos fueron obligados a escribir cartas a la corte rogándole no dejar que las 'mamás mataran a sus bebés'. Y sabemos que el lobby privado fue aún más intenso. A cada uno de los magistrados de la corte le llegó el vídeo de una filmación de un supuesto aborto en vivo. Excomulgaron a todos los que habíamos tenido que ver con la despenalización, incluyendo a los magistrados que votaron a favor del fallo. Y también advirtieron de que las mujeres y médicos que practicaran abortos quedarían excomulgados", explica Roa. Según un estudio realizado en Brasil y presentado en el Encuentro de Investigadores sobre Aborto Inducido en América Latina y el Caribe, el 92% de las mujeres que reciben atención hospitalaria por complicaciones derivadas de abortos inseguros son católicas.

Durante el debate nacional previo al fallo de la Corte Constitucional, Women's Link Worldwide aportó datos: del total de embarazos en Colombia, el 24% termina en aborto y el 26%, en nacimientos no deseados, mientras que el 22,9% de las colombianas entre 15 y 55 años declara haber tenido un aborto inducido.

Pero los números, además de porcentajes, tienen rostros, nombres y apellidos. Como el de Marta S.. Tuvo su primera hija a los 17 años y la segunda, ocho años después. Sola y temerosa de no poder atender a sus hijas, decidió someterse a una ligadura de trompas, pero pasó a engrosar el 1% de mujeres en cuyo caso esta intervención fracasa, porque, cuatro meses después, quedó embarazada de nuevo. Tuvo otra hija. Y tres años después, un nuevo embarazo. A las tres semanas de gestación, se le diagnosticó un cáncer de cuello uterino —la misma enfermedad que había matado a su madre y a una tía— y se le prescribió la interrupción inmediata de su embarazo para proceder a tratamientos urgentes de quimioterapia. No pudo hacerlo porque no encontró un profesional que le practicara un aborto por temor a ser encarcelado (de 16 a 54 meses de pena); tampoco sirvieron sus recursos a la justicia. Entretanto, tuvo que ser operada de vesícula, dar a luz a otra niña mediante cesárea y sentir cómo el cáncer se hacía fuerte en su organismo durante nueve meses. En enero de 2006, apenas cinco meses antes del fallo de la Corte Constitucional, se confirmaron las metástasis en su organismo.

Marta espera poder cumplir 35 años el próximo 9 de agosto.