El paciente deberá confirmar al menos en cuatro momentos distintos que quiere una eutanasia

El proyecto de ley orgánica para la regulación de la eutanasia y la ayuda a morir (el suicidio asistido) llega este jueves a uno de sus días decisivos, aquel en el que la Comisión de Justicia decidirá qué enmiendas de las presentadas quedan vivas y cuáles no. Entre ellas, hay dos de PP y Vox que evitan regular la eutanasia y apuestan por promover los cuidados paliativos, como si fueran actuaciones antagónicas. También Ciudadanos presenta prácticamente una ley alternativa, pero en este caso también regulando la posibilidad de quitarse la vida. Por parte de los otros grupos, favorables a la norma, muchas enmiendas ―prácticamente todas son de carácter técnico o de mejora, por lo que no discuten las líneas básicas del proyecto― se han transaccionado, y hay espacio para más”, dice María Luisa Carcedo, portavoz de Sanidad del PSOE, el partido que promueve la regulación.

El proyecto es “extremadamente garantista” y prevé que el proceso desde que el paciente solicita ayuda para morir hasta que la reciba dure “más de un mes”, en el que deberá confirmar su voluntad al menos cuatro veces, explica Carcedo. “Se trata de evitar que la decisión se tome en un calentón”, afirma la exministra de Sanidad. Eutanasia es que un médico aplique a un enfermo en una situación de grave sufrimiento irreversible medicamentos para provocarle la muerte. Suicidio asistido es facilitar al afectado los fármacos que deberán acabar con su vida, pero él será quien se los administre.

Es la tercera vez que el PSOE presenta una propuesta para regular la eutanasia. La primera, al final del último Gobierno del PP, fue rechazada. La segunda, decayó con la legislatura tras ser congelada en la Mesa del Congreso por PP y Ciudadanos. También Izquierda Unida intentó que se regulara, sin éxito. Esta vez, la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez, con el apoyo de Ciudadanos, ha dejado que siga adelante. Pero el debate está en la sociedad al menos desde que el tetrapléjico Ramón Sampedro intentara, sin éxito, que le ayudaran a quitarse la vida (su campaña comenzó en 1993 y concluyó en 1998, cuando se suicidó con el cianuro que le habían proporcionado). Desde entonces, han sido varios los casos de personas que han pedido ayuda para morir, bien por su propia mano (suicidio asistido), bien por la mano de un médico (eutanasia). El último caso, hecho público expresamente para impulsar este debate, fue el de la muerte de María José Carrasco, incapacitada por una esclerosis múltiple avanzada, que se quitó la vida en abril de 2019 con un medicamento que le suministró su marido, Ángel Hernández, quien está pendiente de juicio (la Fiscalía le pide seis meses de cárcel) por un supuesto delito de violencia de género.

La proposición de ley fija un calendario exhaustivo desde que el enfermo, que debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante, solicita por primera vez por escrito la eutanasia. A los 15 días, debe volverlo a hacer, y dos días más tarde, el médico que le atienda le deberá explicar su situación ―proceso deliberativo, lo llama la ley―, las alternativas terapéuticas y los cuidados paliativos que podría recibir, “asegurándose de que comprende la información que se le facilita”. Entonces, el paciente tendrá 24 horas para formarse una opinión y confirmar si quiere seguir con el proceso.

A continuación, el facultativo deberá exponer el caso a un “médico o médica consultor” (un segundo especialista ajeno al proceso), que en 10 días deberá trasladar el caso a la comisión de evaluación y seguimiento que se creará en cada comunidad (en el Ministerio de Sanidad, para Ceuta y Melilla) “por acuerdo de los respectivos Gobiernos autonómicos”. El presidente de este órgano tiene dos días para asignar el caso a dos de sus miembros, que en siete días deberán trasladar su propuesta de autorizar la eutanasia o el suicidio asistido. La resolución se comunicará “en el plazo más breve posible” al médico que la solicitó, que a partir de ahí deberá volver a hablar con el paciente para aplicarle (si es eutanasia) o proporcionarle (suicidio asistido) los medicamentos que van a quitarle la vida. Es obligación de los sanitarios seguir y acompañar al enfermo en este proceso.

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En cualquier momento, el afectado puede renunciar al proceso, y los distintos médicos implicados pueden rechazar la propuesta, en cuyo caso la ley establece el sistema para recurrir. Para personas incapacitadas, en vez de su conformidad, bastará que su representante acceda a la práctica en función de lo que ponga el testamento vital del afectado. En el caso de que los médicos prevean que el enfermo no va a sobrevivir al tiempo de la tramitación, se podrán acortar los plazos, dice la proposición. También se establece la objeción de los profesionales sanitarios a participar. La prestación se podrá recibir en un centro sanitario o en el domicilio.

Trámite parlamentario

El 25 de noviembre, la ley pasó su penúltima votación, la del informe de la ponencia de la comisión, en la que recibió 22 de los 36 votos posibles. Solo se opusieron el PP y Vox. “Hay una mayoría política clara, y más ahora que Ciudadanos ya está convencido”, dice Carcedo, quien confía en que esta vez va a salir adelante. Los dos partidos de derecha ya habían intentado parar su tramitación en el pleno del Congreso que debía admitir el proyecto para iniciar su camino parlamentario, y presentaron proyectos alternativos en los que volvían a la idea de que no se regulara la eutanasia a cambio de fomentar los cuidados paliativos, incluida la sedación terminal (dar tratamiento contra el dolor u otros síntomas a una persona hasta dejarle completamente sedado, aun a riesgo de que ello acorte su vida, como defiende ahora la Conferencia Episcopal) pero sus propuestas fueron rechazadas en el pleno del 10 de septiembre.

