Dos grandes brotes en Aragón cuestionan la gestión de las residencias

El letrero que cuelga desde marzo en la residencia Sierra de Guara, en Chimillas (Huesca), tiene hoy algo más de súplica que de presagio: “Todo irá bien”. Este geriátrico privado ha registrado en los últimos días 50 contagios entre los mayores y un fallecido. Son casi la mitad de todos los residentes. También hay seis trabajadores contagiados. Dos de los tres grandes focos que han trascendido en residencias durante los rebrotes están en Aragón. Las miradas recaen en las residencias.

La preocupación se multiplica en los últimos días. Hay transmisión comunitaria, según el presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE). De los 89 brotes registrados, 45 se dan en residencias, donde un solo caso se contabiliza como un foco. Cinco de estos centros copan el 82% de los positivos, que el miércoles eran 112. En los últimos días ha habido un cruce de reproches entre el Gobierno autonómico, empresas y sindicatos.

El jueves, Lambán dijo que los trabajadores son los que introducen el virus en los centros. Los sindicatos y las residencias pusieron el grito en el cielo. Después precisó sus palabras y apuntó a los gestores de los centros. Por la noche, su Ejecutivo aseguró que presentará acciones penales contra la residencia de Burbáguena (Teruel) en la que se han registrado 62 contagios. Fuentes de Cruz Blanca, la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la residencia, se muestran convencidas de que no prosperarán: “No hay ninguna base de mala praxis o maltrato”. Además, este viernes la presidenta de la patronal Ceaps, Cinta Pascual, dijo en la Cadena Ser que Aragón “no ha hecho los deberes”. “¡Me da miedo!”, aseguró. Explicó que tiene de las ratios de personal más bajas de España, que ya no está proporcionando equipos de protección individual a los centros. Fuentes del departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales la acusan de “desconocimiento” y afirman que sus “ratios mínimas” son similares a la media del país (y que son superiores en centros con plazas concertadas y en los públicos) y que durante la primera oleada entregaron más de tres millones de guantes y medio millón de mascarillas quirúrgicas.

Más asintomáticos

Reproches aparte, las miradas apuntan de nuevo a las residencias, con el recuerdo aún vivo de lo que ocurrió en primavera. De los 974 fallecidos, 765 lo hicieron en residencias (aunque en esta cifra no se contabilizan solo quienes dieron positivo en una PCR, también se incluyó un criterio epidemiológico). Casi 8 de cada 10. “Nos preocupa cada muerte. Menos del 3% de los más de 20.000 residentes fallecieron. Es una cifra más baja que la de otras comunidades, como Madrid. Hay que atender a criterios homogéneos para comparar”, dijo este viernes José Antonio Jiménez, secretario general técnico del departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales. Sobre las declaraciones de la presidenta de la patronal Ceaps, sostuvo que no quiere abonar polémicas.

Jiménez explicó que la principal diferencia de lo que sucede estos días en las residencias con lo ocurrido hace meses es “la implosión de muchos contagios en muy pocos centros”, que hay “mayor presencia de asintomáticos” y que la Administración tiene “mayor experiencia”. En Chimillas, tres contagiados requirieron hospitalización, el resto sigue en el propio centro, que está sectorizado, con un área para los positivos y otra para los que no están contagiados. En Burbáguena, 14 mayores están ingresados.

Asegura que en este tiempo se han dictado órdenes precisas a los centros sobre qué deben incluir en su plan de contingencia, que se han endurecido protocolos, que durante la primera oleada de la covid-19 se atendió a los mayores que lo necesitaron en el hospital y se habilitaron centros intermedios para los que estuvieran leves, y que ahora han vuelto a abrirse dos. Que en cuanto una residencia notifica un caso a salud pública, la visitan para ayudarles a sectorizar, y que cómo se haga depende de las características de cada centro. “Hay que estudiar qué procedimientos internos han fallado en las dos residencias” con grandes brotes, apunta. No explica por qué han decidido denunciar a una de ellas. Solo que “están estudiando las inspecciones”. “No solo nos preocupan las residencias, sino que es nuestra actuación preferente. Estamos todos en alerta”, afirmó.

En Chimillas, todo comenzó el lunes. Una trabajadora de la residencia empezó con síntomas leves y su PCR confirmó lo peor. Este viernes, Antonio Morales, director de operaciones de la residencia gestionada por Vitalia, decía que no entendía “cómo ha podido pasar”, que han extremado precauciones y activado todos los protocolos. El alcalde, Miguel Torres, también enfermero del Hospital San Jorge, en Huesca, tampoco se lo explica: “El cuidado ha sido máximo”.

Hasta ahora se habían librado del virus en esta pequeña localidad. Llegaron medio centenar de positivos de golpe. “Estábamos todo lo preparados que se podía, pero desde que se permitió la movilidad, hay cosas que se nos escapan de las manos”, proseguía Morales. La capacidad de movimiento es, de hecho, clave. Todos los residentes contagiados tienen un grado aceptable de independencia, dijo. Han salido a la calle durante este tiempo, algo que ahora mismo está prohibido para todas las residencias de Aragón.

Cambio de modelo

Delia Lizana, responsable de la Federación de Sanidad de CC OO en Aragón, felicita la gestión sanitaria de la pandemia, con “3.000 PCR al día”, que facilitan la detección de casos. Pero critica “baja supervisión” de las “residencias privadas”, sospecha que “algunos no tienen plan de contingencia”, carga contra unas ratios fijadas en los años noventa y que no distinguen entre gerocultores y el resto de trabajadores. Considera que habilitar centros para trasladar a los mayores fue un acierto, pero exige un “cambio de modelo en dependencia”, con más recursos, con otra gestión. “Algo se ha hecho mal en los centros y echamos en falta inspección por parte del departamento de Ciudadanía. El virus vuelve a estar ahí y ya castigó mucho a las residencias en la primera oleada”, alerta.

Los gestores de las residencias exigen más recursos y más rapidez en las PCR. En el caso de Burbáguena, las pruebas acabaron este viernes, 10 días después de que se notificara el primer caso, un hallazgo casual tras el ingreso de una anciana en el hospital. El secretario general técnico del departamento de Ciudadanía explica que “no dispone del dato concreto” del tiempo que se tardó en hacer los test, pero asegura que se testó a todos los residentes y trabajadores “que se consideró bajo criterio epidemiológico”.

Fuentes de la Federación Lares, la patronal en la que está integrada Cruz Blanca, consideran que Aragón no lo ha hecho “especialmente peor o mejor que otras comunidades. No puede ser que creamos que si una comunidad tiene casos lo ha hecho mal. Esto es una pandemia. Va a haber casos”, puntualizan. Pero piden más recursos. Reclaman más celeridad. Coincide en esto Francisca Morata, gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia, quien no esconde que la situación de los centros de la comunidad le preocupa “especialmente”: “Estamos hablando de algo muy serio y ya hemos visto los resultados de meses anteriores”. Morata insiste: “Necesitamos financiación. Los equipos de protección individual han quintuplicado su precio y la comunidad no nos ha dado ni un solo euro. Para sectorizar las residencias necesitamos más personal y es un gasto tremendo”.

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