El Gobierno se compromete a tener información en tiempo real de la evolución del virus en las residencias

Casi cuatro meses después de que el Ministerio de Sanidad comenzara a recopilar los datos de fallecidos por covid-19 en las residencias, se desconoce aún la cifra global de muertos en la pasada primavera en estos centros, en los que la pandemia golpeó duro. El Ejecutivo se compromete ahora a disponer de un sistema de información en tiempo real de la situación en los geriátricos de todo el país que estará listo en septiembre. Así lo recoge en un documento de recomendaciones que ha sido pactado este martes con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias en el que se recalca que no puede haber discriminación por edad en la atención sanitaria y se aboga por realizar pruebas diagnósticas periódicas en estos centros.

Hay más de medio millar de focos activos en España y, por el momento, han trascendido tres grandes rebrotes en residencias: dos en Aragón y uno en Cataluña. Ante el aumento de casos, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales se ha reunido este martes de forma telemática con las comunidades para potenciar la coordinación en la respuesta al virus y han pactado dos documentos de recomendaciones que próximamente incluirán las aportaciones de las autonomías. Es decir, están acordados con las comunidades, competentes en la materia, pero no tienen carácter ejecutivo.

En uno de ellos se adapta el plan de alerta temprana del Ministerio de Sanidad a las residencias. En otro se recoge un listado de preguntas con el que verificar si los planes de contingencia de los que tienen que disponer cada una de las más de 5.400 residencias en España son adecuados. Es decir, que establece las condiciones mínimas con las que deben contar los planes que en este tiempo han ido elaborando los centros (también hay comunidades, como Cataluña, que han aprobado sus propios textos). Entre las preguntas consta, por ejemplo, si disponen de una reserva de material o si cuentan con espacios de sectorización de la residencia o, en su defecto, con otros centros a los que trasladar a los mayores.

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En el documento sobre la alerta temprana se recoge el compromiso de los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales a proponer y coordinar con las comunidades un sistema de recogida directa de datos en los centros, para lo cual será necesaria la colaboración de las propias residencias. El objetivo es conocer la evolución de la pandemia en tiempo real. Hasta ahora, cada autonomía dispone de su propio servicio de información y han estado obligadas a enviar los datos al Ministerio de Sanidad desde el pasado abril.

En un documento interno del departamento que dirige Salvador Illa, en el que se cifraba en unos 19.000 los fallecidos en residencias debido a la pandemia, se dudaba de la calidad de los datos que los Gobiernos regionales estaban transmitiendo. Tras la reunión de este martes, el consejero de Política Social madrileño, Alberto Reyero, ha manifestado su “inquietud” por que aún no se hayan hecho públicas estas cifras, y ha pedido que en las próximas reuniones también se convoque a los responsables de Sanidad, dado que es necesario colaborar “de manera estrecha” con atención primaria.

En lo más crítico de la epidemia, en las comunidades más tensionadas, se restringió la derivación al hospital de mayores desde las residencias, según han denunciado patronales, sindicatos y familiares. En el documento se aboga por garantizar la coordinación con el sistema sanitario para que todos los mayores reciban atención en igualdad de condiciones y se especifica que no podrán establecerse protocolos que supongan una discriminación por edad o discapacidad. Además, en un momento en el que el objetivo primordial es evitar que el virus entre en los centros, se recomienda la realización de pruebas a residentes y trabajadores de forma periódica y, en cualquier caso, siempre que se detecte un positivo en el centro. Las patronales reclaman test masivos y aseguran que las comunidades no los están realizando.

Sin embargo, no se especifica quién deberá financiar las pruebas. Fuentes del Ministerio de derechos Sociales apuntan que la mesa de diálogo social en la que se reúnen con patronales y sindicatos está valorando un plan de choque en dependencia y uno de los puntos a tratar es, precisamente, la financiación de un sistema que aún no se ha recuperado de los recortes de 2012. Santiago Urizarna, director general de Dependencia en La Rioja, se muestra a favor de los cribados periódicos y pone como ejemplo su comunidad, en la que ya se han realizado pruebas a todos los centros en dos ocasiones que han corrido a cargo del sistema de salud.

Entre las recomendaciones también se especifica que los centros deberán garantizar equipos de protección para los trabajadores, residentes y familiares y se les insta a disponer de stock para un mes. Y se aboga por que las residencias grandes valoren la posibilidad de sectorizar el centro en unidades de convivencia más pequeñas, lo cual reduciría riesgos de expansión del virus. Se pide también dar una correcta información a familiares y residentes (una de las grandes quejas durante la pasada primavera), y que las autonomías valoren disponer de centros a los que trasladar los casos leves.

En las residencias, un solo caso debe ser considerado un brote. Los centros deberán notificar a las autoridades sanitarias cada caso, aislarlo, poner en cuarentena a sus contactos y buscar otros contagios en la residencia. Por lo que se deberá hacer una prueba PCR a todos los que trabajen o residan en el centro. Las empresas se han quejado recientemente de la demora a la hora de realizar pruebas que, según la patronal Ceaps, puede alargarse “hasta siete días” en algunas comunidades.

En el documento se recoge que podrán restringirse visitas y salidas, algo que, de hecho, ya están haciendo las comunidades, y se apunta que en estos casos deberá garantizarse el contacto de los residentes con sus familiares, a través, por ejemplo, de videoconferencias. También se establece que debe garantizarse la seguridad, la formación y el conocimiento de los planes de contingencia por parte de los trabajadores.

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