A ciegas ante el coronavirus en las residencias

Cuando las residencias dejaban atrás los peores días del virus, aquellos en los que muchas se vieron desbordadas, asumían que el país viviría un verano tranquilo. Pero la covid-19 se ha vuelto a colar en algunos centros, especialmente en las comunidades más golpeadas por los rebrotes. La enfermedad empieza a emerger, aunque afectando a población más joven que la pasada primavera, sin que se haya dibujado un mapa a nivel nacional de cómo afectó el coronavirus a los centros, de cuántos mayores murieron en cada uno de ellos. Sin que se conozca cuáles son todas las residencias en las que ahora mismo hay casos. Profesionales, patronales y sindicatos alertan de que aún hay carencias para poder hacer frente a una segunda oleada. Todos los consultados coinciden en una misma reivindicación: que, esta vez sí, la coordinación entre sanidad y servicios sociales funcione.

En España hay más de 5.400 residencias. La competencia es autonómica. El Ministerio de Sanidad, que en un documento interno reconoció que unos 19.000 mayores murieron en estos centros por la covid-19 aunque no hace pública la cifra porque pone en duda la calidad de los datos, remite a las autonomías al ser preguntada por los focos en estas instalaciones. Y cada región decide cómo actuar ante los rebrotes. Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, que aglutina a unos 2.000 centros, manifiesta la disparidad de actuación de los Gobiernos autonómicos. “Media España suspende en su preparación ante los rebrotes. El país está en alerta naranja”, avisa usando una clasificación al estilo de los semáforos. Lamenta que “no se hayan establecido criterios comunes” y reclama que se dote a las residencias de equipos de protección individual, que se aseguren pruebas PCR “rápidas”, dado que hay autonomías en las que “pueden tardar hasta siete días”, y que la atención primaria de salud atienda y dé seguimiento a los mayores de los centros.

Coincide en esto último José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Pide que se implanten protocolos entre los servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención médica de los residentes, algo que falló la pasada primavera en las peores semanas de la pandemia, una monitorización de las residencias que permita un sistema de alerta temprana, y “lamenta que no haya una hoja de ruta común”. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales apuntan que el lunes habrá una reunión técnica con las autonomías en la que se presentará un “plan de contingencia marco”, pero ese documento no tendrá carácter ejecutivo. Porque además hay comunidades que ya han ido aprobando sus propios planes. Fuentes de UGT y de CC OO, que se han reunido con el Gobierno en la mesa de diálogo social junto a las patronales, explican que han pedido al Ejecutivo una auditoría de lo que sucedió en las residencias, “fundamental” para conocer cómo actuar ante los rebrotes. Han presentado un documento en el que proponen un plan de coordinación sociosanitaria.

“No están bien definidos los mecanismos, ya no solo de prevención, sino de intervención ante rebrotes y vamos a caer dos veces en la misma piedra”, lamenta Juan José García, secretario general de la Federación Lares, que engloba a 1.050 centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro. “A nivel nacional se ha optado por ir a soluciones baratas: confinar a los mayores”, se queja, con el “maltrato” que esto supone para los ancianos. “No se debió permitir la desescalada de ninguna comunidad sin que en los planes tuvieran obligación de tener centros intermedios para atender positivos que surgieran en las residencias. Así en el centro se podría continuar con la vida normal”, añade. “Esto se hizo en Galicia, en Navarra, en Aragón... pero en vez de potenciarlos, se tendió a cerrarlos. Y ahora, con los rebrotes, hay que reabrirlos a toda prisa”, sostiene. “Ninguna comunidad aprueba, según nuestros estándares. Pedimos, por ejemplo, pruebas PCR a cargo del sistema público de salud cada 15 días a todos los residentes y trabajadores. Esto no se ha cumplido”, continúa. También pide test masivos Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que agrupa a unos 400 centros, y reclama el apoyo del sistema público de salud.

Ignacio Fernández, de la Federación Empresarial de la Dependencia, con unas 2.000 residencias, precisa que los centros son seguros. “Estamos mucho mejor que en marzo. Ahora tenemos equipos de protección individual, aunque las autoridades deberían garantizar su disponibilidad. Ahora sabemos usarlos, hemos aprendido a aislar los casos, salud pública viene cuando informamos de una sospecha”, resume. A partir de ahí, empiezan los peros. “Las comunidades [competentes en servicios sociales] están elaborando mapas de seroprevalencia. Lo están haciendo por ejemplo en Castilla-La Mancha y en Madrid”, explica. “El Gobierno madrileño nos ha informado de que el 60% de los residentes son inmunes”, añade. El Ejecutivo regional no lo confirma, solo afirma que se ha testado ya a unos 10.000 residentes de unos 50.000. “Estarán mejor preparadas las autonomías que más conozcan su realidad epidemiológica”, sostiene Fernández. “De nuevo, se llega tarde. Igual que con la previsión del rebrote. Nos dijeron que llegaría en otoño. Pero se han vuelto a equivocar. Ya está aquí”.

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