El Supremo de Países Bajos falla que los médicos pueden practicar la eutanasia en casos de demencia aguda si hay testamento vital previo

El Tribunal Supremo ha sentado un precedente este martes en Países Bajos al fallar que los médicos pueden aplicar la eutanasia en casos de demencia aguda, siempre que cuenten con el testamento vital del paciente firmado cuando estaba lúcido. La decisión se deriva del caso de una geriatra neerlandesa que, en 2016, ayudó a morir a una mujer de 74 años aquejada de alzhéimer. Acusada de asesinato por la Fiscalía, y absuelta en 2019, el Supremo ha señalado que la médica no cometió un error al interpretar los deseos de la enferma, rubricados por ella misma en 2012, a pesar de que la eutanasia le fue practicada cuando ya no podía comunicarse. Los jueces subrayan que en casos especiales como este, el facultativo debe “tener en cuenta otras circunstancias que apoyen de forma consistente el deseo expresado en el testamento, en particular, el dolor insuperable y sin posibilidad de mejora”. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre la interpretación de la Ley de Eutanasia, aprobada en 2002.

Según ha dicho el presidente del Supermo, Willem van Schendel, “el facultativo no siempre tiene que lograr una petición verbal de eutanasia cuando el paciente padece ya una demencia aguda, si llega a la conclusión de que, dadas las circunstancias insuperables e insufribles, el afectado ya no querría vivir así. Entonces, la eutanasia no es punible”. El fallo del Supremo allana el camino de la eutanasia en casos de demencia aguda sin vulnerar la ley, porque señala asimismo lo siguiente: “puede haber situaciones en que una eutanasia solicitada en un testamento vital no se lleve a cabo porque las expresiones posteriores del paciente indican que no procede”. De ahí que Van Schendel haya hecho hincapié en la obligación de “cumplir la normativa vigente, y comprobar que el paciente dejó claro en su testamento vital que querría la eutanasia cuando ya no pudiera pedirla por sí mismo”. En dicha situación, el médico que la practique deberá consultar antes con dos colegas, en lugar de uno, como estipula la ley para el resto de los casos.

El tribunal ha subrayado a su vez que la eutanasia debe dejarse en lo posible en manos de los médicos, porque las Comisiones Regionales (hay cinco reunidas en torno a un solo organismo) la evalúan. “Juzgar al médico no es siempre la mejor respuesta a una posible mala práctica”, añade el fallo. La decisión del alto tribunal sigue el consejo del Fiscal General del Estado, que el año pasado señaló que si el médico concluía -tras la lectura del testamento vital- que seguir preguntando al paciente con demencia aguda por la eutanasia no tenía sentido, “dicha decisión profesional debía ser respetada por los jueces”, explicó Jos Silvis.

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La eutanasia en este supuesto no es frecuente, y en 2019 se produjo en dos ocasiones, según el informe anual de las Comisiones Regionales, recién remitido a los ministerios de Sanidad y Justicia. El año pasado se practicaron en Países Bajos 6.361 eutanasias: un 4,2% del total de muertes registradas en el país, y un 3,8% más que en 2018. Un 91% de los casos los enfermos tenían cáncer, problemas de corazón, circulatorios o pulmonares, y del sistema nervioso, o bien una combinación de dolencias.

En el caso de la geriatra Catharina A, del que deriva el actual fallo del Supremo, la mujer de 74 años aquejada de alzhéimer había firmado un testamento vital, pero no fue consultada cuando la enfermedad progresó hasta la fase aguda. La médica señaló que la enferma sufría sin solución y ya no se reconocía a sí misma ante el espejo. El problema es que el marido y la hija no le dijeron nada a la enferma, y le pusieron un calmante en el café que tomó antes de recibir una inyección letal. Mientras se procedía, recobró la consciencia y se agitó tanto que fue preciso sujetarla. La geriatra acabo siendo juzgada “por no hablar con la mujer de forma regular, en especial cuando fue ingresada, para asegurarse de que seguía deseando la eutanasia”, según dijo el fiscal, Thijs Berger. A pesar de haberla acusado de asesinato, la Fiscalía pidió que no fuera condenada ante la falta de claridad de la ley, y acudió al Supremo para que este se pronunciara. Catharina A. está jubilada.