La Fiscalía pide actuar penalmente contra los coches más contaminantes

La Fiscalía tiene en el punto de mira la contaminación del aire en las ciudades, cuya principal causa hay que buscarla en el tubo de escape de los vehículos de gasolina y diésel. Y el coordinador de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, considera que se puede intentar perseguir por la vía penal a los conductores de vehículos “altamente contaminantes” cuando se decreten restricciones de tráfico por los altos niveles de polución. Así lo indica en el escrito que el departamento que dirige Vercher envió la semana pasada al alcalde de Madrid coincidiendo con el episodio de alta concentración de dióxido de nitrógeno (NO₂) que obligó al equipo del regidor José Luis Martínez-Almeida (PP) a activar por primera vez en su mandato el nivel 1 del protocolo contra la contaminación en la capital. Durante dos días, debido a esa activación, la velocidad de circulación en la M-30 y en las vías de acceso en el interior de la M-40, en ambos sentidos, quedó limitada a 70 kilómetros por hora.

El fiscal explica en su escrito que el artículo 325 del Código Penal, que se refiere al delito medioambiental, permite aplicar un “planteamiento más amplio” para intentar atajar el problema de la contaminación, que tiene una “muy negativa incidencia” en la salud pública. Según su interpretación, se puede ir más allá de “la perspectiva meramente administrativa” —las multas— en este asunto y utilizar la vía penal contra los titulares de vehículos altamente contaminantes o sus conductores. Para ello, en el escrito de la Fiscalía al que ha accedido EL PAÍS se propone que se organicen “patrullas policiales de control del tráfico” durante estos picos de contaminación. Vercher plantea reunirse con los responsables del Ayuntamiento para coordinar las actuaciones y “diseñar una estrategia eficaz”. Fuentes de la Fiscalía explican que el Consistorio madrileño respondió este lunes favorablemente a este ofrecimiento.

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No es la primera vez que Vercher interviene por los altos niveles de contaminación y la falta de acciones contra este grave problema del Ayuntamiento de la capital. Así lo hizo, por ejemplo, a principios de esta década cuando el equipo del exregidor Alberto Ruiz-Gallardón (PP) cambió de lugar varias estaciones de medición de la calidad del aire de la ciudad para ubicarlas en zonas verdes. Lo hizo también cuando abrió en junio de 2019 una investigación por la intención del actual Consistorio de desmontar Madrid Central, la zona de bajas emisiones puesta en marcha durante el mandato de Manuela Carmena (de la formación política Ahora Madrid). En diciembre, en una mesa redonda celebrada con motivo de la Cumbre del Clima, Vercher recordó que durante el anterior mandato dejó abierta la puerta también al equipo de Carmena para seguir la vía penal en “los supuestos más graves de contaminación”. Pero, según lamentó en esa jornada, “no llegó a la Fiscalía ni una sola denuncia”.

En el escrito remitido ahora al Ayuntamiento el fiscal concreta algunos supuestos en los que se podría denunciar a conductores o propietarios de vehículos penalmente. Esa “contaminación penal” podría “quedar concretada por aspectos tales como los humos provocados, la ausencia de las correspondientes Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), los defectos en el motor que se traduzcan en una mayor emisión contaminante...”. Además de instar a que se creen “patrullas policiales de control del tráfico” para los momentos de más contaminación, la Fiscalía también deja claro que si “lo considera oportuno” procederá a “hacer uso de los agentes del Seprona” —la decena que están adscritos a su departamento— para realizar esas tareas de control durante los picos de más contaminación.

Vercher recuerda también al equipo de Martínez-Almeida que desde el mandato de Carmena existe un agente de la Policía Local de Madrid que ejerce las labores de coordinación entre el Ayuntamiento y la Fiscalía de Medio Ambiente. Esto “permitiría la recepción rápida de los atestados” en la sede del ministerio público para que se iniciase el procedimiento penal si se considera oportuno.

“Es evidente que el problema es cada vez más acuciante y que es necesario atajar los casos más exponenciales de circulación inaceptablemente contaminante”, resume Vercher en su escrito sobre un problema que cada año causa en el mundo siete millones de muertes prematuras, como recordaba recientemente la Organización Mundial de la Salud. La OMS salió con esa cifra al paso de unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la también popular Isabel Díaz-Ayuso, en las que ponía en duda la mortalidad asociada a la contaminación.

Pero la polución no es solo un problema de salud. La Comisión Europea denunció en julio a España por los incumplimientos reiterados año a año de los límites de dióxido de nitrógeno que establece la normativa comunitaria desde hace una década. Los protocolos contra los picos de contaminación y las dos zonas de bajas emisiones que ambas ciudades —y los municipios limítrofes en el caso catalán— han puesto en marcha se enmarcan dentro de ese expediente sancionador de la Comisión. Y lo previsible es que si sale adelante la ley de cambio climático todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de España estén obligadas a contar con zonas de bajas emisiones.