La ONU baja a la calle para estudiar la pobreza en España

Normalmente son invisibles. Pero durante dos semanas son el centro de la agenda de un experto cuya misión es medir la desigualdad en España. Se trata del australiano Philip Alston, relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos. Alston no cobra un sueldo Naciones Unidas pero ha venido a examinar la vulnerabilidad en España para el organismo, y emitirá sus conclusiones preliminares este viernes 7 de febrero. Aterrizó en España el pasado 27 de enero, en el que será su último viaje a un país como relator: en 2018 visitó Reino Unido y Estados Unidos y sus duros informes sobre la falta de políticas sociales levantó ampollas en ambos gobiernos.

En España lleva días reuniéndose con quienes no suelen ser escuchados. Personas sin hogar en Bilbao, familias que sufren la pobreza energética en Barcelona, trabajadoras domésticas inmigrantes o vecinos de la depauperada Cañada Real en Madrid. Una docena de visitas –que pasaron también por Galicia, Extremadura o Andalucía– en las que aquellos en situación más vulnerable aprovecharon para narrarle al emisario de la ONU los fallos de un sistema que permite que crezca una desigualdad que sufren en silencio. Estas son algunas de las cosas que le contaron.

“Solo veo a mi madre para cenar. Trabaja mucho”

27 de enero | Reunión con familias en riesgo de exclusión | Madrid

“España nos está machacando”, dice una de la decena de mujeres, en su mayoría migrantes, que se reúnen con Alston en la Fundación Balia de Madrid. Le cuenta que apenas pueden respirar a fin de mes. Otra asegura depender de ayudas “que nunca llegan”. El relator escribe. Apunta cómo los cambios constantes de domicilio repercuten en la estabilidad de los hijos de estas mujeres. A sus notas sumará el trabajo que ha realizado antes del viaje, cuando realizó más de 60 entrevistas telefónicas y analizó 40 documentos redactados por personas afectadas por la pobreza, organizaciones sociales y el mundo académico. 

Los chavales presentes en la reunión muestran nerviosos al relator cómo es pasar la infancia en situación de pobreza. Uno le habla en inglés. Alston le sigue en el mismo idioma, pero el chico continúa en español tras quedarse sin palabras: “Solo veo a mi madre para cenar. Trabaja mucho”. El resto asiente.

La fundación que acoge el encuentro atiende y acompaña a mayores y pequeños para prevenir el abandono y el aislamiento. Se ha convertido en un segundo hogar para quienes apenas tienen uno. “Para mí la pobreza es una decisión política”, responde Alston tras un largo silencio. “Si un Gobierno quisiera acabar con ella, lo haría”, sentencia. En España, uno de cada cinco ciudadanos está en riesgo de pobreza. Es decir, que sus ingresos no llegan al 60% de la mediana de renta del país. Para una persona sola, esto supone no llegar a los 8.871 euros anuales. El umbral es de 18.629 euros para dos adultos y dos niños.

Ninguna de las mujeres da su nombre para evitar la etiqueta de “pobre”, pero todas conocen la vulnerabilidad. Una de ellas le ruega sinceridad en su informe: "Cuente lo que le hemos dicho, por favor". El relator admite la presión y la responsabilidad “para forzar al Gobierno a mirar de cara al problema y pensar soluciones”.

Sin vivienda no hay padrón. Y sin padrón no hay sanidad

29 de enero | Reunión con personas sin hogar | Bilbao

“Vienen un australiano, una japonesa… Parece un chiste”. Hay nervios en la sala y toca romper el hielo hasta que llegue el relator para charlar con siete personas que han vivido sin hogar en Bilbao. Todos le quieren contar los mismos problemas: drogas, enfermedades, apuros económicos y empleo precario. Y calle. Mucha calle, hambre, frío e invisibilidad. Sentir que nadie los ve cuando pasa a su lado. 

La situación se recrudece en el caso de las mujeres. Los albergues están pensados para los hombres y su vida sin hogar es aún más cruda y peligrosa, dice Desirée. Todavía más para las inmigrantes, añade la hondureña Katy. Alston apunta lo que le traduce la intérprete.

Javier, Paco, Richard, José María y Alberto, que conocen la vida sin una casa en la que refugiarse,  apuntan al padrón bilbaíno como obstáculo. Sin vivienda no hay padrón. Y sin padrón no hay sanidad ni prestación económica para evitar la calle. Dicen que la "renta de garantía de ingresos" ayuda pero no rescata. Eso sí, es el primer paso hacia un futuro digno.

En España hay unas 33.000 personas sin hogar, según la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020. Alston explica que trasladará cómo “la obsesión burocrática” lastra los derechos universales. No será fácil, avisa, pues cuesta equilibrar las demandas sociales y las capacidades de un Gobierno. Al menos, el especialista en derecho internacional y profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, ha traído ilusión a los presentes: le pueden contar sus problemas a alguien que también se ha reunido con representantes ministeriales y Gobiernos autónomos.  

La pobreza energética afecta a más de 19 millones de españoles

1 de febrero | Reunión con víctimas de la pobreza energética | Barcelona.

Nadie quiere tener que elegir entre pagar facturas o comer. El reto es subsistir, aun exponiéndose a desahucios o cortes de servicio eléctrico. Para muchos poder encender la calefacción es una utopía. Cerca de siete millones de personas no pueden permitirse en España mantener su vivienda a una temperatura adecuada o sufren retrasos en el pago de recibos, según el Informe de Pobreza Energética en España 2018, de la Asociación de Ciencias Ambientales. Son más del 14% de la población. Muchos de ellos esconden sus dificultades para no sentir el estigma.

El relator se cita en Barcelona con personas que saben lo que es pasar frío en casa. La reunión la dirigen las entidades sociales ABD y Ecoserveis, cuyos portavoces se muestran satisfechos tras ella. Es “esencial”, dice, incorporar la pobreza energética a esta visita. "Alston se ha interesado particularmente por la opinión de los afectados hacia el papel que deben mantener las Administraciones públicas”, explican. El enviado de la ONU les recalcó la importancia de que el sector público y el privado se coordinen para ayudar a quienes están en esta situación de vulnerabilidad. 

El 46% de los gitanos vive en extrema pobreza

2 de febrero | Reunión con miembros de la comunidad gitana en la Cañada Real | Madrid

El relator visita la Cañada Real, una de las zonas más vulnerables de la Comunidad de Madrid, con fuertes deficiencias en servicios básicos como agua, electricidad o recogida de basuras (antes paseó también, libreta en mano, por el Polígono Sur, con condiciones similares, en Sevilla). En La Cañada escucha a familias gitanas que le hablan con normalidad de sufrir cortes de luz, del rechazo social o incluso de tener que convivir con ratas.

La Fundación Secretariado Gitano lleva 40 años denunciando la estigmatización de esta comunidad, que sufre una tasa de extrema pobreza en el 46% de sus integrantes, según sus datos. Carolina Fernández, subdirectora de incidencia política de la fundación, aprovecha la reunión para acercar la realidad “indigna” en la que vive una gran parte del colectivo: “Mostramos que la segregación residencial conlleva segregación escolar”, dice. Según esta organización, seis de cada 10 menores gitanos no termina la enseñanza obligatoria. “Aunque existe un plan para la Cañada Real”, añade, “tardaremos generaciones en ver desaparecer esas desigualdades”. Alston se va con el agradecimiento de quienes se han sentido, por fin, escuchados. Persisten, sin embargo, sus problemas.