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Diez comunidades eliminan el ‘punto dinástico’ por ser hijo de exalumno en la admisión escolar

La concertada defiende la aplicación de un criterio que los expertos advierten que perpetúa la segregación

Patio de un colegio femenino en Barcelona.
Patio de un colegio femenino en Barcelona.

El criterio de admisión escolar que concede puntos a un alumno por el hecho de que uno de sus progenitores haya estudiado en el colegio está en retroceso en España. Hace cinco años se aplicaba en centros financiados con fondos públicos, sobre todo en concertados, de 11 comunidades y ahora solo está permitido en siete. Se trata de Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Murcia y Canarias

La escuela concertada se opone a la desaparición del llamado criterio de antiguo alumno o dinástico (la privada no está sujeta a esta regulación y tiene libertad para seguir aplicándolo). Una regla que, según los expertos, contribuye a segregar a los alumnos por clase social, un terreno en el que el sistema educativo español falla, según ha vuelto a poner de manifiesto el último Informe PISA.

El programa de evaluación internacional de los estudiantes sitúa a España a mitad de tabla en una clasificación de segregación escolar en el que figuran 40 países, incluidos 36 miembros de la OCDE, basada en el denominado índice de aislamiento, que mide la probabilidad de que un estudiante tenga como compañeros a niños de una extracción socioeconómica diferente a la suya. Una lista que encabeza Noruega, como sistema más equilibrado, y cierra Chile. A escala autonómica, PISA coloca a Cantabria, que no permite dar puntos por antiguo alumno, como la menos segregadora, y a Madrid, que es donde dicho criterio tiene más peso, como la que más. En la separación por clases sociales del alumnado influyen otros factores, algunos con más intensidad, como la segregación residencial, señalan los expertos, que destacan, sin embargo, que el criterio dinástico, utilizado sobre todo por centros concertados, empuja en la dirección equivocada.

“Es un mecanismo que promueve la reproducción social de las desigualdades educativas, al facilitar que los hijos de quienes se educaron en un contexto educativo privilegiado vuelvan a disfrutarlo. Si se quiere promover la igualdad de oportunidades y reducir la segregación escolar ese criterio tendría que eliminarse”, afirma Jesús Rogero, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. “Contribuye sobre todo a que los hijos de las clases medias altas de la sociedad estén juntos y no se mezclen con otros sectores sociales de clases medias y bajas, así como con los escolares hijos de inmigrantes”, añade Manuel Rodríguez, profesor de la misma disciplina en la Universidad de Valencia.

En el año 2015 Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias contemplaban en sus normas el criterio de antiguo alumno o, más comúnmente, dejaban en manos de los centros la posibilidad de asignar de forma autónoma uno o más puntos en el proceso de admisión. Y buena parte de los colegios concertados lo elegían.

Desde entonces, la Comunidad Valenciana y Navarra (a principio de la pasada legislatura) y Cataluña (en el proceso de admisión del año pasado) lo suprimieron, mientras Baleares lo ha eliminado para la próxima matrícula. La frontera de la aplicación del criterio traza también un mapa político. Todas las comunidades que permiten aplicarlo están gobernadas por el PP, salvo La Rioja y Canarias (donde los populares mandaron hasta mayo), y País Vasco.

Oposición de la concertada

Baleares ha introducido el cambio en su nuevo decreto de admisión. “Tenemos una gran presión de escolarización y abundante alumnado inmigrante. Nuestro objetivo ha sido garantizar la igualdad de oportunidades y buscar el mayor equilibrio posible. Y el criterio de dar un punto por antiguo alumno iba en sentido contrario, al favorecer que determinados alumnos, por el hecho de ser hijos de quienes son, tuvieran más opciones de acceder a determinado centro”, afirma Antonio Morante, director general de Planificación educativa del Gobierno balear. La medida ha sido recurrida a los tribunales por dos patronales de centros concertados.

La supresión del criterio dinástico también fue adoptada en Valencia con la oposición de la mayor parte de la enseñanza concertada. “Nos pareció mal porque era una manera de que los antiguos alumnos pudieran de alguna forma volver a su colegio a través de los hijos”, señala Vicenta Rodríguez, secretaria de Escuelas Católicas en esta comunidad. “La consecuencia ha sido que muchos hijos de antiguos alumnos se han quedado fuera. Ha habido casos, en colegios de renombre, como El Pilar de Valencia, en el que el abuelo y el padre habían estudiado en el centro y ahora el nieto no ha podido entrar. Era un punto que ayudaba a fidelizar a los antiguos alumnos y a reforzar los lazos de pertenencia con el colegio, y quitarlo ha supuesto minusvalorar esos afectos”, lamenta Rodríguez.

Las asociaciones mayoritarias de madres y padres de alumnos han respaldado, por el contrario, el cambio allí donde se ha producido. “La eliminación del criterio fue una buena noticia, aunque llegó tarde”, afirma Lidón Gasull, directora de la federación de Ampas Fapac de Cataluña. “El proceso de admisión tiene que perseguir que el alumnado de las escuelas no sea homogéneo en la procedencia y el nivel socioeconómico de los alumnos, porque de ese modo la escuela no es un reflejo de la sociedad”.

Selección adversa

“Los estudios de comparativa internacional demuestran que allí donde los centros tienen algún nivel de autonomía para gestionar la admisión del alumnado hay más segregación que donde la baremación está centralizada y rigen criterios comunes”, afirma Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos en la en la Fundació Jaume Bofill. “Independientemente del criterio que escojan, los centros acaban buscando seleccionar a un alumnado que les reporte un mayor prestigio social o una composición social más favorable, en lo que se llama selección adversa”, añade.

La unificación del proceso de admisión en órganos ajenos a los propios colegios es una de las 37 medidas planteadas por un equipo de investigadores dirigido por el profesor de Sociología Manuel Rodríguez, a petición del Ayuntamiento de Valencia, que han recogido en el documento Plan contra la segregación escolar en Valencia presentado en diciembre.

El estudio considera insuficiente el nivel de conocimiento que la Administración educativa tiene de la composición social de sus escuelas, lo que provoca que, según los autores, que la planificación escolar se haga en este terreno “a ciegas”. Propone por ello profundizar en su estudio aprovechando el proceso de admisión escolar y limitar a un máximo del 25% el porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que puede concentrarse en una escuela. El documento también plantea que una parte de los recursos que reciben los centros se asignen en función de su realidad social, potenciando su “corresponsabilidad en la escolarización equilibrada y la lucha contra la segregación”.

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