La Fiscalía archiva la investigación por los cánticos machistas del colegio mayor Elías Ahuja

La Fiscalía de Madrid ha acordado archivar las diligencias de investigación abiertas contra un alumno de la residencia de estudiantes Elías Ahuja de Madrid por los gritos sexistas lanzados la noche del 2 de octubre de 2022 a las residentes del colegio mayor femenino contiguo Santa Mónica, según ha informado este miércoles el ministerio público. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia del Movimiento contra la Intolerancia al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio.

Se da la circunstancia de que la ley del solo sí es sí, que regula este tipo de conductas, entró en vigor el siguiente viernes, 7 de octubre. Esta norma castiga a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad.

En febrero, el alumno que inició los cánticos que pronto se viralizaron ―“¡Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea! ¡Vamos, Ahuja!”―, a los que se sumaron el resto de estudiantes simulando ser animales con sus ruidos, manifestó ante el fiscal que los gritos hacia sus vecinas del Santa Mónica ―muchas de ellas familiares― eran “una broma” que seguía “una tradición”, negando que su intención fuera humillar a las chicas. La escena, que se conoce como La Granja, se repetía cada año y las colegialas no se sintieron agredidas. “A mí si me llaman puta o ninfómana por la calle, claro que me ofendo, pero ellos son nuestros amigos”, subrayó una joven a este diario.

El fiscal jefe no apreció tras la investigación “vinculación alguna con grupos o movimientos extremistas” previa o posterior del alumno que inició unos cánticos que tilda de “soeces y procaces”. Y afirma en sus diligencias que el colegio mayor no había podido “identificar a los estudiantes que estaban en las instalaciones en ese momento debido a que el sistema de autorizaciones para salidas nocturnas es habilitado para todo el curso escolar”. Tampoco a quienes grabaron las imágenes que pronto se viralizaron.

El decreto de archivo del fiscal sostiene que los hechos son “irrespetuosos e insultantes para las mujeres” y las expresiones proferidas constituyen “un ataque a la dignidad individual o colectiva de aquellas”. Sin embargo, no pueden ser por sí solas constitutivas de un delito de odio del artículo 510.2 del Código Penal, al exigir este delito la concurrencia de una motivación discriminatoria concreta, la cual no ha resultado acreditada en la investigación por hechos anteriores, coetáneos ni posteriores a los denunciados. Según la Fiscalía, la acción investigada no puede tipificarse tampoco como un delito contra la integridad moral porque para ello es necesario que alguna de las personas destinatarias de las expresiones proferidas se hubiera sentido ofendida y “no consta que ninguna de las mujeres que se encontraban en la residencia haya denunciado los hechos”.

Aunque la conducta de los colegiales fue condenada por todo el arco político, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcó entonces criticando a la Fiscalía: “A mí lo que me sorprende, sobre todo, es que la Fiscalía esté para investigar esto, mientras en la Universidad, a lo largo de los años, hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos impidiendo conferencias en libertad, o persiguen, por ejemplo, a los alumnos de S’ha acabat para que no puedan ir libremente a su universidad, a la facultad en Cataluña”.

Cambios en la ley universitaria

El incidente machista del Ahuja no se ha reducido a objeto de debate en los medios durante días. A iniciativa de Más País, la Ley Orgánica del Sistema Universitario incluye un artículo que obliga a los colegios mayores ―supuestamente no son solo un alojamiento, sino que forman a los universitarios― a ser mixtos si no quieren ser expulsados de la red pública. Si siguen segregando, pasarán a ser residencias privadas, lo que les resta prestigio. Los colegios de titularidad pública hace tiempo que no separan, y en los privados como el Ahuja el proceso está siendo más largo.

En los debates de las recientes elecciones a rector de la Complutense, como no podía ser de otra manera ―ha sido uno de sus últimos golpes reputacionales―, salió a colación el canon que los agustinos pagan a la universidad como contraprestación por tener el colegio en sus terrenos: 60.000 euros al año. Una cantidad pequeña si se tiene en cuenta que cada uno de los 174 colegiales paga 1.200 euros mensuales durante nueve meses (1,87 millones). Y esta cuenta no incluye las estancias en verano de otros huéspedes. “En los colegios mayores que antes no se pagaba, ahora se paga”, razonó el rector Joaquín Goyache en conversación con este diario. “Si vas al portal de transparencia, ves que hay residencias universitarias que pagan cerca de 500.000 euros y otros colegios mayores que rondan los 200.000 euros”, añadió la entonces candidata a rectora Esther del Campo.

La justicia ha archivado el caso y el castigo también ha sido muy leve en el colegio para el estudiante de la Autónoma de Madrid que inició los cánticos. Aunque la dirección del centro había anunciado a los medios que su expulsión sería definitiva, luego se echó atrás. “El reglamento del centro por estos hechos prevé una expulsión de 15 días. El colegio lo amplió hasta 40 días y retiró al colegial una beca honorífica que tenía (...) Se ha puesto la sanción más alta que se ha podido según el reglamento”, aseguró a este diario. Sin embargo, el colegial, abrumado por su notoriedad, optó por alternar su estancia entre la residencia y casa de amigos en la capital.

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