El Comité de Bioética rechaza considerar la eutanasia como un derecho

El Comité de Bioética de España, un órgano consultivo dependiente de los Ministerios de Sanidad y Ciencia, considera que la eutanasia no es un “derecho subjetivo”, por lo que no debe articularse como una prestación pública. Sostiene que el Código Penal ya recoge una “mirada compasiva”, que explica que el ingreso en prisión “por actos eutanásicos sea algo no solo insólito, sino desconocido en las últimas décadas”. Así lo establece este grupo de expertos en un informe no vinculante aprobado por unanimidad el pasado 30 de septiembre y elaborado a iniciativa del propio comité. Aboga por universalizar los cuidados paliativos y propone protocolizar el recurso de sedación paliativa para los casos de “sufrimiento existencial refractario”, es decir, aquellos que no pueden ser controlados con los tratamientos disponibles.

El informe se publica apenas un mes después de que el Congreso tumbara las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la proposición de ley de eutanasia, presentada por el PSOE. El texto continúa ahora su trámite parlamentario. En el documento del órgano asesor, de 74 páginas, los expertos explican que considerarían “extraño” que, “desde una perspectiva estrictamente ético-legal”, pudiera aprobarse en los próximos meses una norma “que pretenda no solo despenalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio sino, más allá, reconocer un verdadero derecho a morir” sin que se hubiera pronunciado el comité.

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El órgano, formado actualmente por cuatro juristas, cinco médicos y dos investigadores cuyo mandato es de cuatro años, fue renovado por última vez en 2018. La mitad de los miembros fue nombrado a propuesta del Gobierno central del PP y la otra mitad, de los Ejecutivos autonómicos. En su informe, concluye que legalizar la eutanasia supone “iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever” y considera que no sería un signo de progreso, “sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un conjunto de problemas”.

Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética, lo explica así: “Consideramos que ni ética ni legalmente hay derecho a morir. Derecho y libertad son cosas distintas”. El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas añade: “Ante los casos que se producen caben dos opciones. Una, de naturaleza jurídica, en cierto modo ya se cumple porque el Código Penal regula el homicidio compasivo de manera muy benevolente. La segunda, de naturaleza médica, no está completamente desarrollada y explorada en España: los cuidados paliativos y, dentro de ellos, la protocolización de la sedación paliativa, que no solo se refiere a enfermedades terminales, también a quienes se encuentren en una situación de angustia o cronicidad”. El pasado febrero, Ciudadanos volvió a registrar en el Congreso, tras decaer la legislatura pasada, una proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, que tiene como fin regular los cuidados paliativos.

“La compasión hacia el que solicita morir por la situación extrema en que se encuentra es una virtud y alta cualidad humana, pero no debe hacernos olvidar que atender su solicitud puede tener consecuencias en otros seres humanos o, incluso, afectar al futuro de las personas más vulnerables”, apuntan los expertos en el informe.

“El debate cabría quizás situarlo bien en valorar si no existirían alternativas clínicas y de cuidados para aquellos que se encuentran en una situación extrema de sufrimiento, no solo físico, sino también existencial (sufrimiento existencial refractario)”, se apunta en el informe. “Hay casos que nos remueven la conciencia a todos, que nos generan una inquietud. Lo más adecuado es manejarlos desde la sedación paliativa”, apunta De Montalvo. Es decir, que se trate de aliviar su sufrimiento y, “si la sedación parcial, tras haber sido pautada y supervisada por un equipo multidisciplinar, no consigue resolver el problema, ese equipo debería plantearse si la sedación debe ser definitiva”, explica.

En el documento se alerta del “riesgo de la pendiente resbaladiza”, que “estaría tanto en aquellos que acabaran solicitando la eutanasia bajo la convicción de que, en su situación clínica, es la única alternativa posible para la sociedad, como en el uso de la misma por parte de los poderes públicos e instituciones privadas en atención al coste de la asistencia sanitaria”. De Montalvo señala que legalizar la eutanasia podría derivar “en que acaben perdiendo los de siempre, los más vulnerables”. Se refiere a quienes por motivos familiares o socioeconómicos consideren que no tienen otra opción.

Derecho a Morir Dignamente: “Es tramposo”

Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, critica el informe y el “concepto de libertad sobre el que se sustenta”. “Estimamos que del 2% al 4% de las personas que fallecen cada año lo hagan de manera voluntaria. ¿Alguien puede creer que esto vaya a cambiar los valores de la sociedad?”, se pregunta. “Me parece tremendo que digan que el Código Penal es compasivo con el homicidio porque no meten en la cárcel [a quienes ayudan a morir]. Estas personas tienen que ver sometidas a una investigación, deben lidiar con policías, con abogados… pueden ir al calabozo. Es tramposo”, se queja. Añade que los “cuidados paliativos y la eutanasia no compiten”, que es “falso” que con buenos cuidados paliativos desaparezcan las opciones de eutanasia. “Hablamos de la muerte voluntaria medicalizada, que pueden solicitar enfermos terminales o con enfermedades graves crónicas. Para ello deben conservar sus facultades mentales o tener testamento vital. El resto no puede recurrir a la eutanasia”, resume.

Por ello, Marín no entiende que en el informe se haga alusión a la covid, “una enfermedad infecciosa que no tiene nada que ver con la eutanasia”. En el documento se alude a la pandemia: “Todo esto, además, cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna”. En el texto se explica que “las recientes circunstancias vividas” dan un indicio de “cómo la presión utilitarista puede expresarse en momentos de crisis de medios”.

“En cierta medida nuestra sociedad ha sido incapaz de proteger la vida más valiosa de quienes han dado sus esfuerzos a lo largo de su vida y nos han legado la sociedad que desarrollamos ahora”, prosigue el informe. “No es aventurado pensar que la eutanasia se proyectará en una medida mayoritaria sobre personas en esas circunstancias y que la alternativa de la eutanasia añade una presión precisamente sobre esas personas”, considera el Comité de Bioética. La pandemia ha evidenciado, a su juicio, la urgencia de implementar una “verdadera sociedad del cuidado”. Y zanja: “Responder con la eutanasia a la ‘deuda’ que ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional”.