La complicada lucha para evitar que la comida acabe en el cubo de la basura

Los españoles tiran al cubo de la basura 1,3 millones de toneladas de alimentos al año, una cifra que, lejos de reducirse, en 2018 aumentó un 9% respecto al año anterior. Los datos del Ministerio de Agricultura solo computan los residuos producidos en los hogares, no en restaurantes, industrias ni distribuidores. España firmó en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluían reducir el desperdicio alimentario a la mitad para 2030, algo que por ahora parece lejano. El Consejo de Ministros aprobó el martes un paquete normativo destinado a reducir el impacto de la actividad económica en el medio ambiente, que incluye medidas contra el desperdicio alimentario y la obsolescencia programada.

“No hay datos muy concretos sobre lo que está ocurriendo en España con la comida que va a la basura a pesar de que se puso en marcha la estrategia Más alimento menos desperdicio 2017-2020. Debería haber indicadores claros para saber si la estrategia está dando resultados”, se queja Luis Ferreirim, portavoz de alimentación en Greenpeace. La estrategia del ministerio trata de concienciar a ciudadanos y empresas sobre esta problema, pero tan solo ofrece recomendaciones y buenas prácticas como comprar solo lo necesario o reutilizar las sobras. La iniciativa incluye estudios que muestran que casi el 95% de los ciudadanos cree que los supermercados deberían donar a bancos de alimentos los productos a punto de caducar y que saben que no venderán. “En Francia tienen desde 2016 una ley obliga a los grandes supermercados a donar la comida que les sobra a bancos de alimentos u organizaciones benéficas para evitar destruir la comida. En España es algo que hacen algunos supermercados y otros no”, explica Laura Martos, de la ONG Enraíza derechos.

Martos señala que la ONG tiene en marcha la campaña “Yo no desperdicio” para luchar contra este problema. “El desperdicio hace que haya menos alimentos disponibles y que suban los precios. Tirar comida es malgastar el agua, malgastar la tierra y gastar recursos. No es la causa del hambre, pero la agrava. Por eso hemos apostado por campañas de sensibilización en este sentido”, dice. Según la ONU, alrededor de un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo acaban en la basura. “Hay que hacer leyes para que las empresas pongan todos los medios para evitar el desperdicio, no puede dejarse a su voluntad”, añade.

Por ahora, las iniciativas han sido voluntarias. AECOC, la patronal que aglutina a fabricantes y distribuidores, puso en marcha un proyecto en este sentido. “Las empresas adheridas se comprometen a formar a sus trabajadores para un mejor aprovechamiento de los alimentos y también a donar todos aquellos productos que no han podido ser comercializados pero que pueden tener una segunda oportunidad, tanto para consumo humano como para alimentación animal”, explica Nuria de Pedraza, de AECOC. Otra propuesta es la ‘app’ Too good to go, donde restaurantes, tiendas y supermercados venden los productos que no han vendido durante el día (y están en buen estado) a un tercio de su precio. “En España trabajamos con 3.000 establecimientos, hemos superado los 920.000 packs salvados de comida y tenemos 1,4 millones de usuarios. Nuestro objetivo es que se combata el desperdicio de alimentos”, señala su portavoz, Carlos García.

A nivel local también hay ideas interesantes. El próximo jueves se presenta una guía de medidas para prevenir el desperdicio alimentario de Menorca, cuyas propuestas sirven para cualquier empresa o domicilio. “En los hogares, sugerimos revisar qué hay en casa antes de ir a comprar, planificar los menús semanalmente, elaborar una lista de la compra ajustada a la planificación, intentar comprar en pequeños comercios y a granel, priorizar el producto local y de temporada, dar oportunidad al producto feo, aprovechar las sobras y cocinar las cantidades adecuadas y conservar bien los restos”, dice Núria Llabrés, de la ONG Justicia alimentaria, que ha colaborado en la elaboración. “Hay también propuestas para empresas, restaurantes, distribuidores y comedores escolares”, añade.

Hasta ahora, las propuestas legales han sido tímidas. En marzo, el Parlament de Cataluña aprobó una proposición de ley para reducir el despilfarro alimentario que, cuando se desarrolle, obligará a los restaurantes y bares catalanes a disponer de recipientes reutilizables o reciclables para que los clientes puedan llevarse el alimento que hayan pagado y no hayan consumido.

El anteproyecto de la ley de residuos y suelos contaminados, presentado este martes por el Ejecutivo, propone “fomentar la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano”, si bien parece quedarse en las recomendaciones. La norma intenta abordar el desperdicio alimentario con medidas para reducir estos residuos. Y establece los criterios para que determinados desechos pueden utilizarse de nuevo. Sería el caso, por ejemplo, de los residuos que puedan convertirse en subproducto, como los de la industria alimentaria que puedan emplearse en la fabricación de piensos para animales. Además, para facilitar a las empresas la donación de alimentos a las entidades sin ánimo de lucro, el Ministerio de Consumo elaborará una guía de buenas prácticas de higiene para el aprovechamiento de la comida en el comercio minorista y la restauración.

Obsolescencia programada

Otra de las cuestiones que preocupa a los consumidores es la obsolescencia programada, es decir, que los productos dejen de funcionar cuando lo decida el fabricante: por ejemplo, impresoras que se bloquean al llegar a un número de impresiones o bombillas que se funden al llegar a unas horas determinadas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puso en marcha una campaña en 2018 para combatirla, denominada Larga vida a lo que compro. “Pedimos una legislación que penalice la obsolescencia programada, como ya tiene Francia, que incorpora en el código de consumo la sanción de estas prácticas”, explica el portavoz, Enrique García. Por ahora, esa norma no existe en España. “Además, hay otra obsolescencia que consiste en usar componentes de peor calidad para que un producto dure menos, no es lo mismo hierro que plástico, que se deteriora antes”, añade.

Rubén Sánchez, de la organización de consumidores Facua, coincide: “Se podrían aprobar normas que prohíban mecanismos para acelerar las averías y pérdida de calidad en un producto. Introducir una tara a un producto vulneraría la normativa, aunque siempre se podría regular específicamente contra la obsolescencia programada”. En su opinión, “el problema es cómo reconocerla”. "Una investigación tendría que detectar, por ejemplo, que una marca de impresoras deja de funcionar porque le falla el chip y no por el uso, y eso siempre es difícil de demostrar”, explica.

García apuesta por favorecer el ecodiseño de los productos para que sean más durables y reparables. “Los fabricantes deben informar de la durabilidad de los productos y esta debe aparecer en el etiquetado, como si fuera una especie de fecha de caducidad. Si el producto dura menos de lo que espera el fabricante, habría que compensar al consumidor. Además, eso ayuda a la hora de comprar, porque no es lo mismo que un frigorífico dure cinco años a que dure el doble”. El portavoz de la OCU pide también que se apueste por reparar los electrodomésticos. “Para que las cosas duren, tiene que ser fácil repararlas. Esto hace que se reduzcan los residuos y se apueste por la economía circular”.

En este sentido, el anteproyecto de ley del Gobierno pretende “fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos (también en términos de vida útil y ausencia de obsolescencia programada), reparables, reutilizables y actualizables" y favorecer la disponibilidad de piezas de repuesto, aunque todavía está por ver en qué se traduce.