El relator de la ONU critica el sistema de protección social en España: “Está roto”
Philip Alston, que ha evaluado la desigualdad en el país, acusa a la clase política de “fallar” a los más vulnerables. Reclama medidas fiscales y que se ataje la crisis de vivienda
El sistema de protección social de España “está roto”. Las conclusiones preliminares del relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, reflejan un país en el que los derechos sociales y económicos se toman “rara vez en serio”. Este experto independiente, que no cobra un sueldo del organismo, ha recorrido seis comunidades autónomas en 12 días para evaluar la desigualdad, que “explotó” tras la crisis económica, y conocer de primera mano la realidad de los más vulnerables. En su rueda de prensa de este viernes en Madrid ha criticado a la clase política, que en su opinión “ha fallado” a quienes más lo necesitaban.
El 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, según cita con cifras de 2018 el informe preliminar, que no es vinculante pero enfrenta a España a una realidad en la que resulta duro mirarse. Más de la mitad de la población tuvo dificultades para llegar a fin de mes y el 5,4% experimentó privación material severa. Alston ha insistido también en la elevada tasa de desempleo (13,7%), más del doble de la media de la UE.
El relator, de origen australiano y afincado en EE UU, donde da clases en la facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, destaca que los niveles de pobreza no se corresponden con el nivel económico de España. “Es el cuarto país más rico de la UE. Se puede permitir hacer mucho y hacerlo mejor, si quiere, pero ha decidido no hacerlo”, ha asegurado este viernes a EL PAÍS. Ha hablado sin pelos en la lengua, criticando duramente que “sucesivos Gobiernos hayan decidido intencionadamente bajar las tasas impositivas y ayudar a las compañías, no perseguir mucho la evasión fiscal, que en España es rampante, mientras han mantenido niveles de protección social muy bajos”. La pobreza es una decisión política. Esta es su tesis. Las políticas para salir de la crisis han beneficiado a las clases más altas.
“No todo es malo. El sistema de salud es una joya, y el de pensiones salva a muchos mayores de la exclusión. Pero sí creo que el español promedio y, sobre todo los más vulnerables, lo están pasando muy mal y se les está prestando poca atención. Así ha sido en la última década. Sus condiciones se han deteriorado”, ha afirmado este viernes. Sus conclusiones finales verán la luz a mediados de este año, cuando también acaba su mandato como relator, que asumió en 2014. En este tiempo ha visitado y evaluado dos países al año. En agosto regresó de Malasia.
Alston ha descrito un sistema educativo “segregado, cada vez más anacrónico”, una burocracia para solicitar ayudas más propia “del siglo XIX que del XXI” y ha instado a regular los precios de los alquileres en las grandes ciudades. En su informe sostiene que la población se enfrenta a “precios de la vivienda que se disparan, a privatizaciones de bloques de apartamentos y a desahucios agresivos”.
Alston acompaña las 20 páginas en las que expone sus conclusiones con datos que avalan sus palabras. El impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es el sexto más bajo de la UE, España invirtió “significativamente menos que otros países de la Unión” en discapacidad, políticas de familia y vivienda. El porcentaje de adultos en hogares sin empleo y que reciben prestaciones sociales estaba entre los más bajos de los Veintiocho en 2016, más de 15 puntos por debajo de la media europea. La “burocratización del sistema de protección social es una causa importante de exclusión y los requisitos excesivos de documentos son un obstáculo para el apoyo”.
Así que España debería revisarse y actuar. Eso ha dicho Alston. “Había estado de visita muchas veces. He sido testigo de la diversidad cultural, de la riqueza. Esta vez he visto otro rostro”, ha asegurado. Dos Españas. Una próspera. Otra, con la que se ha topado en las últimas dos semanas, es “el hogar de un porcentaje alto de gente que vive al borde de sus posibilidades”.
Grandes desafíos
La pobreza y la precariedad están integradas en el sistema. Estancadas. Así que si el Gobierno quiere cambiar la situación —algo que ve positivo, dado que la coalición formada por el PSOE y Unidas Podemos se ha comprometido a luchar por la justicia social— tiene que acometer reformas. Los desafíos son grandes. “Si obtienes un 5% menos en ingresos fiscales, por debajo de la media europea, gastarás menos en protección social”, ha dicho Alston. La prioridad debe ser la fiscalidad: “Hace falta más redistribución, un sistema más progresivo y probablemente niveles más altos [de impuestos]“, ha opinado. “La vivienda es un verdadero reto. La vivienda social es un desastre [con un parque del 2,5%, frente al 30% de Holanda y unas cifras de desahucios que se han disparado esta década, según el informe], y el mercado laboral no está funcionando para una gran parte de los españoles. Hacen falta muchas medidas y el Ejecutivo es consciente de ello”.
El relator también ha recalcado las deficiencias de las rentas mínimas de inserción, la última red de protección para aquellos que se quedan sin ningún otro colchón al que agarrarse. Ha puesto como ejemplo del mal funcionamiento del sistema a Madrid, donde el ingreso mínimo es de 400 euros, “insuficientes”, y donde el número de suspensiones se ha “doblado” en los últimos años. También ha enfatizado las dramáticas condiciones en las que vive la población gitana. “Todas las sociedades tienen un grupo al que tratan de manera abominable. Es así”, ha espetado. Y se enfrentan a elevadísimos niveles de pobreza y exclusión. Se ha mostrado “extremadamente preocupado” por la situación de los niños extranjeros solos, un colectivo desesperado que “sigue siendo sometido a pruebas genitales invasivas y humillantes [para determinar su edad]”, una población vulnerable “que ha sido demonizada en el debate político”. Ha destacado la perspectiva de género, con las mujeres y las familias monomarentales con mayores niveles de desigualdad y de exclusión. Algo a lo que también se enfrentan las personas con discapacidad.
Si bien Alston ha dicho que ha escuchado las impresiones de autoridades autonómicas y centrales, y ha asegurado que conocen gran parte de los desafíos, se ha mostrado frustrado por que se pasaran la pelota unos a otros. Ha reclamado inversión. Para que los niños que nazcan en pobreza no se vean abocados a ella. Para que el sistema “deje de estar fracturado”.
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