“La sedación paliativa es para enfermos a los que les queden horas, días como mucho. Nuestra propuesta es para procesos más largos en pacientes que prevén que van a sufrir o pasar un proceso que no quieren”, dice Carcedo. “Antes, la derecha se oponía a ella, como pasó con el caso de Leganés [se acusó a médicos del hospital de practicar hasta 400 eutanasias, cuando lo que efectuaban eran sedaciones a pacientes terminales], pero ahora la defienden para oponerla a la eutanasia”, añade.

Esa opción por los cuidados paliativos como alternativa excluyente a la eutanasia es la que defiende oficialmente la Organización Médica Colegial. En una declaración en septiembre, citaba el artículo 5 del Código de Deontología Médica, según el cual “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”, y pedía el desarrollo de una ley de cuidados paliativos.

Pero esta postura de la jerarquía de los colegios de médicos se ve contestada por los facultativos de a pie, según Diego Real de Asúa, coordinador del Grupo de Trabajo en Bioética de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que dedicó una sesión al tema en su último congreso, el 24 de noviembre. En él se recordaron cuatro encuestas llevadas a cabo entre 2018 y 2019 entre los afiliados de los colegios de médicos de Bilbao, Las Palmas, Tarragona y Madrid, que recogen que más del 67% de los consultados estaba convencido con toda seguridad de que había que regular la eutanasia y otro 13%, como poco, creía que había que hacerlo aunque no estuviera completamente seguro. También el Colegio de Enfermería de La Rioja utilizó el cuestionario con resultados incluso más favorables (un 83,3% a favor de que personal sanitario aplique la eutanasia).

Real admite que su sociedad científica no se ha pronunciado como tal sobre la eutanasia, y explica que “el debate es cercano, pero no idéntico, al de los cuidados paliativos”. Aunque si mejoran las atenciones, menos personas pedirán una eutanasia, dice, hay personas que seguirán pidiendo este tipo de ayuda para morir. También cree Real que la idea de la autonomía del paciente que subyace en el proyecto de ley, “ha habido que construirla con un cambio cultural que ha llevado su tiempo y ahora está más asentado”. Y señala que a los médicos les preocupa lo que se ha venido a llamar la “pendiente resbaladiza”: que de los enfermos con graves sufrimientos se pase a ofrecer la eutanasia a enfermos mentales o incluso menores.

Por último, Real apunta a otro aspecto de las encuestas llevadas a cabo: que el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido está en la sociedad. En este sentido, Carcedo afirma que esta vez “la mayoría social a favor de que se regule la eutanasia coincide con la parlamentaria”. Diversas encuestas avalan este apoyo. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por ello, en 2009, un 77% de la población quería que se regulara esta práctica. En 1988 era el 53%, según el CIS. Datos más actuales da Metroscopia, que señala cómo el apoyo ha pasado al 87% en 2019.

También el Comité de Bioética de España ha rechazado este proyecto en un informe del 9 de octubre, y señala que “legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”. El presidente del Comité, Federico de Montalvo, advierte de que su informe no era una respuesta a la ley, sino que quería ir más allá. Y, desde el rechazo a la eutanasia, cree que hay otras posibles soluciones, como disminuir el tipo penal por cooperar con el suicidio para que no implique cárcel (ya hay una rebaja en el Código Penal si es por causa de sufrimiento extremo de un enfermo) y trabajar más en la sedación terminal, incorporando entre sus causas el “sufrimiento existencial refractario” (el psíquico que no responde a tratamiento) y utilizarla en pacientes que están sufriendo de manera insoportable pero no necesariamente van a morir en días.

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En su declaración, el comité de bioética se centra en un aspecto: que esta práctica se considere un derecho. Eso es lo que motiva que el debate se lleve a cabo en la Comisión de Justicia del Congreso y no en la de Sanidad. En su informe concluye que “existen sólidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública, que añade que la compasión que causa “el deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y/o psíquico”, no legitima “ética y legalmente una solicitud que, ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni, además, queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo”.

La ponente socialista rechaza esta apreciación, y remite a la exposición de motivos de la ley, en la que se afirma que “la legalización y regulación de la eutanasia” debe compatibilizar “los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral” con “bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad”. “Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e integridad, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado [integridad física y moral de la persona, dignidad humana, el valor superior de la libertad, la libertad ideológica y de conciencia o el derecho a la intimidad], toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida”, afirma el texto.

Todo esto es un proyecto para el que no se esperan grandes cambios, dada la mayoría de los que apoyan la ley en el Congreso (todos los grupos menos PP, Vox y UPN). “Como toca derechos fundamentales es una ley orgánica que deberá votar el pleno del Congreso después de pasar por la comisión. No hay un calendario establecido, peor no debería retrasarse mucho”, dice Carcedo.

Si la ley se aprueba finalmente, España será uno de los pocos países del mundo que han regulado la eutanasia, con Holanda, Bélgica y Luxemburgo, en Europa; Canadá, Colombia y el Estado estadounidense de Oregón. El suicidio asistido, por su parte, está permitido en Suiza, algunos territorios de EE UU y el Estado de Victoria, en Australia.