Cerco legislativo a los piratas de la basura

La futura ley de residuos obliga a las empresas que generan desechos a responsabilizarse de su correcto tratamiento

Incendio en la planta de residuos de Chiloeches (Guadalajara), en agosto de 2016.
Incendio en la planta de residuos de Chiloeches (Guadalajara), en agosto de 2016.Pepe Zamora / EFE

A finales de agosto de 2016, la planta de residuos industriales de Chiloeches (Guadalajara) salió ardiendo. Podría haberse quedado como uno más de las decenas de fuegos que se producen en España en vertederos e instalaciones de tratamiento de los desechos. Pero el de Chiloeches no era uno cualquiera. El Seprona de la Guardia Civil estaba ultimando una investigación sobre estas instalaciones cuando se quemaron por completo. Antes del incendio, los agentes sospechaban que sus responsables se habían desecho de forma ilegal de 50.000 toneladas de residuos. Básicamente, lo que hacían era mezclar los desechos con lodos para camuflarlos y poderlos llevar a vertederos de materiales de construcción. Y se ahorraban así el coste del tratamiento correcto al que estaban obligados por tratarse de residuos peligrosos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que contempla el fin de objetos de un solo uso como cubiertos y pajitas, el veto a los microplásticos que se añaden a cosméticos y la obligación de los bares de poner a disposición de los clientes agua del grifo gratis. Pero otro de los problemas que pretende atajar esta norma es el del tratamiento pirata de las basuras. La vía que emplea es la denominada responsabilidad del productor de residuos. El texto establece que las empresas que generen residuos deberán garantizar “un tratamiento final adecuado” de los mismos. Lo podrán hacer ellos mismo o se lo podrán encargar a terceros. Pero en este último caso, cuando se lo entreguen a intermediarios o gestores, “la responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo concluirá cuando quede debidamente documentado el tratamiento completo”, según figura en el anteproyecto de la norma facilitado al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).

Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, explica que esta es una reivindicación histórica de grupos como el suyo. También, de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre). “Llevamos años pidiéndolo y también lo ha recomendado la Comisión Europea”, apunta Luis Palomino, secretario general de esa patronal. Un informe de la Comisión de finales de 2018 ya advertía de que era necesario “establecer y hacer cumplir plenamente la responsabilidad compartida de los productores de residuos y otros operadores de la cadena de gestión de residuos peligrosos”. Básicamente, que la empresa que genera el desecho no se desentienda en el momento en que lo entrega a un intermediario o un gestor, como ocurre ahora mismo.

Los piratas de los residuos se ahorran los costes de tratamiento de los desechos al recurrir a prácticas como las de Chiloeches. Y eso les permite ofrecer precios muy bajos a los productores. Lo que pretende la futura ley, que el Ministerio para la Transición Ecológica espera aprobar definitivamente el próximo año, es que los productores de residuos no se desentiendan del problema y no recurran a los sospechosos tratamientos low cost.

Un informe de 2019 encargado por Asegre apuntaba a que la responsabilidad compartida ya se había regulado en países como Francia, Alemania y el Reino Unido. Y esto provoca que “el productor busque los mejores tratamientos existentes para sus residuos, y que los gestores compitan con tratamientos de mayor valor añadido y seguridad”, apunta esta patronal.

Otra de las recomendaciones que hizo la Comisión Europea era la adopción de “sistemas verdaderamente electrónicos de registro y rastreabilidad fiables e interoperables”. Porque muchas veces, los piratas de los residuos se benefician de la falta de registros compatibles entre las comunidades autónomas, lo que les permite mover la basura para ocultar su origen. Precisamente, el Consejo de Ministros ha aprobado también este martes un real decreto en el que “se propone un sistema electrónico común de información que permite la armonización en todo el territorio del Estado”. El objetivo es garantizar “la trazabilidad y el control requeridos para asegurar una correcta gestión de los residuos”, sostiene el Ministerio para la Transición Ecológica.

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