Un fraude tóxico de 50.000 toneladas

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona tenía ya muy avanzada la investigación sobre el supuesto "grupo criminal" que operaba en esta planta, que salió ardiendo en agosto. El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara investiga —la antigua imputación— a 19 personas en este caso: 11 relacionadas con la gestión presuntamente fraudulenta de los residuos peligrosos —que eran camuflados para hacerlos pasar por desechos de construcción y ahorrarse así el coste del correcto tratamiento— y ocho miembros de la Administración autonómica y local que supuestamente permitieron operar a la planta durante años sin tener las autorizaciones en regla. La Guardia Civil calcula que el entramado se deshizo de forma ilegal de 50.000 toneladas de residuos.

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El titular del juzgado comenzó la semana pasada a tomar declaración a los imputados. Entre ellos, al exviceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, Sergio González, que dimitió en septiembre tras conocerse las relaciones que había tenido con las empresas que lideraban la red. Según se desprende de la investigación, la Junta permitió durante años que la planta operara con una autorización ambiental suspendida.

Entre los imputados también hay miembros del PP: Matilde Basarón, directora de Calidad e Impacto Ambiental en el anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal, y César Urrea, exalcalde popular de Chiloeches. "Nosotros con César, pues como con todos los alcaldes. Con el único que no hemos tenido buena relación ha sido con este [en referencia al alcalde actual]", señalaba Francisco Fernández en una de las llamadas intervenidas a las que ha accedido EL PAÍS. El regidor actual, Juan Andrés García (Ahora Chiloeches), ordenó en junio la clausura de la planta por carecer de licencia de apertura. El juez acusa al anterior regidor del PP de conocer la falta de permisos. Además, en 2012, varios empresarios acudieron a Urrea para quejarse de la planta por competencia desleal. Pero, según el juez, Urrea "habría impedido que ningún responsable del Consistorio actuara" contra la planta.

Un "grupo criminal"

Los investigadores han desenmarañado el entramado, a cuyos miembros el juez acusa de un delito de "pertenencia a grupo criminal". Juan José Gutiérrez y Jesús López Moreno eran presuntamente los encargados de captar los residuos peligrosos y los lodos de celulosa con los que se mezclaban.

Según los albaranes consultados por este diario, entre los desechos que llegaban a la planta había aerosoles, disolventes, hidrocarburos, lodos industriales, pinturas... Estos residuos tendrían que haber sido tratados para eliminar su peligrosidad. Pero, en vez de eso, en la planta se mezclaban con lodos, se cargaban en camiones y se tapaban con escombros. Luego, los camiones —entre ocho y diez diarios durante un año— se dirigían a los vertederos de Salmedina y Las Mulas, cuyo gerente también está imputado. Allí, según la investigación, se registraban como residuos no peligrosos y se vertían.

El Grupo Layna —cuyos tres propietarios están imputados— gestionó la planta de KUK, en régimen de alquiler, entre marzo de 2015 y marzo de 2016, cuando se realizaron esas mezclas, camuflajes y transporte. Luego, KUK y Layna rompieron. Los residuos siguieron entrando, pero KUK "carecía de salida para la mezcla" ya que "el contacto con el vertedero de Salmedina dependía del Grupo Layna", señala el auto de imputación. "Se creó una inmensa acumulación (...) con el consiguiente riesgo para las personas y el medio ambiente. Riesgo que se consumó tras el incendio de la planta el 26 de agosto". En la planta había unas 20.000 toneladas de desechos cuando ardió. De momento, la investigación no ha podido aclarar si aquel fuego fue intencionado o no.